La Junta de Andalucía ha declarado este lunes, 6 de julio, desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario el incendio originado el pasado 8 de junio en el término municipal de Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva. La medida, publicada en el BOJA, afecta también a las localidades de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, cuyos términos municipales sufrieron la embestida de un fuego que arrasó más de 6.300 hectáreas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno ha declarado desastre natural el incendio del 8 de junio en cuatro municipios de Huelva, activando así la flexibilización de ayudas al sector agrario.
- ¿Dónde y quién? La provincia de Huelva, en concreto Villanueva de los Castillejos, Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. La declaración la formaliza la Junta de Andalucía a través del BOJA.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Los agricultores y ganaderos afectados podrán acceder a ayudas con menos burocracia. Además, se insta al Gobierno central a declarar la zona como afectada por una emergencia de protección civil.
Medidas urgentes para salvar la actividad agraria en la comarca
El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 1 de julio y publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), responde a la propuesta elevada por la Comisión de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos, reunida el 25 de junio. Esa comisión, integrada en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, constató la magnitud de los daños y la necesidad de una intervención inmediata para evitar el colapso económico de la zona.
En concreto, el texto declara desastre natural el incendio a todos los efectos y, sobre todo, habilita a la Consejería para simplificar y acelerar la tramitación de las líneas de ayudas destinadas a los titulares de las explotaciones agrarias damnificadas. Esto supone, en la práctica, que los agricultores y ganaderos podrán presentar sus solicitudes con menos trámites y recibir las compensaciones en un plazo más corto de lo habitual.
Además, el Consejo de Gobierno ha instado al Ejecutivo central a declarar la superficie arrasada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, tal y como establece el Real Decreto 307/2005. Con ese reconocimiento, llegarían fondos estatales que complementarían las ayudas autonómicas y que podrían cubrir desde la reposición de infraestructuras hasta las pérdidas de renta de los productores.
El balance del incendio: 6.310 hectáreas arrasadas y 30 explotaciones dañadas
El balance del incendio forestal, según los datos oficiales recabados por la Junta, habla de 6.310 hectáreas quemadas, de las cuales 3.370 corresponden al término de Gibraleón, 1.363 al de San Bartolomé de la Torre y 1.577 al conjunto de Alosno y Villanueva de los Castillejos. Las llamas arrasaron pastos, dehesas y monte bajo, y dejaron daños muy graves en 30 explotaciones agropecuarias y en 3 fincas dedicadas al cultivo del aguacate, un producto de alto valor en la provincia de Huelva.
El sector ganadero es uno de los más perjudicados: al menos 300 reses de bovino se han quedado sin pastos y 14 animales murieron durante el incendio. A eso se suman los daños en alambradas, maquinaria agrícola, sistemas de riego y líneas eléctricas, elementos imprescindibles para el día a día de una economía rural que ya venía arrastrando dificultades estructurales.
La dehesa onubense, motor económico de la comarca y seña de identidad de la provincia, ha perdido miles de hectáreas de pastos y arbolado que tardarán décadas en recuperarse.
La Lectura Andaluza
La declaración de desastre natural no es un mero formalismo. En Andalucía, la agricultura y la ganadería representan el 6% del PIB regional y fijan población en el territorio. La provincia de Huelva, en particular, concentra una parte importante de la cabaña bovina extensiva y de la producción de frutos tropicales como el aguacate, un cultivo que ha crecido un 30% en la última década al amparo del clima suave de la costa onubense. Por eso, cada hectárea quemada es, además de una pérdida ecológica, un golpe directo a la renta de decenas de familias.
La Junta ha activado esta medida siguiendo el Protocolo de Actuación en caso de desastres naturales, un instrumento que la administración andaluza perfeccionó tras los graves incendios de 2017 en Doñana y 2021 en Sierra Bermeja. Ese aprendizaje ha permitido que, en apenas tres semanas desde el fuego, el Consejo de Gobierno haya formalizado la declaración. «La rapidez es clave para evitar el abandono de explotaciones», insisten los técnicos de la Consejería, conscientes de que cada mes sin ayuda multiplica el riesgo de cierre definitivo.
Ahora el foco está en dos frentes: por un lado, la Consejería de Agricultura deberá publicar en las próximas semanas las líneas de ayudas flexibilizadas, previsiblemente a través del BOJA. Por otro, queda a expensas del Gobierno central la respuesta a la petición de declaración de zona gravemente afectada. En Huelva, el sector confía en que el Ejecutivo mueva ficha antes del otoño, porque la montanera —la época de engorde del cerdo ibérico en la dehesa— está a la vuelta de la esquina y, con los pastos perdidos, los ganaderos necesitan soluciones para alimentar al ganado.
