El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado formalmente a la Comisión Europea una prórroga para reducir la temporalidad en el empleo público hasta marzo de 2027, según ha confirmado el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. La petición, enviada antes de que expirase el ultimátum el 29 de junio, busca ganar tiempo para adaptar las reformas a un nuevo escenario judicial marcado por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de mayo y para auditar con precisión cuántos trabajadores se encuentran en situación de abuso de temporalidad en todas las administraciones.
Bruselas había dado a España tres meses, a contar desde el 29 de marzo, para corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes de infracción: uno por discriminación de trabajadores temporales y otro por uso abusivo de contratos. Con el plazo agotado, la respuesta del Ejecutivo no llega con una solución cerrada, sino con una petición de más tiempo. No es la primera vez que la administración española sortea una fecha límite con una solicitud de ampliación, pero en este caso el contexto interno añade una complejidad adicional.
El ministerio que dirige Óscar López argumenta que la reciente sentencia del Alto Tribunal ha modificado sustancialmente el enfoque indemnizatorio y que es imprescindible determinar con exactitud cuántos trabajadores están afectados por contratos temporales abusivos. Sin esa cifra, sostiene el Gobierno, cualquier reforma corre el riesgo de ser incompleta o desproporcionada.
La fotografía de la temporalidad en España muestra un desequilibrio muy marcado. Mientras que en la Administración General del Estado la tasa apenas alcanza el 4,7%, en las comunidades autónomas supera el 40%. Los sectores de Educación y Sanidad, ambos bajo competencia autonómica, registran cifras del 40% y el 43%, respectivamente. Es decir, el problema se concentra en los servicios públicos que más directamente tocan al ciudadano.
La brecha autonómica: el talón de Aquiles del empleo público
La Comisión Europea no se ha pronunciado aún sobre la petición española. En otras ocasiones, Bruselas ha aceptado ampliar los plazos a cambio de compromisos claros y un calendario de reformas. Sin embargo, la persistencia de la alta temporalidad en el sector público español —especialmente en las autonomías— podría restar margen de maniobra y desencadenar, si se repite el incumplimiento, la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en el ámbito del empleo público, con posibles sanciones financieras.
El aterrizaje del Supremo ha convertido un problema de contratación en un rompecabezas indemnizatorio que obliga a recalcular todas las cuentas.
El fallo del Tribunal Supremo, conocido el 11 de mayo, descarta la conversión automática en fijos de los trabajadores en abuso de temporalidad, salvo que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza. Además, reconoce dos indemnizaciones separadas e independientes: una extintiva para relaciones anormalmente largas y una compensatoria por el daño causado por el abuso. Para calcular los daños morales, el Alto Tribunal fija una indemnización mínima tomando como referencia las sanciones previstas en la de LISOS, que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros.
El nuevo mapa judicial: el fallo que cambia las reglas
La sentencia introduce una doble vía resarcitoria que complica la cuadratura financiera de la reforma. Por un lado, cada relación laboral anormalmente larga dará derecho a una indemnización extintiva que los tribunales califican como “no exigua”; por otro, el trabajador podrá reclamar una compensación adicional por los daños, tanto materiales como morales, derivados del abuso de temporalidad. La cuantía total dependerá de cada caso, pero el ministerio teme que el número de afectados sea muy elevado.
El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, reclama sanciones ejemplares para los responsables que sigan utilizando la contratación temporal de forma abusiva y exige que la responsabilidad no se limite al ámbito administrativo, sino que alcance a los máximos directivos. Además, propone eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan dimensionar sus plantillas sin recurrir a interinos.
El Eje del Poder Europeo
La petición de España se enmarca en un pulso de larga duración entre Bruselas y los Estados miembros que arrastran déficits estructurales en la gestión del empleo público. La Directiva 1999/70/CE, que fija el marco para el trabajo de duración determinada, es de aplicación obligatoria desde hace dos décadas, pero la Comisión ha intensificado en los últimos años la vigilancia sobre aquellos países donde la temporalidad sigue siendo una anomalía crónica. Italia, Grecia y Portugal han enfrentado apercibimientos similares, aunque ninguno ha alcanzado el nivel de tensión institucional que rodea al caso español.
Desde Moncloa.com observamos que el Ejecutivo español ha preferido ganar tiempo antes que precipitar una reforma que afectaría de lleno a las cuentas autonómicas —y, de rebote, a la estabilidad de la coalición de gobierno— justo en un año en el que la agenda económica está copada por la revisión del plan de recuperación y la próxima negociación del Marco Financiero Plurianual. La prórroga hasta marzo de 2027 permitiría a Sánchez separar el debate de la temporalidad de otras batallas presupuestarias, pero alarga una incertidumbre que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha censurado en asuntos previos.
Los datos de Eurostat sitúan la tasa de temporalidad del sector público español entre las más altas de la Unión, y la fragmentación competencial añade una capa de complejidad que ni siquiera los mecanismos de condicionalidad del MRR han logrado domeñar. La reunión del 8 de julio en Santander, con las comunidades autónomas y la FEMP, será la primera piedra de toque para medir hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a imponer medidas uniformes —incluidas sanciones a las administraciones incumplidoras— o si, por el contrario, acabará cediendo ante las presiones territoriales.
La Comisión Europea tiene ahora la palabra. Si concede la prórroga, España deberá presentar un plan creíble antes de que termine el año; si la deniega, el procedimiento de infracción avanzará hacia el Tribunal de Luxemburgo y podría materializarse en una multa económica. Con el Ecofin programado para septiembre y unas elecciones generales en Alemania que condicionan la agenda comunitaria, el margen de error para el Gobierno es prácticamente nulo.
