Madrid suspende la zona SER en el barrio de Justicia durante el Orgullo del 1 al 4 de julio

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Residentes del barrio de Justicia (distrito Centro) con autorización del SER y cualquier conductor que quiera aparcar en la zona durante el dispositivo de seguridad.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde las 16.00 del 1 de julio hasta las 15.00 del 4 de julio de 2026. La compensación para vecinos empieza a las 9.00 del día 1.
  • ¿Qué cambia hoy? No se podrá estacionar en las plazas reguladas dentro del perímetro acotado, ni siquiera con tarjeta de residente. A cambio, los vecinos podrán usar cualquier plaza verde o azul del resto de barrios de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid suspenderá el Servicio de Estacionamiento Regulado en el barrio de Justicia durante el fin de semana del Orgullo. La medida, prevista para garantizar la seguridad ante la multitudinaria manifestación del domingo, impide aparcar a todos los usuarios, incluidos los residentes, desde las cuatro de la tarde del miércoles 1 de julio hasta las tres del sábado 4.

Por qué el Ayuntamiento desactiva todo el SER en Justicia

La decisión se ampara en el artículo 49.9 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que permite suspender el servicio por razones de seguridad o protección del espacio público. La zona afectada queda delimitada por las calles Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, el paseo de Recoletos, Alcalá y la Gran Vía. Un perímetro en el corazón del distrito Centro que, en condiciones normales, gestiona cientos de plazas de estacionamiento regulado para residentes y rotación.

Según el Gobierno municipal, la elevada afluencia de personas prevista para los actos centrales del MADO 2026 y el despliegue del dispositivo de seguridad hacen inviable mantener el régimen habitual. La manifestación del domingo, que concentrará a decenas de miles de personas, obliga a liberar las calles de vehículos estacionados para facilitar el tránsito peatonal y el acceso de los servicios de emergencia. «Estamos absolutamente convencidos de que, como ha ocurrido otros años, se desarrollará con plena normalidad», declaró este lunes la vicealcaldesa Inma Sanz.

Qué ganan y qué pierden los vecinos durante el corte

La compensación es insólita. Los residentes del barrio de Justicia con autorización SER activa podrán estacionar, de forma excepcional, en en cualquier plaza verde o azul de cualquier otro barrio de Madrid. Esta autorización especial estará vigente desde las 9.00 del mismo 1 de julio hasta las 15.00 del día 4, es decir, cubre casi todo el periodo de suspensión. El Ayuntamiento busca así equilibrar la inevitable molestia para los vecinos, que durante tres días no podrán dejar su coche en su propio barrio.

Aun así, la medida tiene una letra pequeña: quienes no cuenten con la tarjeta de residente —visitantes, repartidores o trabajadores— no se benefician de esta ventana y tendrán que buscar alternativas fuera de toda la zona Centro o recurrir a aparcamientos públicos. El plan de movilidad completo, que incluye refuerzos en transporte público, puede consultarse en la web del Ayuntamiento.

La movilidad durante el Orgullo siempre pende de un hilo: la ciudad no puede encoger el centro sin ofrecer al menos una llave de repuesto a sus vecinos.

La red de seguridad que rodea al Orgullo

La suspensión del SER es solo una pieza del dispositivo. La vicealcaldesa confirmó que 2.400 agentes de la Policía Municipal participarán en el operativo, junto a más de 500 sanitarios de Samur-Protección Civil y otros 120 agentes de movilidad. A ellos se suman los 3.300 efectivos de la Policía Nacional que desplegará la Delegación del Gobierno, 700 de ellos concentrados en la marcha del domingo.

Este despliegue, inédito en lo que va de año, busca anticiparse a cualquier incidente en un evento que ya rebasa el medio millón de asistentes en ediciones previas. Los bomberos revisarán los carriles de emergencia y los escenarios, mientras Samur instalará tres puestos avanzados en el recorrido.

Orgullo y gestión de la movilidad: ya no es un estreno

Madrid no improvisa. En las últimas ediciones del Orgullo, el Ayuntamiento ha venido ajustando los perímetros de exclusión de estacionamiento para minimizar las colas de vehículos y garantizar la fluidez del Metro, que este año reforzará las líneas 1, 2 y 5 hasta altas horas de la noche. La diferencia ahora es la extensión de la contraprestación a los residentes. En 2024, una medida similar se aplicó solo en Chueca, concediendo compensaciones muy limitadas. Esta vez, la autorización se abre a toda la ciudad.

En la práctica, esto significa que un residente de Justicia podrá aparcar en una plaza verde de Tetuán, de Chamberí o de Salamanca, barrios que suelen tener más rotación de plazas de SER. Es una solución de emergencia que, sin embargo, puede generar fricciones con los residentes de esas zonas si la demanda se concentra. El Ayuntamiento confía en la dispersión geográfica. Nosotros, desde esta redacción, observamos que la coordinación con los paneles informativos de la EMT y con la app del SER será determinante para que los vecinos sepan a ciencia cierta dónde pueden dejar el coche sin riesgo de multa.

El precedente barcelonés es ilustrativo. Durante La Mercè, el consistorio de la Ciudad Condal aplica suspensiones temporales del área verde en Ciutat Vella, pero nunca ha ofrecido una compensación de alcance metropolitano. Madrid, con esta medida, sube la apuesta y reconoce implícitamente que el Orgullo no es solo una fiesta del barrio de Justicia: es un fenómeno de ciudad que exige soluciones a escala de ciudad. Quedan por ver los datos de ocupación de esas plazas compensatorias y si el dispositivo logra evitar los atascos crónicos que suelen acompañar la manifestación.

Revés para Trump: la Corte Suprema blinda la ciudadanía por nacimiento y protege a hijos de españoles en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó hoy un revés contundente al presidente Donald Trump al rechazar su orden ejecutiva que pretendía limitar la ciudadanía por nacimiento, una decisión que también protege de manera directa a los miles de hijos de españoles que nacen cada año en territorio estadounidense. Por seis votos contra tres, el máximo tribunal reafirmó que la 14.ª Enmienda de la Constitución garantiza ese derecho desde 1868 y que ningún decreto presidencial puede anularlo.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 8/10. El fallo impide que los hijos de inmigrantes españoles nacidos en Estados Unidos pierdan la ciudadanía estadounidense, una protección jurídica esencial para una comunidad que supera las 150.000 personas según el INE.

Qué dice exactamente el fallo del Tribunal Supremo

La sentencia conocida hoy en Washington cierra, al menos por ahora, un capítulo que comenzó en enero de 2025, cuando Donald Trump firmó la orden que instruía a las agencias federales a negar la ciudadanía a los bebés cuyos progenitores no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Aquel decreto nunca llegó a entrar en vigor: varios tribunales inferiores lo bloquearon de inmediato por entender que violaba la 14.ª Enmienda, que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen».

El presidente del Tribunal, John Roberts, recordó en la opinión mayoritaria un precedente de 1898 —el caso Wong Kim Ark— y subrayó que «en los 128 años transcurridos desde entonces hemos entendido reiteradamente que esa norma garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos». «No vemos motivo alguno para apartarnos de ese criterio hoy en día», sentenció.

Según las estimaciones recogidas durante el proceso, más de 250.000 bebés al año podrían haberse visto privados de la ciudadanía de haber prosperado la orden ejecutiva. La demanda que llegó hasta la Corte Suprema fue impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en New Hampshire, y jueces de estados como Washington, Massachusetts o Maryland ya habían fallado unánimemente contra el Gobierno.

La sentencia blinda la ciudadanía de cualquier niño nacido en EE.UU., sin importar la nacionalidad de sus padres.

Por qué la decisión afecta de lleno a la comunidad española en Estados Unidos

El veredicto tiene una traducción casi inmediata para los españoles residentes en Estados Unidos. Muchos de ellos se encuentran en el país con visados de trabajo, estudios o como residentes temporales, y sus hijos nacidos allí habrían quedado desprotegidos si la consitución [errata] se hubiera interpretado de otra forma. Ahora, esos menores conservan automáticamente la nacionalidad estadounidense y, con ella, el acceso a derechos, ayudas y la posibilidad de solicitar más adelante la reunificación familiar.

Conviene recordar que España mantiene una diáspora sólida en Norteamérica; según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 150.000 españoles residen legalmente en Estados Unidos. Una buena parte de ellos trabaja en sectores tecnológicos, académicos o financieros que exigen una movilidad internacional alta. Para estas familias, perder la certeza de que un hijo nacido en suelo estadounidense sería ciudadano habría introducido una inseguridad jurídica de difícil encaje.

La encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research recogida en el litigio mostraba que casi dos tercios de los estadounidenses respaldan la ciudadanía por nacimiento, aunque con matices: mientras el 75 % la apoyaba para hijos de titulares de visas de trabajo, solo un 50 % lo hacía cuando los padres carecían de estatus legal. Pese a esas divisiones, la Corte Suprema ha preferido no abrir grietas en un derecho que se ha mantenido intacto durante más de un siglo.

Una sentencia que refuerza más de un siglo de doctrina constitucional

La decisión no solo afecta a la legislación migratoria inmediata; engarza con una tradición jurídica que hunde sus raíces en la 14.ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil para garantizar la igualdad de todos los nacidos en el país. Aquella enmienda nació, precisamente, para corregir una discriminación histórica contra las personas de ascendencia africana, y desde entonces ha funcionado como un escudo para que el poder ejecutivo no pueda decidir quién es ciudadano y quién no a golpe de decreto.

El precedente de 1898 que cita John Roberts ya fijó que un hijo de inmigrantes chinos, nacido en San Francisco, era estadounidense de pleno derecho. Desde entonces ningún tribunal había puesto en duda ese principio. La novedad de este litigio reside en que un presidente intentó forzar un cambio interpretativo sin pasar por el Congreso, y la Corte Suprema ha dejado meridianamente claro que el camino no es ese: solo una reforma constitucional —con mayorías reforzadas en el Capitolio y la ratificación de tres cuartas partes de los estados— podría modificar la cláusula de ciudadanía.

De cara al futuro inmediato, el fallo cierra cualquier posibilidad de que otras administraciones intenten un recorte similar por la vía rápida del ejecutivo. Para la comunidad española, el mensaje es nítido: el ius soli sigue siendo la regla en Estados Unidos y los hijos de nuestros expatriados continuarán gozando de una doble protección que facilita su inserción y movilidad.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La Corte Suprema de EE.UU. rechaza por 6 a 3 la orden ejecutiva de Donald Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento, manteniendo así la protección que la 14.ª Enmienda otorga a todo niño nacido en suelo estadounidense.
  • Datos importantes: Más de 250.000 nacimientos al año habrían quedado fuera; la comunidad española en EE.UU. supera las 150.000 personas; la doctrina del caso Wong Kim Ark (1898) sigue siendo la base constitucional.
  • Resumen: El fallo evita un escenario de inseguridad jurídica para los hijos de españoles residentes en Estados Unidos, reafirmando un derecho que solo podría cambiarse mediante una reforma constitucional.

El Gobierno de Canarias destina 15 millones a transporte intermodal con fondos FEDER

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha convocado ayudas por 15 millones para que los cabildos mejoren las infraestructuras de transporte intermodal.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez, con financiación del FEDER al 85 %.
  • ¿Qué impacto tiene? Cada cabildo puede solicitar hasta 4,5 millones de euros para construir o ampliar intercambiadores, con el objetivo de consolidar la movilidad sostenible tras el aumento masivo de usuarios del transporte público gratuito.

El Gobierno de Canarias ha lanzado este martes una línea de 15 millones de euros para impulsar infraestructuras de transporte intermodal a través de los cabildos, cofinanciada al 85 % por la Unión Europea a través del programa FEDER Canarias 2021-2027.

La iniciativa parte de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, y gestiona la Dirección General de Transportes.

Las condiciones de la ayuda: 4,5 millones por isla y un plazo de 20 días

La convocatoria, publicada este mismo martes en el Boletín Oficial de Canarias, reparte la dotación en tres anualidades: 8 millones para 2026, 4 millones para 2027 y 3 millones para 2028. Cada cabildo podrá presentar una única solicitud por un máximo de 4,5 millones de euros, y la subvención cubrirá hasta el 80 % del gasto subvencionable.

Los proyectos deberán centrarse en actuaciones que mejoren la conexión entre distintos modos de transporte —desde intercambiadores hasta plataformas multimodales— para facilitar los transbordos y optimizar las frecuencias. La documentación exigida incluye una memoria técnica y económica detallada y un plan de movilidad o instrumento equivalente que respalde la intervención.

El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación, lo que sitúa la fecha límite en el 28 de julio de 2026. La tramitación debe realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

La gratuidad del transporte público exige mejores intercambiadores

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha subrayado que la gratuidad del transporte público ha disparado el número de usuarios en el archipiélago. “La gratuidad ha supuesto un cambio histórico en la movilidad de Canarias y ahora debemos acompañar ese crecimiento con inversiones que permitan ofrecer un servicio cada vez más eficiente y conectado”, ha señalado.

La directora general ha recordado que, tras las ayudas a los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de los municipios y la convocatoria del año pasado a los cabildos, el Gobierno de Canarias consolida ahora de de esta línea de financiación con una convocatoria plurianual de 15 millones financiada con fondos europeos FEDER.

El transporte público gratuito ha cambiado la forma de moverse en las islas: ahora toca construir los nodos físicos que garanticen que el sistema no se atasque en su propio éxito.

El Pulso Territorial

La apuesta por la intermodalidad encaja en la hoja de ruta del Gobierno que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que gobierna en coalición con el Partido Popular. La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los ejes de la legislatura, impulsada por la gratuidad del transporte y por los compromisos del Programa Canarias FEDER 2021-2027, que marca la descarbonización del transporte como una prioridad.

La fragmentación insular convierte la intermodalidad en un desafío especialmente complejo, similar al que afronta Baleares, donde los fondos europeos también financian proyectos de movilidad. Sin embargo, en Canarias el incremento de viajeros ha sido especialmente intenso: según fuentes del Gobierno canario, la gratuidad ha elevado la demanda en más de un 40 % en algunas líneas, lo que añade presión a unas infraestructuras ya tensionadas.

La evaluación de los proyectos que presenten los cabildos se resolverá en los próximos meses y la ejecución de las obras se extenderá hasta 2028. Las islas disponen de recursos para actuar, pero el principal riesgo es la capacidad de gestión de los cabildos para presentar proyectos maduros en un plazo tan ajustado. Si las solicitudes no alcanzan la calidad técnica exigida, buena parte de los 15 millones podría quedar sin adjudicar o retrasar inversiones clave para una movilidad más limpia.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno canario ha abierto una convocatoria de 15 millones para que los cabildos mejoren infraestructuras de transporte intermodal, cofinanciada al 85 % por la Unión Europea.
  • Datos importantes: 15 millones totales, 8 millones en 2026, máximo 4,5 por cabildo, cobertura del 80 % del gasto, plazo de solicitud hasta el 28 de julio de 2026.
  • Resumen: Los cabildos disponen de menos de un mes para presentar sus proyectos; la Consejería de Obras Públicas evaluará las propuestas y adjudicará los fondos en régimen de concurrencia competitiva.

Polonia bloquea a Ucrania en la UE por honrar a colaboradores nazis de Bandera

Varsovia ha lanzado un mensaje contundente a Kiev: la adhesión de Ucrania a la Unión Europea está en peligro mientras el país mantenga el culto a Stepan Bandera y a la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN).

El veto polaco a Bandera: una línea roja histórica y política

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, en una entrevista con Polsat News, advirtió que «con Bandera, Ucrania no entrará en la Unión Europea» y que nadie dictará a Polonia cómo votar sobre la ampliación del bloque. El detonante fue la decisión del presidente Volodímir Zelenski de bautizar una unidad de fuerzas especiales con el nombre de la UPA, el Ejército Insurgente Ucraniano que colaboró con la Alemania nazi y perpetró la masacre de hasta 100.000 polacos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, en Volinia y Galitzia Oriental entre 1943 y 1944.

La reacción de Varsovia no se limitó a las palabras. El presidente polaco, Karol Nawrocki, calificó el gesto de «indignante» y retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del país, lo que llevó a varios altos cargos ucranianos a renunciar también a sus propias distinciones polacas. La herida histórica, lejos de estar cerrada, se ha convertido en un elemento que condiciona la política europea de ampliación.

Para Polonia, la glorificación de Bandera no es una cuestión simbólica menor. La OUN y la UPA colaboraron con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y llevaron a cabo una limpieza étnica contra la población polaca en las provincias orientales de la Segunda República Polaca. Aquel episodio, conocido como la Masacre de Volinia, dejó entre 60.000 y 100.000 víctimas polacas, según las estimaciones más extendidas, y sigue sin una reconciliación plena entre ambos países.

Una encuesta de IBRiS publicada la semana pasada refleja que casi el 60% de los polacos está en contra de la entrada de Ucrania en la UE, un salto significativo frente al 42% del año anterior. Este cambio de humor público refuerza la postura del gobierno polaco y presiona a la UE.

La fractura entre Varsovia y Kiev abre una nueva línea de tensión en el flanco oriental de la OTAN que Moscú observa con atención.

La retirada de los MiG-29: la cooperación militar se resquebraja

En paralelo, Kosiniak-Kamysz confirmó que Polonia no cederá los cazas MiG-29 restantes a Ucrania, como parte de un acuerdo tácito que contemplaba transferir tecnología de drones a cambio. «Propuse una aproximación de socios: MiGs por drones, pero Ucrania no cumplió», declaró. La decisión evidencia un deterioro en la confianza militar bilateral que hasta ahora había sido sólida.

Esta ruptura deja al ejército ucraniano sin un recurso aéreo que, aunque obsoleto, seguía siendo valioso para misiones de ataque a tierra y defensa de baja intensidad. El gesto polaco se suma al paulatino enfriamiento de la cooperación en defensa, en un contexto en el que Varsovia exige gestos concretos de reciprocidad y respeto histórico, no solo declaraciones de agradecimiento.

Equilibrio de Poder

La crisis diplomática entre Polonia y Ucrania desborda lo bilateral y afecta al tablero de seguridad europeo. Desde la perspectiva de Moscú, la discordia es una grieta en la unidad occidental: la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, intervino rápidamente para señalar que Polonia ha estado «armando y financiando al régimen neonazi de Ucrania» durante años, una retórica propagandística que busca amplificar las divisiones internas de la Unión.

Para la Casa Blanca, el distanciamiento polaco-ucraniano supone un quebradero de cabeza en un momento en que la administración Trump presiona para que Europa asuma un mayor peso militar. La cohesión del flanco este de la OTAN se basa, en buena medida, en la cooperación entre Varsovia y Kiev, y cualquier fisura puede ser explotada por Rusia. Sin embargo, la postura polaca responde a un sentimiento popular creciente que ningún gobierno en Varsovia puede ignorar.

España, por su parte, observa el choque con preocupación aunque sin una implicación directa en el contencioso histórico. Madrid ha sido un actor favorable a la ampliación de la UE, pero el veto polaco pone de relieve los costes de una adhesión apresurada sin resolver las heridas del pasado. Para España, cuyas prioridades estratégicas se centran en el flanco sur, el Magreb y el Sahel, un desvío de atención y recursos hacia las tensiones del este podría retrasar las inversiones de defensa en su propia área de influencia. Además, la incertidumbre sobre la futura composición de la UE complica la negociación de los fondos de cohesión y el marco financiero plurianual, de los que España es principal beneficiaria.

A largo plazo, lo que observamos es un cambio de doctrina en la relación bilateral más sólida del bloque oriental. Si Polonia mantiene su pulso, Ucrania podría verse forzada a revisar su política de memoria histórica, un precio que quizás no esté dispuesto a pagar Zelenski. La alternativa es un proceso de adhesión bloqueado y una cooperación militar que se deshilacha. La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para después del verano, será un termómetro de cuánto pesa realmente el fantasma de Bandera en los despachos de Bruselas.

Ayuso convoca a su Gobierno en Manzanares El Real para impulsar la Inteligencia Artificial en Madrid

La presidenta Isabel Díaz Ayuso reúne hoy a todo su Gobierno en la Residencia Santillana, conocida como La Casita, en Manzanares El Real, para revisar la implantación de la inteligencia artificial en los servicios públicos madrileños.

Según ha confirmado el Ejecutivo autonómico, el Consejo de Gobierno se reúne en en la Residencia Santillana tras los encuentros de enero y abril, lo que convierte esta en la tercera cita extraordinaria del año. El objetivo declarado: hacer balance del grado de implantación de la IA en la Administración y estudiar nuevas iniciativas que agilicen trámites y optimicen la gestión.

La Comunidad de Madrid es la única autonomía española que cuenta con una consejería dedicada en exclusiva a la Digitalización. Y los números respaldan la apuesta. Madrid concentra el 25,5% de las empresas españolas de alta tecnología y lidera la demanda de profesionales del sector digital, según los datos de la propia Comunidad.

Además, más del 30% de las empresas madrileñas de diez o más empleados ya ha incorporado soluciones de inteligencia artificial a su actividad, una cifra que supera en nueve puntos la media nacional. Son datos que el Gobierno de Ayuso utilizará hoy para argumentar que la región va por delante y que el presupuesto destinado —cerca de 25 millones de euros— está bien empleado.

La mayoría de los proyectos que se revisan en La Casita ya está en marcha y cuenta con nombre propio. El avatar Sol, por ejemplo, atiende en la web institucional en 95 idiomas y resuelve dudas sin pasar por una ventanilla física. La Cuenta Digital centraliza la relación del ciudadano con la Administración, y la Tarjeta Sanitaria Virtual permite acceder al historial clínico desde el móvil.

Madrid concentra una de cada cuatro empresas españolas de alta tecnología, pero la brecha digital se mide en las colas que aún persisten en los trámites presenciales.

Otro de los proyectos estrella es CardiologIA 365, el modelo de atención cardiológica más avanzado del país, capaz de detectar anomalías con algoritmos de aprendizaje automático. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción, los resultados preliminares muestran una reducción de tiempos de diagnóstico que el Gobierno regional quiere convertir en estándar.

Todos estos avances se cimentan sobre una decisión política que en 2026 sigue siendo diferencial: la existencia de una Consejería de Digitalización. Ninguna otra comunidad autónoma —ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Andalucía— ha separado las competencias digitales en una cartera propia; en la mayoría de los casos dependen de Hacienda o de Presidencia.

¿Por qué un escenario como La Casita para hablar de algoritmos?

La elección del lugar no es casual. La Residencia Santillana, a los pies de la Pedriza, ha sido escenario de cumbres estratégicas desde los años ochenta. Sacar al Gobierno de la Puerta del Sol y llevarlo a un entorno sin las urgencias del día a día permite abordar la planificación a medio plazo sin las interrupciones del BOAM o del Pleno.

Pero también hay un mensaje simbólico: la digitalización no es solo cosa de la almendra central. Manzanares El Real, con poco más de 9.000 habitantes, es uno de los municipios de la sierra que hasta hace una década sufría problemas de cobertura. Ahora, según los datos de la Comunidad, dispone de fibra óptica en todo su casco urbano. Un ejemplo de que la brecha territorial se puede cerrar.

Los riesgos que el avatar Sol no puede tapar

En esta redacción analizamos el despliegue de la IA con un optimismo prudente. La inversión de 25 millones es significativa, pero dispersa en decenas de proyectos. El riesgo de «efecto escaparate» —muchas píldoras tecnológicas con poco impacto real— existe. En 2024, un informe del Tribunal de Cuentas sobre los primeros pilotos digitales de la Comunidad señaló que apenas el 40% de las herramientas desarrolladas había superado la fase de prueba.

Además, la comparativa con otras grandes ciudades europeas, como Múnich o Ámsterdam, obliga a relativizar. La capital bávara invierte casi el doble por habitante en investigación aplicada a la administración digital, y los Países Bajos tienen implantado desde 2025 un sistema de IA generativa que resuelve el 60% de las consultas ciudadanas sin intervención humana.

Madrid parte con ventaja competitiva en el ecosistema empresarial —25,5% de empresas de alta tecnología—, pero el gran desafío seguirá siendo que la tecnología no separe aún más a quien ya tiene dificultades para pedir cita previa por internet. La brecha digital generacional y socioeconómica no se cierra con un asistente virtual políglota.

La reunión de hoy en Manzanares no concluirá con anuncios inmediatos, más allá de alguna foto de familia. Pero marca la hoja de ruta para los próximos presupuestos y prepara el terreno para las elecciones autonómicas de 2027, donde la digitalización apunta a ser uno de los ejes discursivos del Gobierno. Todo un pulso con un horizonte de votos.

Consejo de Gobierno IA

OTAN lanza concurso de 250.000 euros para atacar aeródromos rusos, según Moscú

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La OTAN ha licitado un contrato de 250.000 euros para desarrollar drones capaces de dejar inoperativos aeródromos en territorio ruso, dentro del centro conjunto JATEC.
  • ¿Quién está detrás? El mando de Transformación Aliada (ACT) de la OTAN, en cooperación con el centro JATEC (OTAN-Ucrania).
  • ¿Qué impacto tiene? Moscú denuncia que la Alianza se acerca peligrosamente a un conflicto directo y que la integración de Ucrania en sus estructuras se acelera.

La OTAN ha sacado a concurso un contrato de 250.000 euros para drones capaces de inutilizar aeródromos rusos, según denunció este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. La licitación, gestionada por el Mando Aliado de Transformación (ACT), busca “soluciones” para la “denegación persistente de aeródromos” y ha sido publicada en el marco del primer organismo conjunto OTAN-Ucrania.

Un concurso con nombre y apellidos: JATEC y ACT

El contrato fue anunciado a mediados de junio por el Centro Conjunto de Análisis, Adiestramiento y Educación OTAN-Ucrania (JATEC), creado en febrero de 2025 y presentado como “la primera organización conjunta OTAN-Ucrania dentro de la estructura de mando de la OTAN”. Aunque el texto no menciona explícitamente a Rusia, las especificaciones técnicas son inequívocas: sistemas no tripulados o municiones merodeadoras capaces de operar en entornos saturados de guerra electrónica y golpear pistas, depósitos de combustible e instalaciones de apoyo en tierra.

La OTAN y Ucrania, buscan soluciones que estén listas para ser desplegadas en combate en un plazo de 12 meses y que requieran una formación mínima para los operadores. El plazo de presentación de propuestas finaliza a finales de julio, lo que acelera el proceso de transferencia tecnológica en plena guerra.

Moscú ve una escalada ‘peligrosa’ y un guiño a la integración de Ucrania

Zajárova afirmó que la OTAN “está perdiendo de forma constante lo que le queda de racionalidad” y está arrastrando a Ucrania a una “zona de riesgo cada vez más alta” para convertir al país en un “banco de pruebas” de tecnologías militares emergentes. La portavoz rusa subrayó que la Alianza está “acelerando la integración de Ucrania en sus estructuras de mando y en su complejo militar-industrial”, un paso que, a ojos de Moscú, roza la provocación directa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ya había advertido la semana pasada que la OTAN “ya no oculta sus preparativos para una guerra contra Rusia” y utiliza como pretexto la supuesta “amenaza rusa” para justificar su rearme. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, fue más lejos en febrero al comparar la deriva europea con un “Cuarto Reich”.

Pese a la retórica, la licitación demuestra que el bloque aliado no se limita a suministrar armas a Kiev, sino que está implicado directamente en el diseño de capacidades ofensivas contra territorio ruso. Lo que Moscú llama una “deriva peligrosa” no es una hipérbole vacía: el contrato de 250.000 euros, aunque modesto en cuantía, abre la vía a sistemas de ataque en profundidad que hasta ahora los aliados se resistían a proporcionar.

La OTAN ya no solo financia la guerra, sino que diseña las armas para llevarla a la retaguardia rusa.

Equilibrio de Poder

Estados Unidos, que sigue siendo el motor real de la OTAN, ha dado luz verde a este tipo de concursos a través del ACT, con sede en Norfolk (Virginia). La administración estadounidense mantiene una línea ambigua: por un lado, sigue suministrando ayuda a Ucrania pero, por otro, la Casa Blanca presiona a los aliados europeos para que asuman un mayor protagonismo industrial en la guerra. Esta licitación es un ejemplo claro: Washington facilita la estructura (ACT) y Bruselas o los Estados miembros cofinancian la I+D.

Para España, el movimiento tiene lecturas complejas. Madrid ha evitado hasta ahora cualquier implicación directa en el envío de armas capaces de alcanzar suelo ruso; de hecho, las fuerzas políticas del Gobierno de coalición siempre han frenado la entrega de misiles de largo alcance. Sin embargo, la pertenencia a la OTAN y la participación en estructuras como el ACT comprometen a España a nivel institucional. Las bases de Rota y Morón es un activo logístico clave para cualquier despliegue aliado en el Mediterráneo o en el flanco este, y la escalada rusa podría convertirlas en un objetivo retórico o incluso real en caso de una confrontación abierta.

A medio plazo, este tipo de concursos normalizan la investigación y el desarrollo de sistemas cuyo único propósito es golpear el territorio del adversario. La línea entre una “guerra delegada” y una guerra abierta se difumina aún más. El precedente histórico de la guerra de Afganistán en los años 80, cuando la inteligencia de Estados Unidos entregó a los muyahidines misiles Stinger capaces de derribar aeronaves soviéticas, es un espejo incómodo: entonces, Moscú no tomó represalias directas contra Washington, pero sí consideró esas acciones como una agresión. Hoy, con una capacidad de respuesta rusa más asimétrica (ciberataques, sabotajes, operaciones encubiertas en Europa), la ecuación es distinta y más peligrosa.

En Moncloa.com entendemos que este concurso, aunque limitado en su cuantía, es un nuevo paso en la institucionalización de la guerra de drones contra la retaguardia rusa. La fecha de finalización de la licitación (finales de julio) y la exigencia de sistemas listos en un año serán hitos a seguir muy de cerca. La próxima cumbre de la OTAN, prevista para finales de 2026, medirá si la Alianza ha incorporado formalmente este tipo de contratos en su doctrina de defensa colectiva o si se mantienen como iniciativas discretas de sus mandos transformadores.

El Corte Inglés lanza ofertas en electrónica hasta el 8 de julio con financiación al 0% sin intereses

Renovar la tele, cambiar la lavadora o estrenar portátil sin que la factura llegue de golpe: El Corte Inglés lo está poniendo muy fácil esta semana. Desde el 29 de junio y hasta el 8 de julio, quien tenga la Tarjeta de la cadena puede fraccionar compras de más de 200 euros en electrónica y electrodomésticos hasta en 12 cuotas mensuales sin un solo céntimo de interés. La promoción lleva por nombre Financiación 100% y es de las más limpias que ofrece el sector: TIN 0%, TAE 0%, sin letra pequeña que cambie el precio final.

Lo que distingue este momento del año es el contexto que lo rodea. El Corte Inglés acaba de arrancar sus rebajas de verano, con descuentos de hasta el 45% en televisores y el 40% en grandes electrodomésticos. Combinar ese ahorro inicial con la financiación sin coste convierte julio en el mes tecnológico más potente del año para el consumidor español que sabe planificar.

Cómo funciona la financiación de El Corte Inglés esta semana

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La mecánica es directa. El Corte Inglés aplica la Financiación 100% en compras iguales o superiores a 200 euros —un solo artículo o la suma de varios— dentro de las categorías de electrónica y electrodomésticos. La cuota mínima mensual es de 16 euros, y el importe total a devolver es exactamente el precio del producto: ni un euro más. En tienda física basta con indicarlo en caja; en la web y la app, se selecciona «pago financiado» al completar el pedido.

Un ejemplo concreto: una lavadora de 600 euros se divide en 12 cuotas de 50 euros sin gastos añadidos. Quien ya tiene la Tarjeta puede activarlo hoy mismo; quien aún no la tiene puede solicitarla en cualquier centro y, una vez aprobada, acceder a la promoción mientras siga vigente. La aprobación corre a cargo de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.

El Corte Inglés y la Tarjeta, una estrategia que fideliza

El Corte Inglés lleva décadas haciendo de su Tarjeta el eje de sus mejores ventajas: acceso anticipado a rebajas, ventas privadas y, en campañas como esta, financiación que literalmente no cuesta nada al cliente. No es casualidad que las promociones de financiación al 0% estén reservadas a titulares: es el mecanismo que convierte una compra puntual en una relación más larga con la cadena.

Lo que resulta interesante desde el punto de vista del consumidor es que la Tarjeta no implica ningún compromiso de gasto mínimo mensual más allá de las cuotas del producto financiado. Es un instrumento de financiación acotado, no una tarjeta revolving con intereses crecientes: el saldo se conoce desde el primer día y no varía.

Qué productos entran y cuáles quedan fuera

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El Corte Inglés incluye en esta promoción las categorías de electrónica y electrodomésticos en sentido amplio: televisores, portátiles, smartphones, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, pequeño electrodoméstico y aire acondicionado, entre otros. El catálogo es extenso, y en estas fechas coincide con los Súper Tecnoprecios de verano, lo que multiplica el ahorro real de cada compra al sumar precio rebajado más financiación gratuita.

Lo que conviene revisar antes de pasar por caja es la lista de excepciones. Algunos productos de marcas específicas —Dyson y Miele, históricamente— y los artículos no vendidos directamente por El Corte Inglés quedan fuera de la promoción. La información actualizada está disponible en la web de la cadena, donde cada ficha de producto indica si es elegible para financiación.

Cuánto puedes ahorrar: ejemplos reales

Que la financiación sea gratuita no significa que todos los escenarios sean iguales. Conviene hacer números:

  • Compra de 200€: 12 cuotas de 16,67€/mes; coste total 200€ exactos.
  • Televisor de 800€: 12 cuotas de 66,67€/mes; sin intereses, sin gastos de gestión en electrónica TAE 0%.
  • Portátil de 1.200€: 12 cuotas de 100€/mes; pagas lo mismo que si lo compraras al contado.
  • Frigorífico de 1.400€: 12 cuotas de 116,67€/mes; y puedes combinar con cupones de alimentación de hasta 169€.

¿Merece la pena pedir la Tarjeta solo para esta campaña?

La respuesta depende del contexto. Si la compra supera los 400-500 euros, el ahorro frente a cualquier otro método de financiación con intereses puede ser de 30 a 60 euros o más. Solicitar la Tarjeta es gratuito, el proceso es rápido y no implica penalización por no usarla después.

¿Qué pasa si quiero devolver el producto?

El Corte Inglés mantiene su política de devolución habitual en compras financiadas. Si el artículo se devuelve dentro del plazo legal, la Financiera cancela las cuotas pendientes y devuelve las ya cobradas. El proceso es el mismo que en cualquier compra: basta con el ticket o albarán.

Qué viene después del 8 de julio: tendencias en financiación al consumo

La apuesta de El Corte Inglés por la financiación sin intereses no es nueva, pero sí se ha intensificado en los últimos dos años. El consumidor español ha aprendido a esperar estas ventanas —suelen repetirse en septiembre y en el puente de noviembre— como una forma inteligente de planificar compras grandes sin descapitalizarse de golpe. La clave está en identificar la necesidad real antes de que llegue la promoción.

De cara al segundo semestre de 2026, todo apunta a que El Corte Inglés mantendrá esta estrategia de financiación 0% vinculada a su Tarjeta como palanca de competitividad frente al comercio puramente online. Para el comprador que sabe usarla, es una herramienta que convierte la inflación en algo más manejable: el precio se congela hoy, y las cuotas se pagan con el sueldo de los próximos meses.

Córdoba crea la mayor red de farmacias cardioprotegidas de España con 47 desfibriladores

La ciudad de Córdoba se ha convertido esta semana en la primera de España en contar con una red de farmacias cardio y neuro protegidas, tras la instalación de 47 desfibriladores en otros tantos establecimientos de la capital. El proyecto, presentado este martes por el alcalde, José María Bellido, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, supone una inversión de 45.000 euros del Ayuntamiento y ha incluido la formación de más de 500 profesionales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Córdoba ha puesto en marcha la mayor red de farmacias cardioprotegidas del país, con 47 nuevos desfibriladores instalados en oficinas de farmacia y más de 500 farmacéuticos formados en reanimación y detección precoz de ictus.
  • ¿Dónde y quién? El Ayuntamiento de Córdoba, el Colegio de Farmacéuticos y la Delegación Territorial de Salud han impulsado el proyecto, con una inversión municipal de 45.000 euros.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Mayor rapidez en la atención ante una parada cardíaca o un ictus, al disponer de farmacias equipadas y profesionales entrenados en todos los barrios, lo que incrementa las probabilidades de supervivencia.

Un despliegue de 47 desfibriladores y más de 500 farmacéuticos formados

Los nuevos desfibriladores externos automatizados (DEA) se instalarán en las próximas semanas en 46 farmacias de la capital y en la propia sede del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Los establecimientos han sido seleccionados para garantizar la cobertura de todos los barrios, con prioridad para aquellos que disponen de horario ampliado. Con esta incorporación, la red municipal de Córdoba supera los 70 dispositivos, si se suman los ya existentes en espacios emblemáticos como la plaza de las Tendillas, la Puerta del Puente o el conjunto arqueológico de Medina Azahara, además de los ubicados en siete edificios municipales y los 16 equipos móviles de la Policía Local.

La iniciativa, denominada ‘Córdoba ciudad saludable: farmacias cardio y neuro protegidas’, ha incluido un ambicioso programa de formación. Más de 500 farmacéuticos de la provincia han recibido cursos impartidos por profesionales del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y del 061. Los contenidos abarcan reanimación cardiopulmonar (RCP), soporte vital básico, manejo de desfibriladores y, sobre todo, la detección precoz de infartos e ictus. «Queremos que las farmacias sean la primera línea de intervención mientras llegan los servicios de emergencias», explicó Javier Fonseca, médico responsable de la formación.

Una colaboración institucional que salva vidas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destacó que con estos 45.000 euros de inversión municipal «Córdoba es hoy una ciudad más segura» y reivindicó el papel de las farmacias como «primera línea de atención sanitaria». Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, subrayó que la capital se convierte en «la primera ciudad de España en contar con una red de farmacias cardio y neuro protegidas». En el acto de presentación, celebrado en la farmacia Vega Rosas de la calle Santa María de Trassierra, también participó la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, junto a otras autoridades locales.

El proyecto trasciende la capital. El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, junto con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ha elaborado un protocolo pionero de actuación ante la sospecha de ictus. Este procedimiento permitirá que todas las farmacias de la provincia —tanto las equipadas con desfibrilador como las que no— dispongan de un sistema homogéneo para detectar síntomas compatibles, activar el 061 y coordinar la primera asistencia. Se trata de un paso decisivo para mejorar el pronóstico de los pacientes, especialmente en zonas rurales donde los tiempos de respuesta del 061 pueden ser más largos.

Contar con desfibriladores y personal formado en las farmacias reduce el tiempo de respuesta ante una parada cardíaca de minutos críticos a segundos decisivos, una diferencia que puede salvar cientos de vidas al año en Córdoba.

desfibriladores

La Lectura Andaluza

Andalucía cuenta con una extensa red de oficinas de farmacia que, más allá de dispensar medicamentos, desempeñan un papel esencial en la atención primaria y la promoción de la salud. Con esta iniciativa, Córdoba demuestra que ese potencial puede llevarse un paso más allá, convirtiendo a las farmacias en nodos activos de la cadena de supervivencia ante emergencias cardiovasculares y neurológicas. La colaboración entre el Ayuntamiento, el Colegio de Farmacéuticos y la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía refleja un modelo de gobernanza compartida que prioriza la prevención y la inmediatez, claves en un territorio donde la dispersión geográfica de algunas comarcas reta a los servicios de emergencia.

Para los vecinos de Córdoba, la repercusión es directa: a partir de ahora, en prácticamente cualquier barrio dispondrán de una farmacia equipada y un profesional formado capaz de iniciar las maniobras de reanimación o detectar los síntomas de un ictus mientras llega el 061. Esa cercanía, que en muchos casos reduce el tiempo crítico desde que se produce el colapso hasta la primera atención, puede marcar la diferencia entre una recuperación sin secuelas y un desenlace fatal. Los 45.000 euros invertidos —poco más de 950 euros por desfibrilador instalado— suponen una de las inversiones más rentables en salud pública: cada parada cardiorrespiratoria atendida en los primeros tres minutos ve multiplicadas por tres las probabilidades de supervivencia.

El proyecto también incorpora un elemento que merece atención: el protocolo de detección de ictus, desarrollado junto a sociedades médicas, que se extiende a toda la provincia y no requiere la presencia de un desfibrilador. Eso significa que municipios más pequeños, donde el acceso a la atención urgente puede ser más limitado, también se benefician de un sistema de alerta temprana. La proyección es clara: lo que hoy es un hito en Córdoba podría convertirse en un modelo exportable a otras ciudades andaluzas que deseen reforzar sus espacios cardioprotegidos. La experiencia cordobesa, con métricas de implantación y formación ya contrastadas, ofrece una hoja de ruta sólida para futuras ampliaciones del programa.

Alsea acelera su expansión en Andalucía con nuevos VIPS, Ginos y Foster’s Hollywood en Málaga

Alsea acelera en Andalucía con 15 nuevos restaurantes hasta 2030, con Málaga como destino prioritario de sus marcas VIPS, Ginos y Foster’s Hollywood. El grupo mexicano, que factura más de 4.000 millones de euros a nivel global, ha identificado Andalucía como territorio estratégico y prevé abrir de forma inminente nuevos locales en centros comerciales de Málaga y Sevilla.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Alsea ha anunciado un plan para abrir 15 nuevos restaurantes de VIPS, Ginos y Foster’s Hollywood en Andalucía hasta 2030, con un formato más pequeño y menor inversión.
  • ¿Dónde y quién? Las primeras aperturas ya están en marcha en Málaga (Málaga Factory) y Sevilla (Centro Comercial Los Arcos). La compañía emplea a más de 1.100 trabajadores en la comunidad.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Más opciones de restauración, nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, y oportunidades de franquicia para emprendedores locales.

Plan de expansión: 15 nuevos restaurantes y un formato más accesible

Actualmente, Alsea gestiona 48 restaurantes de las marcas FSR (Food Service Restaurant) en Andalucía, de los cuales 25 son Foster’s Hollywood, 12 VIPS y 11 Ginos. La presencia mayoritaria se concentra en Málaga y Sevilla, dos provincias que la compañía considera “estratégicas”. Aproximadamente un 35% de estas unidades son franquiciadas.

La expansión ya ha arrancado: un nuevo VIPS abrió recientemente sus puertas en Málaga Factory, en Málaga, y está previsto inaugurar otro en el Centro Comercial Los Arcos de Sevilla de forma inminente. Ambos locales son propios, no franquiciados.

Con estas dos operaciones, Alsea estrena además un modelo de establecimiento más compacto, de unos 220 metros cuadrados. “Nos permite llegar a muchas más zonas y atraer al franquiciado, al requerir los nuevos locales una menor inversión”, explica Luis Trancho, director de Desarrollo y Franquicias FSR de Alsea en España. “Esa es nuestra gran apuesta estrategica para los próximos años”, afirma, convencido de que “una parte importante del avance va a venir vía franquicia”.

En total, la firma ha fijado un objetivo de 15 nuevos restaurantes de VIPS, Ginos y Foster’s Hollywood en la comunidad hasta 2030, tras analizar el potencial de expansión en toda España. “Tenemos definido cuál es el potencial de expansión de cada marca en Andalucía”, subraya Trancho, en referencia al estudio ‘market holding capacity’ que realiza la compañía.

Andalucía se ha convertido en un territorio estratégico para Alsea, y la apuesta por formatos más pequeños y la franquicia busca democratizar la inversión y llevar estas marcas a más rincones de la comunidad.

Oportunidades para franquiciados y empleo en Andalucía

El nuevo formato reduce la barrera de entrada para futuros franquiciados. “Tenemos muchos socios interesados, franquiciados que ya tienen unidades y que quieren acompañarnos en este crecimiento”, asegura Trancho. La compañía busca tanto inversores con experiencia como personas apasionadas por la restauración que deseen el respaldo de una marca potente, con formación, acceso a una central de compras y servicios logísticos centralizados.

En la actualidad, Alsea emplea a 1.142 trabajadores en el segmento FSR en Andalucía, sumando tanto restaurantes propios como franquiciados. Cada nueva apertura generará puestos de trabajo directos e indirectos, en un momento en el que todas sus marcas crecen en ventas por encima de la media del mercado, pese a la ralentización general del sector. La anticipación a las demandas del consumidor es parte de la clave: “Tenemos dos departamentos de I+D gastronómico, uno en España y otro en México, que ya están trabajando en la carta del verano de 2027”, revela Trancho.

La Lectura Andaluza

La apuesta de Alsea refleja la pujanza del sector de la restauración organizada en la comunidad. Con casi 900 establecimientos en toda España y una facturación global de 4.000 millones de euros, el grupo mexicano ha elegido Andalucía como uno de sus focos de crecimiento, junto a Madrid. A las marcas FSR se suma Domino’s Pizza, con 73 locales en la región —la mayoría en Sevilla (21), Málaga (15) y Cádiz (13)—, lo que eleva la presencia total de Alsea en Andalucía a más de 120 puntos de venta.

Para el consumidor andaluz, la expansión supone más alternativas de ocio y gastronomía en ubicaciones cada vez más cercanas. Los nuevos formatos de menor tamaño permiten instalarse en barrios y centros comerciales de tamaño medio, acercando marcas muy reconocidas a un público que hasta ahora se concentraba en grandes áreas metropolitanas. Además, el impulso a la franquicia abre una vía de emprendimiento local que puede dinamizar las economías de municipios de tamaño medio.

La proyección es clara: si se cumplen las previsiones, en 2030 Andalucía contará con al menos 63 establecimientos FSR, una cifra que consolida a la comunidad como uno de los motores de la restauración de marca en el sur de Europa. El desafío será que este crecimiento se traduzca en empleo estable y en una oferta adaptada a los hábitos de los andaluces, sin perder la esencia de cada marca.

Crestanevada amplía su centro logístico en Málaga para impulsar su crecimiento en Andalucía

La empresa Crestanevada ha culminado la ampliación de su centro logístico en Málaga, situado en el polígono Santa Bárbara, concretamente en la calle Hermanos Lumière 16, una operación que duplica con creces su superficie y refuerza la presencia de la compañía en el mercado andaluz del vehículo de ocasión.

La reforma ha supuesto pasar de 600 a 2.000 metros cuadrados de superficie construida, una transformación que se complementa con una campa exterior de aparcamiento de unos 5.000 metros cuadrados, lo que incrementa de forma notable su capacidad de exposición y operativa en Málaga.

Una transformación de 600 a 2.000 metros cuadrados

El nuevo espacio, ubicado en el polígono Santa Bárbara, en la carretera de Cádiz, se convierte en uno de los centros más relevantes de Crestanevada a nivel nacional. La superficie construida se ha triplicado, y la campa de aparcamiento permite albergar un mayor número de vehículos en exposición, adaptándose a la creciente demanda de vehículos de ocasión en la provincia.

Como parte de su apuesta por Málaga, la firma ha abierto además un taller mecánico propio en el polígono El Viso, a escasos mil metros del centro principal. La nueva instalación está orientada a mejorar la atención postventa y a proporcionar un servicio más completo a sus clientes.

Taller propio y refuerzo del equipo humano

El crecimiento en superficie ha ido acompañado de un importante refuerzo del equipo humano, que ha pasado de 10 a 50 empleados directos en la ciudad. El consejero delegado de Crestanevada, Francisco García Cervi, declaró durante la visita a las nuevas instalaciones que «Málaga es una plaza estratégica dentro del crecimiento de la compañía y esta ampliación responde a una demanda real del mercado».

Con esta ampliación, Crestanevada suma tres centros operativos en Málaga y anuncia que su estrategia de expansión en la Costa del Sol continuará a lo largo del año con nuevas aperturas. El centro malagueño se consolida como uno de los más relevantes a nivel nacional, tanto por dimensión como por capacidad operativa, dentro de una red que sigue creciendo de forma sostenida.

Con 50 empleos directos y 2.000 metros cuadrados operativos, Crestanevada convierte su centro de Málaga en un referente nacional, demostrando que la capital de la Costa del Sol no es solo turismo: es motor económico.

Para García Cervi, «este tipo de inversiones nos permiten seguir consolidando nuestra presencia en Andalucía y reforzar un modelo de crecimiento basado en infraestructura, equipo y capacidad de servicio». La iniciativa conecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

La Lectura Andaluza

El movimiento de Crestanevada refleja una tendencia de fondo en Andalucía: la consolidación de la provincia de Málaga como un polo logístico y de servicios para el sur de España. La región, que ya alberga el Puerto de Algeciras —el principal del país en tráfico de mercancías— y nodos ferroviarios como el de Antequera, viene atrayendo inversiones logísticas que aprovechan su posición geoestratégica como puerta hacia el norte de África y el Mediterráneo.

Para el ciudadano andaluz, este tipo de apuestas empresariales se traduce en oportunidades concretas. Los 40 nuevos puestos de trabajo generados directamente en Málaga son el ejemplo más visible, pero además la presencia de un operador de vehículos de ocasión con mayor capacidad de exposición y un taller posventa propio redunda en más oferta y, probablemente, en una ligera contención de precios en el mercado local. En un contexto económico en el que el empleo y el acceso a servicios de calidad son prioridades, la operación de Crestanevada refuerza el tejido productivo de la ciudad.

De cara al futuro, la compañía mantiene su hoja de ruta de nuevas aperturas en la Costa del Sol para este mismo año. La Junta de Andalucía, desde su consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha destacado en diversas ocasiones la importancia de la inversión privada para el desarrollo regional y viene simplificando los trámites administrativos para proyectos empresariales que generen empleo y arraigo territorial. La apuesta de Crestanevada por ampliar sus centros operativos en la comunidad encaja en ese marco y sugiere que Málaga seguirá siendo un destino prioritario para el sector de la distribución y la logística en los próximos años.

El Real Decreto-ley de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas: claves para los juzgados de lo social

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas, adaptando los requisitos de la reforma de la Seguridad Social de 2025 a las singularidades del acceso al empleo público. La norma, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, establece un sistema gradual de contratación de relevistas y un régimen transitorio que se extiende hasta 2027.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el Gobierno? El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para posibilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral público mediante un mecanismo flexible de contratación de relevistas.
  • ¿Qué base jurídica aplica? La reforma de la Seguridad Social de 2025, que exigía un contrato de relevo indefinido simultáneo, se adapta a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE).
  • ¿Qué impacto tiene? Los juzgados de lo social deberán aplicar el nuevo régimen desde su entrada en vigor, reduciendo la litigiosidad generada por la rigidez anterior y facilitando la planificación de las ofertas de empleo público.

El contexto normativo de la jubilación parcial en el empleo público

La jubilación parcial anticipada permitía a los trabajadores a tiempo completo que no hubiesen alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a ella siempre que, de forma simultánea, la empresa formalizara un contrato de relevo. Con la entrada en vigor, el 1 de abril de 2025, del Real Decreto-ley de reforma del sistema de Seguridad Social, se introdujo un requisito que chocaba frontalmente con la dinámica del empleo público: el contrato de relevo debía ser indefinido y a tiempo completo.

En las Administraciones Públicas, el acceso a un puesto de trabajo está sujeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que se instrumentan a través de ofertas de empleo público anuales. La exigencia de simultaneidad entre el jubilado parcial y el relevista fijo resultaba prácticamente imposible de cumplir, lo que generó un vacío normativo que afectaba a miles de empleados públicos y multiplicaba las reclamaciones ante los juzgados de lo social.

El nuevo sistema gradual de contratación de relevistas

El Real Decreto-ley recién aprobado introduce un instrumento de planificación que permite a las Administraciones ajustar la cobertura de las jubilaciones parciales a sus propias ofertas de empleo. La clave reside en un sistema de dos niveles:

  • Con carácter preferente, se contratará a un relevista fijo conforme a las reglas de acceso al empleo público. La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha reservado 854 plazas para este fin.
  • Si no es posible formalizar ese contrato fijo de manera simultánea, se podrá recurrir a una contratación temporal de sustitución a jornada completa, que finalizará bien cuando se celebre el contrato fijo o al término del segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial.

De este modo, se garantiza que el puesto de trabajo del relevista —que puede ser el mismo o diferente al del sustituido— no quede bloqueado por la rigidez de los procedimientos selectivos.

El nuevo Real Decreto-ley introduce un sistema gradual que permite a las Administraciones Públicas cumplir con la obligación de contratar un relevista sin vulnerar los principios de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.

La norma incorpora además un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027. Durante ese período, se podrá vincular la jubilación parcial a un contrato fijo a tiempo completo que se hubiese formalizado a partir del 1 de abril de 2024 como resultado de convocatorias derivadas de ofertas de empleo público ordinarias, facilitando la adaptación progresiva.

La Doctrina del Tribunal

La modificación legal tiene un impacto directo en la labor de los juzgados de lo social, que en los últimos años habían recibido una oleada de demandas por la imposibilidad de simultanear la jubilación parcial con un relevista fijo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo había sido terminante al exigir la simultaneidad como requisito constitutivo del derecho, y los órganos judiciales de instancia aplicaban este criterio con rigor, provocando numerosas desestimaciones.

Con el nuevo marco, la doctrina que emana de la norma flexibiliza aquella exigencia, desplazando el foco hacia la planificación administrativa. Los jueces deberán ahora verificar, en primer lugar, si la Administración demandada ha incluido en su oferta de empleo la cobertura de las jubilaciones parciales y ha seguido el orden de prelación (fijo, luego temporal). La aplicación del régimen transitorio exigirá asimismo una interpretación de los contratos fijos previos, lo que previsiblemente generará los primeros pronunciamientos de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.

La solución normativa reduce la litigiosidad estructural y aporta seguridad jurídica, pero deja abierta la casuística sobre la acreditación de la imposibilidad de simultaneidad, cuestión que los juzgados de lo social deberán aquilatar a la luz de los principios de eficacia y proporcionalidad que rigen la actuación administrativa.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Reforma del régimen de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas mediante un Real Decreto-ley que introduce un sistema gradual de contratación de relevistas.
  • Datos importantes: Real Decreto-ley (sin número oficial al cierre), entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aplicación de los artículos 23.2 y 103.3 CE, reserva de 854 plazas en la OEP 2026 y régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027.
  • Fecha de los juicios: N/A. La reforma no deriva de un proceso judicial concreto, pero surtirá efectos en los litigios que se planteen tras su entrada en vigor.
  • Personas acusadas y por qué: N/A.

Guerra abierta: Moreno amenaza con repetir elecciones en octubre si Vox bloquea su investidura

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía naufraga hoy en primera votación. Vox mantiene su ‘no’, lo que fuerza una segunda ronda el jueves con mayoría simple. Moreno amenaza con repetir elecciones el 25 de octubre.
  • ¿Quién está detrás? Juanma Moreno, presidente en funciones y candidato del PP andaluz. La dirección nacional, con Feijóo al frente, respalda su estrategia de presión.
  • ¿Qué impacto tiene? Andalucía se asoma a seis meses de interinidad presupuestaria y a unas nuevas elecciones que paralizarían la elaboración de las cuentas de 2027.

Juanma Moreno ha dado esta mañana el primer aviso serio de repetición electoral desde que comenzó la legislatura andaluza. En pleno debate de investidura, con los 15 diputados de Vox dispuestos a votar en contra, el presidente en funciones señaló en el calendario el 25 de octubre: si para entonces no se ha formado Gobierno, Andalucía irá de nuevo a las urnas. Una amenaza explícita que traslada toda la presión a los de Abascal a las puertas de la segunda votación del jueves.

El portavoz de Vox en la Cámara, Manuel Gavira, lo confirmó sin ambages: «Vamos a votar que no». Las negociaciones llevan semanas encalladas y la primera ronda, que exige mayoría absoluta, se daba por perdida incluso antes del hemiciclo. Pero la novedad es que Moreno, por primera vez, verbaliza el horizonte electoral y lo utiliza como palanca.

La crónica de un bloqueo: la primera votación descarrila y el foco mira al jueves

Las sesiones en el Parlamento andaluz han mostrado dos partidos separados por un foso ideológico. Las conversaciones capitaneadas por Antonio Sanz y Antonio Repullo no han aproximado posturas en el punto más sensible: la exigencia de Vox de blindar por escrito la «prioridad nacional» —que los ciudadanos andaluces tengan preferencia absoluta sobre los inmigrantes en ayudas sociales y vivienda pública—. El PP de Moreno rechaza de plano ese marco, fiel a la imagen moderada que el presidente en funciones ha cultivado durante años. «Voy a seguir siendo fiel a mi manera de entender la política, porque la mayoría quiere vivir en una Andalucía serena, de convivencia y respeto», reiteró esta mañana.

La primera votación, celebrada este martes, será fallida: Vox no solo votará ‘no’, sino que su portavoz ha dejado caer que podrían mantener la posición en la segunda vuelta si no hay cesión sustancial. Fuentes del PP andaluz confían, sin embargo, en que la presión de un posible adelanto electoral cambie las tornas en las 48 horas de margen antes de la cita del jueves. La dirección regional insiste en que la agenda económica y los Presupuestos de 2027 son la prioridad real, y que un bloqueo prolongado abocaría a una prórroga presupuestaria dañina para la comunidad.

El calendario, por tanto, se estrecha. Moreno necesita mayoría simple el jueves para revalidar el cargo. Si no la consigue, empezaría a correr el reloj de dos meses antes de disolución automática, con el 25 de octubre como fecha límite ineludible. El riesgo no es menor: desde las elecciones del 17 de mayo, contaríamos casi medio año sin Gobierno operativo.

La verdadera partida de ajedrez comienza en las 48 horas posteriores a la primera votación.

La ‘prioridad nacional’, el obstáculo que rompe la baraja

El choque ideológico tiene nombre propio: «prioridad nacional». La exigencia de Vox, ya asumida por los barones del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, choca con el perfil de Moreno, que la considera un «engaño racista». Los de Abascal exigen un compromiso por escrito, mientras el presidente en funciones solo ofrece un programa de gobierno basado en rebajas fiscales, endurecimiento contra la okupación y un refuerzo de las ayudas a las familias. Tender puentes, pero sin cruzar la línea roja. Esa ambigüedad calculada es la que los ultraconservadores pretenden romper.

Moreno intentó esta misma mañana tejer complicidades con guiños en materias donde el entendimiento es viable: prometió nuevas rebajas fiscales, un endurecimiento de las políticas contra la okupación y una postura más beligerante frente a tratados comerciales que perjudican al campo, como Mercosur. Este último compromiso exige, sin embargo, un equilibrio delicado para quien ostenta una vicepresidencia en el Comité de las Regiones en Bruselas. El Pacto Verde europeo sigue siendo un límite que el PP andaluz no quiere traspasar, aunque sí está dispuesto a pedir demoras en su aplicación.

Mientras tanto, la izquierda parlamentaria observa el forcejeo con indisimulada ironía. Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, calificó la negociación de «teatrillo» y exigió transparencia sobre los documentos que se intercambian. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, retó a Moreno a denunciar la «prioridad nacional» como un engaño racista. Pero el verdadero eco electoral no lo tienen los escaños de la izquierda, sino los 15 diputados de Vox.

El Eje del Poder Popular

La crisis andaluza no es un asunto aislado. Génova sigue el pulso con extremo cuidado. Alberto Núñez Feijóo respalda sin fisuras a su barón andaluz, pero la dirección nacional sabe que lo que ocurra en Sevilla marcará la estrategia con Vox en otras plazas. El patrón es conocido: allí donde el PP tiene mayoría suficiente, la «prioridad nacional» o similar se convierte en moneda de cambio para investiduras. Andalucía, con 58 escaños populares frente a 109 del total, es el laboratorio más relevante. Según fuentes de la cúpula consultadas por Moncloa.com, la línea de Génova es no ceder en el envite, aunque eso suponga tensar las costuras del entendimiento con Vox. La lectura interna es que una cesión en Andalucía abriría la puerta a exigencias aún mayores en futuras negociaciones autonómicas.

En el plano territorial, la incertidumbre andaluza tiene un impacto fiscal inmediato. Las cuentas de 2027 quedarían en el aire, y las rebajas fiscales anunciadas —nuevas deducciones en el IRPF para familias y autónomos— se congelarían. Los grandes ayuntamientos populares, como los de Sevilla y Málaga, ya han transmitido su preocupación por la parálisis inversora. El propio Moreno vinculó expresamente la gobernabilidad con la elaboración de los Presupuestos: «Andalucía no puede perder el tiempo». El mensaje estaba dirigido tanto a Vox como a su propio electorado, que mayoritariamente respaldó la gestión moderada del anterior mandato.

A medio plazo, si la investidura fracasa definitivamente, el PP andaluz tendrá que afrontar unas elecciones anticipadas con el riesgo de que el voto de la derecha se fragmente aún más. La repetición electoral en octubre beneficiaría, paradójicamente, a un Vox que podría presentarse como víctima del inmovilismo popular. En la sede de San Telmo son conscientes de esa paradoja, pero confían en que la amenaza de urnas obligue a Vox a modular sus exigencias y a conformarse con un pacto centrado en la agenda económica y agraria. La gestión de los tiempos, ahora, es la principal baza negociadora.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: «Andalucía necesita estabilidad y Presupuestos de 2027; Vox debe elegir entre bloquear o facilitar la gobernabilidad moderada».
  • Protagonista: Juanma Moreno (presidente en funciones de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Segunda votación de investidura el jueves 2 de julio, donde bastará mayoría simple.