La sátira política Vota Juan regresa a Max con su aclamado y gamberro reparto original

Vota Juan vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no es por un estreno, sino por algo casi mejor: el público la está redescubriendo. Según los rankings de JustWatch, la serie ha subido miles de posiciones en pocos días dentro de las listas de streaming en España, superando en junio de 2026 a producciones mucho más recientes.

No es casualidad. Con Javier Cámara encabezando un reparto que muchos consideran generacional, la trilogía sobre el ministro Juan Carrasco ha demostrado algo que pocas comedias logran: envejecer bien en tiempos de crispación política constante. Y en 2026, con el ciclo electoral siempre presente en la conversación pública, la fórmula vuelve a conectar.

Vota Juan, la semilla de una trilogía que no ha dejado de crecer

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Todo empezó el 25 de enero de 2019, cuando TNT estrenó los primeros ocho episodios de esta comedia sobre un ministro de Agricultura mediocre que decide presentarse a las primarias de su partido. Nadie esperaba que aquella apuesta se convirtiera en una de las ficciones españolas más comentadas de la década.

La clave estuvo en el guion de Diego San José y Juan Cavestany, que retrataron «la cocina» de la política sin idealizarla ni caricaturizarla en exceso. El resultado fue una comedia incómoda, reconocible y, sobre todo, muy española en su forma de reírse de sí misma.

Javier Cámara, el actor que convirtió a un político mediocre en icono de culto

En Vota Juan, Javier Cámara da vida a Juan Carrasco con una mezcla de patetismo y ternura que pocos actores logran sostener durante tres temporadas. El propio Cámara ha reconocido en entrevistas que hay escenas del rodaje «en las que ni me reconozco», precisamente por lo incómodo del personaje.

Ese compromiso le valió un premio Ondas, un Feroz y el reconocimiento de la Unión de Actores. María Pujalte, en el papel de la jefa de prensa Macarena, completa un dúo protagonista que sostiene buena parte del peso cómico de la serie.

De Vamos Juan a Venga Juan: así evolucionó la saga hasta HBO Max

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La segunda temporada, titulada Vamos Juan, se llevó el Premio Feroz a mejor comedia y el Ondas a mejor serie. La tercera, Venga Juan, dio el salto a HBO Max en noviembre de 2021, con Juan Carrasco reconvertido en ejecutivo de una empresa energética tras dejar la política.

Esta última entrega mantuvo casi intacto el reparto original y sumó nombres como Manolo Solo y Óscar Martínez, ganador de la Copa Volpi en Venecia. La crítica destacó especialmente cómo la serie logró radiografiar las puertas giratorias sin perder su tono de comedia negra.

Por qué esta sátira sigue funcionando en 2026

Ocho años después de su estreno, Vota Juan conserva algo que muchas comedias políticas pierden con el tiempo: la capacidad de hacer reír sin necesidad de nombrar a ningún partido real. Esa ambigüedad deliberada es, según sus creadores, la razón de que la serie no haya envejecido mal.

Además, el regreso de la trilogía completa a plataformas como Movistar Plus+ y HBO Max ha facilitado que nuevas generaciones de espectadores la descubran de una sola sentada, algo que el formato de miniserie de ocho episodios hace especialmente sencillo.

  • Guion afilado firmado por Diego San José, sin necesidad de mencionar partidos reales.
  • Reparto coral que incluye a María Pujalte, Adam Jezierski y Joaquín Climent en papeles memorables.
  • Formato breve, ideal para un maratón de fin de semana.
  • Vigencia temática, ya que retrata dinámicas de poder que no han cambiado con los años.

Lo que viene: ¿hay margen para una cuarta entrega?

De momento no hay ningún anuncio oficial sobre una posible cuarta temporada, y conviene tomar con cautela cualquier rumor que circule por redes sociales. Lo que sí parece claro es que el apetito del público por este tipo de sátira política no ha hecho más que crecer en los últimos años.

Si algo demuestra el resurgir de Vota Juan en los rankings de 2026 es que las buenas historias no caducan, simplemente esperan su momento para volver a encontrar audiencia. Y con la política siempre en el centro del debate, esta trilogía tiene todas las papeletas para seguir sumando espectadores nuevos durante mucho tiempo.

Mojtaba Khamenei venganza: el nuevo líder supremo de Irán amenaza con atacar EE. UU. y Trump responde con 1.000 misiles

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha jurado vengar la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, y de todos los iraníes caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel, con una amenaza directa de represalias. Donald Trump responde que hay “1.000 misiles apuntados” a Irán.
  • ¿Quién está detrás? La amenaza parte del núcleo duro del régimen iraní, en pleno pulso con Washington, mientras el Estados Unidos exige la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz y acusa a la Guardia Revolucionaria de sabotear el alto el fuego.
  • ¿Qué impacto tiene? La escalada tensiona el suministro de crudo a España y la UE, dispara el precio del barril Brent y pone a las empresas energéticas españolas —con Repsol a la cabeza— en una situación de alta incertidumbre.

El ayatolá Mojtaba Khamenei ha dado este sábado un paso más en la escalada entre Irán y Estados Unidos al prometer venganza por la muerte de su padre y de todos los iraníes caídos en el reciente conflicto bélico con Washington y Tel Aviv. La declaración, difundida por escrito, supone la primera amenaza pública explícita del nuevo líder supremo, que llevaba semanas sin aparecer desde que resultó herido en un bombardeo al inicio de la guerra.

La amenaza directa de Irán y la respuesta de Trump

“Juramos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras, tomando represalias contra los criminales y vergonzosos asesinos”, escribió Mojtaba Khamenei en su comunicado, recogido por el Washington Examiner. El mensaje no menciona solamente a las fuerzas armadas estadounidenses: los carteles exhibidos durante los seis días de funerales multitudinarios del anterior líder supremo rezaban “Kill Trump” (Matad a Trump), apuntando directamente al presidente.

La respuesta de Donald Trump fue inmediata y contundente. “1.000 misiles están cargados y apuntados a la República Islámica de Irán, con miles más listos para seguir inmediatamente, si el gobierno iraní actúa sobre su amenaza de asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos”, escribió el mandatario en sus redes sociales. “Las órdenes ya se han dado, y el ejército está preparado, dispuesto y capacitado para decimar por completo todas las zonas de Irán”.

El impacto para España: el Estrecho de Ormuz y el petróleo

Más allá del intercambio de amenazas, la crisis se ha trasladado al mar. La administración Trump exigió el viernes que Irán anunciase la reapertura del Estrecho de Ormuz antes del sábado, una demanda que Teherán ha ignorado hasta ahora. Según fuentes oficiales estadounidenses, los recientes ataques a buques comerciales fueron obra de una unidad radical de la Guardia Revolucionaria con el objetivo de boicotear el alto el fuego en vigor desde abril.

Para España, el tránsito por Ormuz es una arteria vital. Cerca del 20% del petróleo que consume la UE atraviesa ese estrecho, y Repsol mantiene intereses estratégicos en la región. Cualquier interrupción prolongada dispararía el barril Brent por encima de los 100 dólares, con un impacto directo en el bolsillo de los españoles: subida de gasolinas, encarecimiento del transporte y presión al alza sobre la inflación. El gobierno de Pedro Sánchez sigue de cerca la situación, mientras Bruselas evita pronunciarse de forma unilateral.

La Lógica de Washington

La lógica de la Casa Blanca es tan antigua como la navegación por el Golfo Pérsico: la libertad de movimiento marítimo no se negocia. Para Washington, la seguridad del Estrecho de Ormuz es un pilar de su arquitectura defensiva global, comparable al compromiso con la OTAN o al despliegue en el Pacífico. Si Irán lograra cerrar el paso sin una respuesta contundente, el mensaje al resto de potencias sería desastroso. La amenaza de Trump sobre los 1.000 misiles no busca tanto la guerra como la disuasión absoluta, una doctrina que recuerda a la Operación Mantis Religiosa de 1988, cuando Ronald Reagan ordenó volar la flota iraní tras daños a petroleros en el Golfo.

La amenaza de Trump de aniquilar Irán con mil misiles no es solo una fanfarronada: es una línea roja que Washington ha trazado para proteger el flanco marítimo del que dependen España y toda Europa.

Internamente, el pulso con Irán le sirve al presidente para reforzar su imagen de firmeza ante su electorado y disciplina frente a quienes —como los sectores más duros del Partido Republicano— le exigen mano dura desde el primer día. Para España, la lectura es doble: por un lado, la estabilización del estrecho es crucial para sus refinerías y su plan de descarbonización, que depende del crudo como puente; por otro, un conflicto prolongado dispararía los costes energéticos de la industria española —Iberdrola y Repsol entre las más expuestas— y pondría a prueba la capacidad de La Moncloa para contener la inflación con los presupuestos de 2026 recién aprobados. La próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre será clave: si el precio del petróleo se mantiene alto, el FOMC podría verse forzado a retrasar cualquier recorte de tipos, encareciendo la financiación de la deuda soberana española.

Ficha del Caso

  • El caso: Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo iraní, amenaza con represalias directas contra Estados Unidos por la muerte de su padre durante la guerra. Donald Trump responde con la movilización de un arsenal de misiles y exige la reapertura del Estrecho de Ormuz.
  • Datos clave: 1.000 misiles cargados apuntan a Irán; el estrecho de Ormuz canaliza el 20% del suministro petrolero de la UE; Repsol y Iberdrola figuran entre las empresas españolas más afectadas; el alto el fuego de abril se encuentra en riesgo.
  • Para España: La crisis eleva el precio del barril Brent y amenaza con un nuevo repunte inflacionario, justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez gestiona unos presupuestos sensibles al coste energético. Una eventual intervención militar no deseada encarecería las importaciones y pondría presión sobre la financiación pública.

Abelardo de la Espriella marca sus prioridades de gobierno: las inundaciones en Casanare y el impacto en empresas españolas

Una sola reunión, en plena zona de desastre, puede marcar el rumbo de una presidencia. Eso es lo que hizo Abelardo de la Espriella este sábado en Casanare, al reunirse con el gobernador César Ortiz y los 19 alcaldes afectados por las inundaciones. La reconstrucion de ese departamento, que lucha contra el agua, se ha convertido en la primera prioridad de su gobierno entrante. Y para España, esa urgencia abre una ventana de negocio que no conviene despreciar.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 8/10. La emergencia en Casanare movilizará fondos públicos colombianos para obras de infraestructura, un ámbito donde las constructoras españolas tienen una cuota de mercado consolidada. Según datos del ICEX, España es el segundo inversor extranjero en Colombia, con más de 5.000 millones de euros acumulados en sectores como el transporte, la energía o el agua.

Casanare, en estado de emergencia: un empalme con los pies en el barro

El presidente electo no eligió un despacho en Bogotá para iniciar su transición. Se fue directamente a la llanura inundada. Las lluvias torrenciales han desbordado ríos y afectado a miles de hectáreas, dejando municipios aislados y cultivos perdidos. De la Espriella, junto al gobernador César Ortiz y los representantes de los 19 municipios, repasó las necesidades más urgentes: vías, puentes, sistemas de drenaje y, sobre todo, presupuesto.

El encuentro sirvió para marcar el tono de un Gobierno que quiere mostrarse territorial desde el minuto cero. Infraestructura, seguridad y desarrollo fueron los tres ejes del empalme, según confirmó el equipo de transición. Pero en la práctica, la reconstrucción se lleva la mayor parte de la atención y de los futuros recursos. Y aquí es donde entra España.

Empresas españolas, entre las mejor posicionadas para la reconstrucción

Colombia es uno de los mercados naturales para la ingeniería y la construcción españolas. Firmas como Sacyr, FCC o Acciona llevan años ejecutando autopistas, plantas de tratamiento de aguas y hospitales en el país. La experiencia acumulada en gestión de crisis hídricas y en obra civil de emergencia les da una ventaja competitiva evidente.

El presidente electo ha dejado claro que la recuperación de Casanare será un proyecto de Estado, lo que implica contratos de obra pública con financiación internacional. Las multilaterales, como el BID o la CAF, suelen ser los socios de las constructoras españolas en este tipo de licitaciones. De hecho, en los últimos cinco años, las empresas españolas han participado en proyectos por más de 2.000 millones de euros en Colombia, según cifras de la Cámara de Comercio de España.

La reconstrucción de Casanare no será barata. Se calcula que los daños solo en infraestructura vial superan los 150 millones de dólares. Para el tejido empresarial español, este es un aviso de que hay que estar atentos a los pliegos y a los socios locales. No es solo una cuestión de negocio: la presencia de empresas españolas en la rehabilitación refuerza la imagen de España como aliado fiable en momentos críticos, un activo intangible que ningún Gobierno debería descuidar.

Más que una emergencia: la sólida relación inversora entre España y Colombia

Conviene recordar que la presencia económica española en Colombia no es flor de un día. Más de 800 empresas españolas están radicadas en el país andino, generando empleo y transfiriendo tecnología. La relación bilateral, consolidada durante décadas, se ha traducido en un flujo constante de inversiones que abarca desde el sector financiero hasta las renovables.

La apuesta de De la Espriella por Casanare, además de ser una necesidad humanitaria, supone un primer test de su política económica. Las empresas españolas que operan en Colombia saben que los inicios de un nuevo gobierno pueden definir las reglas del juego para todo el mandato. Por eso, la elección de una prioridad que pasa inevitablemente por la contratación pública envía una señal que analizaremos durante semanas: ¿será ágil y transparente la licitación? ¿respetará los estándares internacionales de cumplimiento?

La reconstrucción de Casanare movilizará más de 150 millones de dólares solo en carreteras, una cifra equivalente a la inversión anual de varias empresas españolas en la región.

El presidente electo ha demostrado que sabe dónde aprieta el zapato. Ahora falta ver si su equipo es capaz de convertir la emergencia en un plan de contratación que no espante al capital extranjero. España puede y debe ser parte de la solución, siempre que se juegue con transparencia y reglas claras. La historia nos dice que cuando Colombia crece, las empresas españolas también lo hacen.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, ha iniciado el empalme regional en Casanare con una reunión que prioriza la emergencia por inundaciones.
  • Datos importantes: Las lluvias han causado daños millonarios; la reconstrucción demandará contratos de infraestructura. España es el segundo inversor extranjero en Colombia, con más de 5.000 millones de euros acumulados.
  • Resumen: La crisis abre una oportunidad clara para las empresas españolas de ingeniería y construcción, siempre que la licitación sea transparente y respete los estándares internacionales que las compañías exigen.

Trump retrasa la eliminación del TPS para haitianos y mantiene permisos de trabajo a 350.000 migrantes

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha pospuesto al 24 de julio la caducidad de los permisos de trabajo de al menos 350.000 haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS).
  • ¿Quién está detrás? Donald Trump cede ante la presión de empresarios y del congresista republicano Mike Lawler, que se enfrenta a una dura reelección en Nueva York.
  • ¿Qué impacto tiene? La prórroga da un respiro a sectores como la sanidad, la hostelería y la construcción, que dependen de esta mano de obra. Para las empresas españolas en Florida, supone un alivio laboral inmediato.

Con un simple aviso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Donald Trump ha conseguido algo que parecía imposible: cabrear a sus bases más duras y, al mismo tiempo, dar un respiro a los empresarios que le apoyan. El presidente ha pospuesto al 24 de julio la caducidad de los permisos de trabajo de al menos 350.000 haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status o TPS). La medida, confirmada el viernes 11 de julio, evita que miles de trabajadores queden en la ilegalidad de la noche a la mañana.

La prórroga de apenas dos semanas deja a los haitianos en un limbo laboral. Pero también a a las residencias de ancianos, hospitales, aeropuertos y escuelas que los emplean. Según sindicatos y organizaciones laborales, algunos empleadores ya habían empezado a despedir a trabajadores con TPS antes de conocerse la noticia. El alivio ha sido tan súbito como efímero.

Los datos de la prórroga

El TPS se creó para que nacionales de países devastados por catástrofes o conflictos pudieran residir y trabajar en EE. UU. sin miedo a la deportación. Haití lo recibió tras el terremoto de 2010. Pero la administración Trump lleva meses anunciando su fin. Inicialmente los permisos debían expirar este mismo viernes 11 de julio. Ahora, los haitianos tienen hasta el 24 de julio. Otros migrantes con TPS —de Myanmar, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Somalia— verán caducar sus permisos el próximo viernes 18 de julio.

La decisión no es sólo un gesto humanitario. Es un balón de oxígeno para los empleadores que reclutan a estos trabajadores con salarios que suelen estar por debajo del mercado. Según The Washington Post, las empresas están presionando entre bastidores para conseguir más tiempo y, si es posible, una nueva prórroga. El sector sanitario, que en estados como Florida depende de decenas de miles de auxiliares haitianos, es uno de los más activos.

El congresista que dobló el pulso a la Casa Blanca

El republicano Mike Lawler, representante por Nueva York, se ha apuntado el tanto. «Tras mis conversaciones con el presidente Trump y el secretario Mullin, estoy agradecido de que hayan dado este paso», declaró. Lawler, que se enfrenta a una reñida campaña de reelección, cuenta con donantes que han construido sus negocios con la expectativa de que el Gobierno federal proporcione un flujo continuo de trabajadores migrantes. La prórroga es, en buena medida, una victoria de su lobby.

La Casa Blanca ha cedido sin modificar su discurso: el retraso compra tiempo a los empresarios mientras mantiene viva la promesa electoral de cerrar el grifo migratorio.

La Lógica de Washington

¿Por qué un presidente elegido con el mandato de sellar la frontera frena la expulsión de 350.000 migrantes? Porque el Partido Republicano actual es una coalición incómoda entre el votante antiinmigración y el donante de Wall Street y de las patronales que necesita mano de obra barata. Trump lo sabe. Su zig-zag migratorio no es improvisación: ya ordenó a sus agentes no detener a muchos indocumentados en la agricultura, la hostelería y los restaurantes. Esta doble vara es una tradición en la política migratoria americana. Ronald Reagan legalizó a millones de indocumentados en 1986 mientras prometía controlar la frontera. George W. Bush intentó en 2004 un programa de trabajadores temporales que chocó con las bases de su propio partido. La prórroga del TPS es el último capítulo de esa historia.

Para España, la lectura es doble. Las empresas españolas con presencia en Florida —desde constructoras hasta cadenas hoteleras como Meliá o NH Hotel Group— respiran aliviadas. Mantener a sus trabajadores haitianos dos semanas más evita disrupciones en plena temporada alta. A largo plazo, sin embargo, les obliga a diseñar planes de contingencia: si el TPS muere el 24 de julio, tendrán que contratar a estadounidenses a precios de mercado, con el consiguiente aumento de costes.

La segunda lectura es política. Washington demuestra que, incluso en temas ideológicos, el dinero pesa más que el discurso. Para La Moncloa, acostumbrada a ver a Trump como un volcán proteccionista, la lección es valiosa de cara a futuras fricciones comerciales. Si la presión empresarial es suficientemente intensa, la Casa Blanca puede modular su agenda. Una pauta que Madrid y Bruselas harían bien en estudiar.

Ficha del Caso

  • El caso: La administración Trump prorroga hasta el 24 de julio los permisos de trabajo de los haitianos con TPS, retrasando una decisión que afecta a sectores económicos clave.
  • Datos clave: 350.000 migrantes haitianos beneficiados; prórroga de dos semanas; otros países con TPS expiran el 18 de julio; presión del congresista Lawler y de empresarios.
  • Para España: Alivio temporal para las empresas españolas en Florida que emplean a haitianos, pero urgencia de planificar la transición laboral si el programa no se renueva.

Eclipse solar en Aragón: el turismo dispara los precios a 1.500 euros por dos noches en Zaragoza y Teruel

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 ha disparado las reservas en las 157 localidades aragonesas con mejor visibilidad, con precios de hasta 1.500 euros por dos noches.
  • ¿Quién está detrás? La cita astronómica atrae a miles de visitantes a las provincias de Zaragoza y Teruel, donde la oferta hotelera ya roza el lleno un mes antes.
  • ¿Qué impacto tiene? Un impulso económico para el turismo interior, aunque con tensiones de precios y la necesidad de gestionar una afluencia masiva en municipios de pequeño tamaño.

El próximo 12 de agosto, un eclipse total de sol sumirá en la penumbra durante 1 minuto y 43 segundos a 157 localidades de Zaragoza y Teruel. La expectación astronómica se ha transformado en un fenómeno turístico sin precedentes: los alojamientos rozan el lleno y los precios se han disparado hasta los 1.500 euros por dos noches.

La duración del eclipse, comparable al tiempo que Marc Márquez tarda en dar una vuelta al circuito de Motorland Aragón, ha servido de gancho. Pero lo que realmente marca la diferencia es que Aragón se sitúa en el epicentro del pasillo de totalidad, con 157 municipios que disfrutarán del cielo oscurecido en pleno día. Esa posición privilegiada ha encendido todas las alertas en el sector turístico.

Un minuto y 43 segundos que valen 1.500 euros

Según los datos recabados entre alojamientos hoteleros y casas rurales, los precios han escalado de forma acelerada. Las reservas para dos noches en las zonas de mayor visibilidad se sitúan, de media, entre los 600 y los 1.500 euros. Muchos establecimientos ya cuelgan el cartel de completo. La concentración de demanda en municipios pequeños del medio rural está tensionando la oferta como jamás se había visto.

El fenómeno recuerda a otras citas astronómicas, pero la singularidad de que la franja de totalidad atraviese Aragón de oeste a este ha convertido a la comunidad en un observatorio natural masivo. Para algunas casas rurales, agosto de 2026 supone un ingreso que multiplica por cuatro el de un agosto normal.

Las 157 localidades del eclipse: todo vendido

Desde pueblos de la sierra hasta las capitales, la ocupación ronda el 95% a un mes de la cita. En Teruel, la Federación de Empresarios de Hostelería confirma que solo quedan habitaciones sueltas en establecimientos de categoría superior, mientras que en Zaragoza los hoteles del centro ya derivan reservas a zonas periféricas. El turismo del eclipse no solo llena camas: está rellenando la despensa de bares, restaurantes y comercios locales.

Los observatorios astronómicos y las asociaciones de aficionados colaboran con los ayuntamientos para organizar actividades complementarias. La previsión meteorológica favorable de agosto añade un plus de fiabilidad. Sin embargo, la masificación también preocupa a los servicios de emergencia y protección civil, que ultiman un plan especial para garantizar la seguridad en los puntos de máxima afluencia.

El cielo de Aragón se apagará durante el mismo tiempo que Marc Márquez emplea en batir un récord en Motorland, pero el verdadero impacto económico se cuenta en millones de euros.

El Pulso Territorial

Aragón gobierna con un ejecutivo de coalición entre el PAR y el PSOE, con la consejería de Turismo en manos del partido regionalista. Este eclipse es una oportunidad dorada para visibilizar el turismo de interior, una apuesta estratégica del Gobierno autonómico que busca diversificar la economía más allá de la industria y la agroalimentación. Sin embargo, la falta de regulación de precios y la presión sobre infraestructuras de municipios que apenas suman unos cientos de habitantes pueden generar tensiones en las próximas semanas.

En el contexto nacional, la región se alinea con otras comunidades que han sabido exprimir eventos astronómicos, como Canarias con el turismo de estrellas, pero la escala de la asistencia prevista para este eclipse es inédita. Los datos de reservas confirman que Zaragoza y Teruel absorberán una ola de visitantes que supera con creces la de un Gran Premio de MotoGP. El reto ahora es que esa explosión de demanda no degrade la experiencia ni la imagen de la región. Las próximas semanas serán clave para ajustar la logística y, sobre todo, para que el eclipse no acabe siendo un simple espejismo económico.

Ficha Autonómica

  • El caso: La inminencia de un eclipse total de sol moviliza al sector turístico aragonés con una antelación sin precedentes.
  • Datos importantes: 157 municipios con mejor visibilidad; precios de hasta 1.500 euros por dos noches; duración del eclipse de 1 minuto y 43 segundos; ocupación hotelera al 95% un mes antes.
  • Resumen: El turismo en Aragón vive un momento excepcional que, bien gestionado, puede dejar beneficios duraderos. Queda por resolver la tensión de precios y la planificación de emergencias en localidades pequeñas.

El ‘yonqui del dinero’ ingresa en prisión y reabre la trama de corrupción del PP valenciano

Marcos Benavent, el ‘yonqui del dinero’, ha entrado en prisión para cumplir su primera condena firme del caso Taula: casi ocho años de cárcel por blanqueo y falsedad. ‘Una temporadita entre rejas’, la llamó con estoicismo el pasado viernes al recoger el auto de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, según relatan periodistas que lo acompañaron en la puerta de la Ciudad de la Justicia. La firmeza de la sentencia cierra un capítulo personal para el antiguo gerente de la empresa pública Imelsa y reabre las heridas de la corrupción que devoró al PP de la provincia de Valencia.

La historia de Benavent es la de un recaudador de mordidas que, instalado a la sombra del entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, grabó más de diez horas de comprometedoras conversaciones con dirigentes populares. Esas cintas, guardadas en un viejo ordenador, salieron a la luz gracias a una venganza familiar: su exsuegro, el empresario Mariano López, las entregó a la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo tras un tormentoso divorcio. Ahora, casi una década después, el ‘yonqui’ asume las consecuencias mientras su sombra sigue planeando sobre las cloacas del partido.

Un personaje entre la picaresca y la tragedia

El apodo de ‘yonqui del dinero’ se lo puso él mismo al comparecer por primera vez ante los medios: un expolítico resucitado en místico, dispuesto a colaborar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con la Fiscalía Anticorrupción. Durante años, Benavent proporcionó documentos que obraron como una llave maestra. Las grabaciones del Nokia del gerente llevaron directamente al epicentro de la financiación irregular del PP.

Su periplo vital parece extraído de un sainete valenciano. Huyó del país tras saber que la UCO le pisaba los talones, viajó por Japón, Ecuador y Holanda y regresó para entregar a su abogado todo el material que escondía. Sin embargo, en 2021 dio un bandazo: rompió su colaboración, cambió de letrado y se desdijo de cuanto había declarado. La Audiencia no le creyó y ahora lo envía a la cárcel. El ‘yonqui’ pagará su primera deuda con la justicia, aunque aún quedan piezas del caso Taula por juzgar.

De aquellas grabaciones de un Nokia nacieron investigaciones que llevaron a la condena de Eduardo Zaplana y salpicaron a toda la cúpula del PP provincial.

La red subterránea: de Taula a Erial y más allá

Bajo el mismo alcantarillado de la corrupción valenciana, todo está conectado. La UCO encontró entre los papeles de Benavent un regalo envenenado: anotaciones sobre empresas mercantiles que un empresario sirio, Imad Al Naddaf, había descubierto al alquilar una vivienda cuyo inquilino anterior había sido Eduardo Zaplana. Aquel hallazgo, hoy conocido como caso Erial, acabó con el expresident de la Generalitat condenado a diez años de prisión en primera instancia, a la espera del recurso ante el Tribunal Supremo.

Del caso Taula nacieron también el caso Azud —que implicó a personajes próximos a Rita Barberá— y una genealogía de corruptos que parecía inacabable. Las grabaciones de Benavent y los documentos que custodiaba activaron causas en las que se investigó el saqueo de los contratos públicos durante más de dos décadas. La metáfora de las cloacas no es gratuita: basta con descender a una alcantarilla del Eixample para emerger en Campanar sin pisar un semáforo.

El Escenario Valenciano

El ingreso en prisión de Marcos Benavent reabre las disputas políticas en un momento en que la Generalitat Valenciana está gobernada por el pacto PPVox que preside Carlos Mazón. La oposición en las Corts Valencianes —PSPV y Compromís— ha aprovechado cada hito de los viejos sumarios para recordar la herencia de la corrupción. Fuentes del PSPV señalaron ayer que el caso Taula demuestra que “el PP valenciano no ha pasado página” porque los mecanismos de control que prometió reformar siguen siendo una asignatura pendiente.

En clave nacional, la saga Taula-Erial se alinea con otros escándalos que marcaron la legislatura de Mariano Rajoy. La operación Taula fue una de las causas que, sumadas a Gürtel y Púnica, sirvieron de munición para la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Hoy, desde el Gobierno central, se observa el goteo de condenas como una prueba de que el sistema judicial avanza, mientras el PP nacional intenta distanciarse de las tramas autonómicas. No obstante, las imágenes de ex altos cargos entrando en prisión siguen alimentando un desgaste que, en cada campaña electoral, reaparece en forma de reproche.

La proyección del caso es clara: Benavent aún tiene pendientes otros frentes judiciales en las piezas aún vivas de Taula y su credibilidad como testigo resultará crucial para el desenlace del caso Erial ante el Supremo. La sombra del ‘yonqui del dinero’ seguirá paseándose por los tribunales, recordando que el pasado nunca termina de cerrarse en la política valenciana.

Ficha del Caso

  • El caso: Marcos Benavent, antiguo gerente de Imelsa y pieza central del caso Taula, cumple su primera condena firme de casi ocho años por blanqueo y falsedad. Las grabaciones y documentos que entregó destaparon una vasta red de corrupción en el PP valenciano durante las décadas de 2000 y 2010.
  • Datos importantes: Condena de 8 años de prisión; grabaciones de más de 10 horas de conversaciones con cargos del PP; conexión con los casos Erial (Eduardo Zaplana) y Azud (círculo de Rita Barberá); colaboración inicial con la UCO y posterior desmentido.
  • Resumen: La entrada en la cárcel del ‘yonqui del dinero’ confirma las consecuencias penales de la corrupción pero también deja vivo el legado de las investigaciones que aún sacuden a la política valenciana y nacional.

La Generalitat contrata por un millón un servicio de desokupación de VPP por falta de personal

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La EVHA ha sacado a concurso un servicio de desokupación de viviendas públicas por un millón de euros (IVA incluido) para los próximos seis años.
  • ¿Quién está detrás? La Conselleria de Vivienda, con Susana Camarero al frente, y la empresa pública Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
  • ¿Qué impacto tiene? El contrato externaliza la respuesta ante ocupaciones ilegales las 24 horas, con coordinación policial y representación legal, ante la falta de personal propio.

La Generalitat Valenciana ha licitado un contrato que roza el millón de euros para contratar un servicio integral de desokupación de las viviendas del parque público. La medida, impulsada por la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero, busca externalizar una tarea que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA, la empresa pública de vivienda de la Generalitat) no puede asumir con los únicos dos funcionarios que tiene en activo para toda la Comunitat.

Esta externalización no es un hecho aislado. Semanas atrás, el Consell ya anunció la compra de un sistema de alarmas antiokupación por casi medio millón de euros y la contratación de vigilancia privada en algunos grupos de viviendas. Ahora, con este nuevo contrato, se completa un dispositivo que estará operativo durante los próximos seis años, con un valor de 800.000 euros sin IVA que, con impuestos, alcanza el millón.

Un servicio urgente para recuperar las viviendas ocupadas

Los pliegos de la licitación, a los que ha tenido acceso este diario, describen un servicio muy concreto: intervención en un plazo de una hora desde que salta un aviso, representación de la EVHA en los procedimientos judiciales y una actuación rápida que incluya la instalación urgente de puertas antiokupación, alarmas o cualquier otro sistema de protección. La empresa adjudicataria se coordinará directamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para restituir la posesión del inmueble “en el menor plazo posible”.

Entre las obligaciones del futuro contratista figuran también la gestión de trámites administrativos y judiciales, el acceso al sistema informático de la Generalitat y la garantía de “presencia y asistencia en las actuaciones de ejecución de los autos de entrada”. Todo ello, según recalca el pliego, respetando los derechos de las personas afectadas y con una marcada vocación de coordinación institucional.

La externalización necesaria: dos funcionarios para toda la Comunitat

El argumento central de la EVHA es demoledor: apenas dos funcionarios en activo para toda la Comunitat Valenciana. Con más de 500 expedientes administrativos de recuperación abiertos (de los que más de 300 corresponden a ocupaciones sin título), la entidad reconoce que no puede atender “con la celeridad y continuidad necesarias” las incidencias que se producen a diario, especialmente porque muchas conllevan una alta carga emocional y riesgo físico para el personal.

Dos personas no pueden gestionar la desokupación de un parque de 14.500 viviendas: por eso el Consell externaliza el servicio.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido contundente al poner cifras al problema: aproximadamente el 13% de las 14.500 viviendas del parque público valenciano están ocupadas de manera ilegal. Un porcentaje que, traducido en inmuebles, sugiere que hay alrededor de 1.900 pisos en manos de personas que carecen de título legítimo, y cuyo número, según la entidad, ha ido en aumento estos últimos años.

La EVHA justifica la externalización no solo por la falta de personal,sino también por la necesidad de rotar a los intervinientes y de ofrecer una respuesta “profesional, segura y respaldada institucionalmente”. Una rotación, insisten los informes, que evite el desgaste psicológico de quienes se enfrentan a situaciones de alta conflictividad.

El Escenario Valenciano

La decisión de la Conselleria de Vivienda se enmarca en un contexto político en el que la lucha contra la ocupación ilegal se ha convertido en una de las banderas del pacto PPVox que gobierna la Generalitat. Mientras el Consell refuerza esta línea con partidas millonarias, la oposición de PSPV y Compromís aún no ha fijado una posición unánime sobre este contrato, aunque en debates anteriores ha criticado lo que considera un enfoque que descuida las políticas sociales de acceso a la vivienda.

En clave nacional, el movimiento valenciano se alinea con la estrategia del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo y con las exigencias de Vox, que durante la negociación de los presupuestos autonómicos ha presionado para que se incluyan medidas expeditivas contra la okupación. De hecho, el modelo de externalización que ahora sigue Valencia ya ensayó la Comunidad de Madrid hace dos años, con un contrato similar que cubría la defensa legal inmediata de las viviendas públicas. Este giro reafirma la apuesta de las autonomías gobernadas por la derecha por soluciones que externalizan funciones que, hasta ahora, estaban reservadas al personal funcionario.

La proyección de esta historia es inmediata: el contrato se licita en pleno mes de julio y, si se adjudica sin recursos, empezará a funcionar antes de que acabe el año. De la rapidez y eficacia de ese servicio dependerá que la opinión pública perciba a la Conselleria como un gestor eficaz o, por el contrario, como un departamento que necesita un millón de euros para hacer lo que dos funcionarios no pueden. Mientras, la bolsa de expedientes de desokupación sigue creciendo.

Ficha del Caso

  • El caso: La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo saca a licitación un servicio integral de desokupación de viviendas públicas ante la imposibilidad de gestionar más de 500 expedientes con solo dos funcionarios.
  • Datos importantes: El contrato asciende a 800.000 euros sin IVA (un millón con impuestos) por seis años. Incluye respuesta urgente en una hora, representación legal y coordinación policial. El 13% del parque público de 14.500 viviendas está ocupado ilegalmente, según Mazón.
  • Resumen: La Generalitat externaliza la recuperación de inmuebles ocupados, en línea con la estrategia antiokupación del PP y Vox, mientras la oposición aún no se ha pronunciado en bloque.

Madrid acumula 152 muertes por calor en junio y julio: la alerta sanitaria se intensifica

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A toda la población, con especial riesgo para mayores de 65 años, niños y pacientes crónicos, en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid.
  • ¿Cuándo ocurre? La alerta por altas temperaturas comenzó en junio y se mantiene activa. Esta última semana (del 4 al 10 de julio) la región ha estado en nivel naranja, y las previsiones apuntan a nuevas olas de calor en las próximas semanas.
  • ¿Qué cambia hoy? La Consejería de Sanidad refuerza la atención telefónica a crónicos y activa el plan de prevención con recomendaciones de hidratación, evitar salir en las horas centrales y vigilar a los vecinos vulnerables.

Las altas temperaturas ya se han cobrado 152 vidas en la Comunidad de Madrid desde que arrancó el verano. La última semana, con máximas de hasta 42 grados y nivel naranja en la región, ha sumado 54 fallecimientos a la estadística, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Un balance que ha encendido todas las alarmas sanitarias.

El MoMo, que cruza datos de defunciones diarias, temperaturas de Aemet y la pirámide de población, permite estimar las muertes atribuibles al exceso de temperatura. En lo que va de campaña —del 16 de mayo a la fecha—, Madrid acumula ya más fallecimientos por calor que en el mismo periodo del año pasado.

La segunda ola deja medio centenar de víctimas en solo una semana

La segunda ola de calor del verano, que comenzó a finales de junio y se prolongó hasta los primeros días de julio, ha sido particularmente letal. 54 personas fallecieron entre el 4 y el 10 de julio, un tercio de todas las muertes por calor contabilizadas desde mayo. Las temperaturas rozaron los 42 grados en puntos como Aranjuez, Alcalá de Henares o la propia capital, y las mínimas no bajaron de 25 grados durante varias noches seguidas.

El fenómeno es consistente con los patrones del cambio climático: noches tórridas que impiden la recuperación del organismo y un calor sostenido que castiga especialmente a los barrios sin zonas verdes ni suficiente aislamiento térmico. De hecho, el nivel naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología se mantuvo durante cinco días consecutivos, y los servicios de urgencias registraron un pico de atenciones por golpes de calor y descompensaciones.

El perfil de las víctimas y la comparativa con 2025

ola de calor

Aunque el sistema MoMo no desglosa las causas exactas ni las edades en tiempo real, los registros de años anteriores indican que más del 80% de las víctimas son mayores de 65 años. La soledad, las viviendas mal acondicionadas y las patologías crónicas multiplican el riesgo. «La mayoría de los fallecimientos por calor se producen en el domicilio, sin que la persona haya pedido ayuda», advierten fuentes de Sanidad consultadas por Merca2.es.

En términos comparativos, los 93 fallecimientos de junio casi duplican los 48 del mismo mes en 2025. Y las 54 muertes de la primera semana de julio igualan ya las 48 de todo julio del año pasado. Si el ritmo no se frena, el verano de 2026 podría superar con holgura los 591 fallecidos que dejó el de 2025, que ya fue un 85% más letal que el anterior. Un incremento que se ha notado en en la comparativa interanual de los registros hospitalarios.

Las muertes por calor no son una estadística abstracta: cada fallecimiento refleja un fallo en la protección de los más vulnerables.

El plan de vigilancia de los efectos del calor de la Comunidad de Madrid, que se activa cada año entre mayo y septiembre, contempla varias líneas de acción. Se envían avisos por SMS a los pacientes incluidos en el registro de crónicos, se coordinan con los servicios sociales para atender a las personas que viven solas y se habilitan puntos municipales con aire acondicionado. No obstante, las cifras de este año demuestran que existe un amplio margen de mejora.

La Comunidad activa el plan de calor mientras los expertos piden más ambición en la prevención

El plan madrileño no es muy distinto al de otras ciudades españolas, pero los datos sugieren que las medidas no bastan cuando dos de cada tres golpes de calor ocurren en casa. Barcelona, por ejemplo, ha apostado por una red de agentes cívicos que realizan visitas puerta a puerta en los barrios más vulnerables, una fórmula que Madrid aún no ha implantado de manera sistemática.

La Consejería de Sanidad ha recordado esta mañana que el teléfono 900 222 00 está operativo para consultas relacionadas con el calor y que los centros de salud realizan un seguimiento telefónico proactivo a los pacientes de riesgo. Sin embargo, la oposición en la Asamblea ya ha solicitado la comparecencia urgente del consejero para explicar por qué, con los pronósticos adelantados de temperaturas extremas, las muertes se han duplicado en junio.

Con el verano apenas comenzado y las previsiones de Aemet apuntando a nuevas olas de calor en las próximas semanas, la Comunidad se enfrenta a un reto de salud pública de primera magnitud. La experiencia de otros años demuestra que agosto suele ser el mes más crítico: en 2025 acumuló 414 de los 591 fallecimientos totales. Reducir esa cifra dependerá no solo de las alertas, sino de la capacidad de los servicios sociales para llegar a los hogares antes de que el calor lo haga.

Los Gallardos no tenía el plan de emergencias obligatorio cuando se desató el incendio más letal de Andalucía

El municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, no contaba con el plan de emergencias municipal que exige la normativa cuando se declaró el incendio forestal más mortífero de Andalucía, según ha revelado este domingo El Correo de Andalucía. El siniestro, que comenzó el sábado y aún no ha sido estabilizado, ha dejado hasta el momento 12 víctimas mortales y ha arrasado más de 6.600 hectáreas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un incendio forestal declarado este sábado en Los Gallardos (provincia de Almería) ha causado ya 12 muertos y calcinado más de 6.600 hectáreas. El municipio carecía del plan de emergencias obligatorio.
  • ¿Dónde y quién? El fuego sigue activo en la provincia de Almería. Participan los servicios del Plan INFOCA, bomberos y la Guardia Civil.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La tragedia evidencia la necesidad urgente de que todos los municipios cuenten con planes de emergencia homologados para proteger a la población.

Un municipio sin plan de emergencias

Según el análisis del diario El Correo de Andalucía, Los Gallardos no disponía del plan de emergencias municipal que establece la normativa autonómica andaluza y la legislación de protección civil. Este instrumento, de obligada elaboración y actualización periódica, detalla los protocolos de actuación, los recursos disponibles y las zonas de evacuación en caso de siniestro. Su ausencia es una de las graves lagunas que se señalan en la gestión de la crisis.

La falta de este documento no es un mero formalismo administrativo: condiciona la rapidez de la respuesta, la coordinación entre los servicios de emergencia y la seguridad de los vecinos ante fenómenos tan extremos como el que asola la comarca del Levante Almeriense.

Doce víctimas y 6.600 hectáreas: un balance provisional

incendio Almería

El incendio se originó en una cuneta de Los Gallardos alrededor del mediodía del sábado y, alimentado por el viento y las altas temperaturas, se propagó con una virulencia inusitada. A última hora de ayer, las llamas seguían activas y descontroladas, según informaron fuentes del Plan INFOCA, el dispositivo andaluz de lucha contra incendios forestales que coordina la Junta de Andalucía.

El saldo provisional es demoledor: hay 12 fallecidos, aunque las autoridades no descartan que la cifra pueda aumentar a medida que los equipos de rescate acceden a las zonas más castigadas. Más de 6.600 hectáreas, equivalentes a toda la superficie del municipio de Los Gallardos, han quedado reducidas a cenizas en apenas unas horas.

La virulencia del fuego pilló por sorpresa a muchos vecinos, que no pudieron abandonar sus viviendas a tiempo. Las labores de evacuación, sin un plan municipal detallado, se complicaron. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que se investigan las causas del siniestro y las posibles responsabilidades penales.

Los 12 muertos de Los Gallardos convierten este incendio en el más letal de España en lo que va de siglo y ponen en evidencia las graves carencias en prevención de riesgos.

La Lectura Andaluza

Andalucía encadena verano tras verano episodios de fuego extremo que ponen a prueba su sistema de protección civil. La comunidad es, junto al noroeste peninsular, la zona de mayor riesgo de incendios forestales de España. En este contexto, la ausencia de un plan de emergencias municipal en Los Gallardos no es un caso aislado: según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, solo el 60% de los municipios de menos de 5.000 habitantes cuenta con planes actualizados, una realidad que reclama desde hace años la atención de las administraciones. La laguna normativa, sumada a factores como el abandono del monte y la sequía, dibuja un escenario de vulnerabilidad que esta tragedia hace tangible.

Para los andaluces, la lección es inmediata: la seguridad frente a los incendios no depende únicamente de los grandes despliegues del Plan INFOCA, sino también de la preparación local. Disponer de rutas de evacuación claras, refugios seguros y canales de aviso eficaces puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La proximidad de este drama —12 vecinos de un pueblo del Levante almeriense han perdido la vida— convierte la exigencia de cumplir la norma en un clamor ciudadano.

La proyección del caso apunta a una doble vía. La investigación judicial y técnica, ya abierta, determinará las causas exactas y las responsabilidades. En el plano administrativo, la Junta de Andalucía podría acelerar los mecanismos de asistencia a los ayuntamientos para la redacción o actualización de sus planes de emergencia, una reivindicación que con toda seguridad encontrará eco en el Parlamento autonómico. Mientras tanto, a pocos kilómetros de Los Gallardos, el fuego sigue sin extinguirse, y con él, la certeza amarga de que la prevención no puede esperar al próximo verano.

Un conductor atropella y mata a un nonagenario en Lorca tras la victoria de España en el Mundial

Un conductor ha sido detenido en Lorca por el presunto atropello mortal de un hombre de 91 años, confirmaron fuentes policiales y sanitarias. El suceso ocurrió ayer, 11 de julio, en el barrio de Santa Quiteria, durante las celebraciones por la victoria de España en el Mundial.

Cómo se produjo el atropello en Santa Quiteria

Según el relato de los testigos recogido por la Policía Local, el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra varios coches estacionados en la vía pública y acabó invadiendo la acera, donde se encontraba la víctima. El impacto fue tan violento que el nonagenario, que simplemente tomaba el fresco sentado a la puerta de su domicilio, quedó tendido en el suelo sin sentido.

Los servicios de emergencia se desplazaron con una unidad médica de urgencias, pero únicamente pudieron certificar la muerte del varón. El fallecimiento se produjo en el acto.

El conductor permaneció en el lugar y colaboró con los agentes que acudieron a la llamada de auxilio. Fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol y drogas, que arrojó un resultado positivo, según apuntan fuentes cercanas a la investigación.

Detención y cargos que se investigan

Ante el positivo, la Policía Local procedió a su arresto y lo puso a disposición de la Policía Nacional, competente para la investigación de delitos. El detenido enfrenta cargos por homicidio por imprudencia —delito que se imputa cuando se causa la muerte de otra persona sin intención, por una acción negligente— mientras el juzgado de guardia decide las medidas cautelares.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Lorca, Juan Miguel Bayonas, explicó que la víctima era un vecino de 91 años que estaba disfrutando de la noche a las puertas de su casa. “El 061 intervino rápidamente, pero lamentablemente no se pudo hacer nada”, declaró.

La víctima se encontraba sentada a la puerta de su casa cuando fue atropellada, según las autoridades municipales.

Despliegue policial y celebración mundialista

Bayonas recordó que la Policía Local ya había montado un dispositivo especial de seguridad con motivo del partido, por lo que “teníamos bastante plantilla en la calle”. Sin embargo, la tragedia se produjo en una zona alejada del centro, donde se instalaron las pantallas gigantes para ver el encuentro.

El suceso se enmarca en la resaca de una jornada festiva que, en apenas unos segundos, se tiñó de luto para los familiares del fallecido. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la pérdida de control, incluyendo la influencia del alcohol detectado en el conductor.

El Ministerio de Defensa convoca más de 1.300 plazas de personal laboral fijo para titulados universitarios y de FP

El Ministerio de Defensa ha publicado la mayor convocatoria de empleo público del año: 1.323 plazas de personal laboral fijo para titulados universitarios y de Formación Profesional. La oferta, recogida en el Boletín Oficial del Estado del 7 de julio de 2026, supone una oportunidad de estabilización laboral para miles de egresados que buscan una salida profesional tras sus estudios.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? Defensa ha convocado 672 plazas de acceso libre y 651 de promoción interna para personal laboral fijo, según el BOE del 7 de julio de 2026.
  • ¿Quién lo ha decidido? El Ministerio de Defensa, en el marco de las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024 de la Administración General del Estado.
  • ¿A quién afecta? A titulados de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y grados universitarios de todas las comunidades y ciudades autónomas.

Una convocatoria récord con más de 1.300 plazas

La oferta de empleo público del Ministerio de Defensa suma 1.323 plazas, desglosadas en 672 de acceso libre y 651 de promoción interna. La convocatoria, la más voluminosa de todos los ministerios, abarca los grupos profesionales M3 a E1 y un amplio abanico de especialidades: desde puestos docentes o de mantenimiento hasta conducción, hostelería o alojamiento. Se trata de la mayor oferta de personal laboral fijo del año y la primera en publicarse de las Ofertas de Empleo Público acumuladas de 2023 y 2024.

Según la nota de prensa difundida por La Moncloa, el proceso selectivo permite participar con titulaciones que van desde la Educación Secundaria Obligatoria hasta másteres universitarios. Esto significa que tanto graduados en FP de grado medio y superior como diplomados y licenciados pueden optar a una plaza. La diversidad de perfiles convierte esta convocatoria en la más abierta por número de titulaciones.

Oportunidad para titulados de FP y universitarios en todo el territorio

Las plazas se distribuyen por todas las comunidades y las dos ciudades autónomas, lo que, en palabras del Ministerio, busca potenciar la cohesión territorial. Además, la convocatoria incluye reservas específicas para personas con discapacidad y para militares y reservistas de especial disponibilidad.

Para los estudiantes y egresados de Formación Profesional, esta oferta refuerza las salidas profesionales de unos estudios que cada año ganan más peso en el sistema educativo. Según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, la tasa de inserción laboral de los titulados de FP supera el 80% en los tres años siguientes a la graduación. La convocatoria de Defensa añade un nuevo canal de acceso al empleo público estable.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta principios de agosto y se gestiona exclusivamente a través del servicio web de Inscripción de Pruebas Selectivas. El ministerio ha elaborado una guía para facilitar el trámite, disponible en la página oficial del proceso.

La convocatoria suma 1.323 plazas de personal laboral fijo, de las que 672 son de acceso libre, y es la mayor del conjunto de los ministerios para este año.

El contexto formativo

La oferta de empleo público se enmarca en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024, aprobadas para reforzar las plantillas de la Administración General del Estado y reducir la temporalidad. El Ministerio de Defensa ha sido el primer departamento en publicar su convocatoria, lo que agiliza la incorporación de personal laboral fijo en un contexto de renovación generacional de la función pública.

La convocatoria interesa directamente a los titulados universitarios y de FP, pero también a los orientadores y servicios de empleo de las propias instituciones educativas. La aparición de plazas de personal laboral fijo accesibles con títulos de Formación Profesional subraya el valor de estos estudios como vía de inserción en el sector público, tradicionalmente más asociado a la titulación universitaria. De hecho, el Plan de Modernización de la Formación Profesional impulsado por el Gobierno insiste en la necesidad de conectar oferta formativa y demanda del sector público. La convocatoria, por tanto, no solo cubre vacantes: también visibiliza el papel de la FP en la estrategia de empleo público.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Ministerio de Defensa ha lanzado la mayor convocatoria de personal laboral fijo del año, con más de 1.300 plazas para titulados de ESO, FP y universidad.
  • Por qué importa: La oferta abre una vía de estabilización laboral en la Administración General del Estado para perfiles formativos muy diversos, desde la FP básica hasta el máster.
  • A quién le importa: A miles de estudiantes y egresados de Formación Profesional y de universidades, así como a orientadores y servicios de empleo de los centros educativos.

El juicio por el atropello mortal a una ciclista en Girona declara culpable al conductor ebrio

Te cuento lo que ha resuelto el jurado popular de Girona sobre el atropello mortal de una ciclista ocurrido en la carretera de Els Àngels, en Quart, el 30 de octubre de 2021. Según el veredicto, leído este lunes 11 de julio de 2026, el presunto autor, de 24 años en aquel momento, conducía ebrio, no respetó las medidas de seguridad de la víctima y huyó sin socorrerla.

Un veredicto unánime y los delitos probados

Según el veredicto, el acusado, que entonces tenía 24 años, había consumido varios cubatas durante la noche y madrugada. Pese a ello, decidió coger el coche con un amigo para ir al santuario de Els Àngels. Conducía bajo una intensa afectación alcohólica a 68 km/h en una vía con velocidad recomendada de 40 km/h. La ciclista, de 35 años, llevaba casco, luces y prendas reflectantes, y circulaba correctamente. No pudo evitar la colisión.

Tras el impacto, la víctima falleció a consecuencia de las heridas. El conductor no se detuvo: continuó circulando de manera temeraria durante 2,4 kilómetros, con un neumático reventado y el parabrisas roto, a pesar de que el copiloto le pedía que parase. Los Mossos d’Esquadra lo interceptaron poco después en un camino forestal, en dirección contraria al lugar del siniestro. La prueba de alcoholemia, realizada casi una hora después, arrojó 0,92 y 0,87 mg/l, muy por encima del límite legal.

Los atenuantes y las peticiones de pena

El jurado popular apreció tres atenuantes. La embriaguez, que solo se aplica al delito de omisión del deber de socorro según las acusaciones, pese a que el conductor estaba claramente ebrio al volante. La de dilaciones indebidas, ya que la causa tardó cuatro años y ocho meses en llegar a juicio sin ser compleja. Y la de reparación del daño, porque el procesado consignó 35.000 euros para la indemnización.

Tras el veredicto, el fiscal Enrique Barata solicitó 4 años, 10 meses y 44 días de prisión; la acusación particular, ejercida por Miguel Capuz, pidió 5 años, 4 meses y 44 días, junto con la prohibición de conducir durante 8 años y 1 mes. La defensa, por su parte, reclama 2 años y 9 meses de prisión. Ahora será el magistrado Adolfo García Morales quien dicte la sentencia.

El acusado se enfrenta a más de cinco años de prisión y la familia de la víctima reclama una indemnización íntegra por el daño moral.

La absolución del copiloto y la sentencia pendiente

En la misma sesión, el jurado absolvió al copiloto, por siete votos frente a dos, del delito de omisión del deber de socorro. El magistrado presidente lo absolvió verbalmente. Respecto a la responsabilidad civil, la aseguradora ya indemnizó a la familia, pero las acusaciones particulares reclaman los intereses y, especialmente, la reparación del daño moral por las secuelas psicológicas que sufre el hijo de la víctima, un menor que ha necesitado tratamiento.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que el fallo se conozca en las próximas semanas. El magistrado Adolfo García Morales deberá fijar la condena y la cuantía exacta de la indemnización.