El alcalde del municipio navarro de Valtierra, Manuel Resa Conde (UPN), ha desatado una fuerte polémica dentro y fuera de su partido tras una serie de declaraciones y medidas con un marcado carácter antiinmigración.
En el centro del debate se encuentra la convocatoria de ayudas a la natalidad de su municipio, calificada por el Gobierno de Navarra como «discriminatoria» con la población migrante, y las afirmaciones del edil sobre los menores extranjeros no acompañados.
Además de confirmar que mantendrá los requisitos para acceder a estas ayudas —como llevar 20 años empadronado en el municipio y comprometerse a que el recién nacido permanezca empadronado durante dos décadas—, Resa arremetió esta semana contra las políticas públicas de atención a menores migrantes.
«Esos menas —menores extranjeros no acompañados— que nos vienen», afirmó en declaraciones a la Cadena SER, asegurando que su atención cuesta «4.950 euros al mes», basándose en datos que, según dijo, le llegaron de «la experiencia de una localidad cercana, Marcilla».
«Son más de 50.000 € al año. ¿Para qué estamos preparando a estos? ¿Y no apostamos por los nuestros? Es un gasto que va para vivienda, estudios, comer, vestir… ¿Pero en qué país estamos pues? Vamos a seguir poniendo dinero para los de fuera y para los de aquí no, ¿o qué? No lo entiendo», afirmó Resa.
Desde el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra matizaron que la cifra mencionada por Resa puede referirse al coste global que asume la Administración por cada menor en función de su caso particular, pero que «la cuantía económica que recibe directamente cada uno de los menores es testimonial y destinada a gastos básicos personales.
Pese a admitir que «no tenemos ningún mena» en Valtierra, el alcalde aseguró que la localidad sufre «numerosos problemas con la inmigración». Puso como ejemplo los incidentes en las piscinas municipales, atribuyéndolos a personas «marroquíes». «Esta gente no respeta nada y solo tiene derechos, derechos y más derechos, y ninguna obligación», dijo.
El edil anunció un «exhaustivo control de empadronamiento»: «Voy a pedir al Policía Municipal que vaya casa por casa mirando quién está empadronado o quién no. Y quien no lo esté, que lo apunte».
En otro gesto polémico, Resa afirmó haber retirado la ayuda municipal a Cáritas. «Sé que alguna persona que lo necesite resultará perjudicada, pero no tengo por qué estar dando de comer a gente que no quiere trabajar o que hace trampas como sabemos todos pidiendo que se les pague hasta aquí para no perder la ayuda que reciben por allá», justificó.
El alcalde aseguró que su intención es ir «a degüello contra esta gente» y «blindar a Valtierra». «Quien quiera quedarse con esta gente, que se la lleve, porque aquí no voy a admitir a nadie», añadió, advirtiendo de que «lo que ocurrió en Torre Pacheco es algo que va a pasar en todos los sitios».
ENFADO E INQUIETUD
Sus declaraciones provocaron la inquietud en UPN y una contundente reacción del Gobierno de Navarra. La consejera Ana Ollo calificó las palabras de Resa de «indignantes» y «vergonzosas», y alertó de que «señalan al diferente, incluso incitando al odio y la violencia». Ollo instó a UPN a pronunciarse, y añadió que el Ejecutivo está estudiando «si se pueden emprender acciones legales».
En el mismo sentido se expresó Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, que tachó de «realmente inaceptables, impropias de un responsable público» las manifestaciones del edil. El Consejo de Navarra, por su parte, también ha cuestionado la legalidad de las ayudas a la natalidad, ya otorgadas a «3 o 4 familias» según el alcalde, advirtiendo que podrían ser discriminatorias por los criterios de empadronamiento.
De hecho, el 60% de los nacimientos en Valtierra en 2023 fueron de madres extranjeras, un dato especialmente relevante considerando que la población extranjera supone un 15% del total.
Frente a las críticas, Resa se reafirmó. «Estamos recibiendo muchos inmigrantes que nos cuestan un pastizal», dijo en la SER, señalando de nuevo a «los menas esos, los señoritos esos que tenemos aquí».
Aunque después pidió disculpas «a quien se haya sentido ofendido», aclaró que no está «en contra de aquellos que vengan a trabajar», pero sí de quienes «quieran cobrar de aquí y de allí». También matizó que, aunque no cambiará los requisitos de las ayudas, podría ser “flexible en ciertos casos” si se justifica que no se cumplen por fuerza mayor.
Desde la dirección de UPN, de momento, no han hecho declaraciones más allá de valorar la petición de disculpas de Resa. «No me han dicho nada sobre las declaraciones que hice ni me han pedido que me disculpe», aseguró el alcalde, quien reivindicó su autonomía: «Sé lo que tengo que decir y tengo la suficiente autonomía como para que, a mis años, vengan a darme consejos».
La presidenta navarra, María Chivite, lamentó esa pasividad de su partido: «Me llama la atención que desde la dirección de UPN nadie haya rectificado o haya hecho rectificar al alcalde de Valtierra». No es la primera vez que Resa protagoniza declaraciones controvertidas.
En 2020, en Es Radio, afirmó que «se ayuda más afuera que a los de aquí» y, sobre la imposibilidad de que los ayuntamientos eximan el Impuesto de Actividades Económicas, dijo que «si hay que saltarse la Ley, uno se la salta».
Sobre la política y la crisis de la hostelería, criticó a su propio gremio: «Los políticos tienen que quitarse el puto sueldo, me incluyo yo». A día de hoy no se lo ha quitado y el pasado año cobró 47.367,67 euros por gobernar un municipio de alrededor de 2.000 habitantes.
