La acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones terroristas (ACVOT) en el caso del ala más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR) está convencida de que la puesta en libertad de provisional de los siete detenidos acusados de terrorismo responde a las negociaciones del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para hacer presidente a Pedro Sánchez.
Según fuentes consultadas por MONCLOA.COM, a la acusación no le sorprendió la decisión tomada por el juez Manuel García-Castellón este viernes de decretar libertad provisional para los dos únicos miembros de Equipos de Respuesta Táctica (ERT) que continuaban en prisión y a quienes la Audiencia Nacional investiga por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos.
Previo pago de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente, Jordi Ros Sola y Germinal Tomás Abueso, podrán salir de prisión y esa medida cautelar será sustituida por la obligación de comparecer con carácter semanal ante el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada de pasaporte y la obligación de señalar un domicilio a efectos de notificaciones y citaciones.
Estos serán los últimos CDR en poder gozar de libertad, después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN impusiera el mes pasado fianzas de 5.000 euros para Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón, Xavier Buigas y Ferrán Jolis, quienes no manipularon sustancias explosivas, y de 10.000 euros para Alexis Codina, quien sí lo hizo.
SIGUEN LOS INDICIOS DE TERRORISMO
A lo largo de buena parte de los 24 folios que ocupan los dos autos en los que se decreta la libertad provisional bajo fianza de Ros y Tomás, García-Castellón se esfuerza en dejar claro que esta medida, que justifica en la “situación personal de arraigo” de ambos, no anula ni menoscaba los indicios “claros” que sustentan los distintos hechos delictivos de los que se le acusa.
Las defensas sostenían en sus recursos una falta de “elementos indiciarios que justifiquen el carácter terrorista de la organización” de la que formaban parte, mientras que la Sección Segunda en el auto en el que fijaba la fianza de 10.000 euros de Codina señalaba su incapacidad para “emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos”.
Sin embargo, para el titular del juzgado de instrucción número 6 “la ausencia de una previa organización terrorista declarada judicialmente no impide que los hechos llevados a cabo por los miembros de la organización puedan tener la consideración de terrorismo”.
Para dar sustento a su razonamiento, el magistrado despliega una serie de sentencias y cita el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Posición Común de la Unión Europea (UE) y el Código Penal español para concluir que “las características de la organización criminal a la que pertenecería el solicitante de la libertad son conformes con las nuevas modalidades de terrorismo que han aparecido en la escena criminal interestatal y mundial, a la que los legisladores han de hacer frente para evitar sus dañinos efectos”.
En este punto, el auto recoge parte de las investigaciones que han aportado “indicios racionales claros de que todas y cada una de las acciones que los investigados han llevado a cabo entran dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo (al cual pertenecen los investigados) de lograr la materialización de la ‘República Catalana’ mediante cualquier vía, incluidas las violentas”.
MANIPULARON ELEMENTOS EXPLOSIVOS
Además, el juez recuerda que tanto Ros como Tomás manipularon sustancias químicas que, por su naturaleza, podían ser empleadas como precursores de explosivos como Termita y Cloratita.
De hecho, en su primera declaración tras su detención el pasado 23 de septiembre, Ros reconoció el haber trabajado con ese tipo de sustancias y comparó su labor con la de los “miles de científicos” que trabajaron en el ‘Proyecto Manhattan’ para crear la bomba atómica bajo las órdenes del físico nuclear Robert Oppenheimer.
Ros también reconoció en esa declaración, recogida en el sumario de la conocida como Operación Judas al que tuvo acceso este periódico en noviembre del año pasado, la compra de ácido nítrico, ácido sulfúrico y nitrato de amonio, todas ellas sustancias explosivas o incendiarias, para “experimentar” y comprobar si “podía hacer o no” explosivos.
Con la decisión de García Castellón siguiendo la puerta abierta por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional, compuesta por los magistrados José Ricardo de Prada, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez, se completa la puesta en libertad de los siete miembros del ala más radical de los CDR hasta, previsiblemente, la celebración de la fase de juicio oral.
