Las cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha tienen carencias en los servicios y en el personal de seguridad desde el pasado 31 de diciembre. Ese día finalizaron oficialmente su labor los casi 500 vigilantes privados de Ombuds, que se fueron a la calle tras la quiebra del grupo. Con su salida llegaron los problemas a las prisiones de estas tres comunidades autónomas. El Ministerio del Interior ha intentado subsanar este problema destinando a más efectivos de Guardia Civil y Policía, pero no es suficiente.
Alrededor de 240 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, repartidos en las 15 cárceles afectadas, han tenido que asumir estas bajas, según afirman desde Alternativa Sindical. Sin embargo, esta cifra reduce casi a la mitad el personal de vigilancia de estas cárceles, que pasan de contar con casi 500 efectivos a disponer de menos de 250. Una deficiencia que ha provocado reajustes precipitados y dificultades para los profesionales —funcionarios de prisiones, agentes de Policía y de la Guardia Civil— que trabajan en estos centros penitenciarios.
FUNCIONARIOS DESCONTENTOS
Los trabajadores que se están encargando actualmente de estas prisiones no pueden seguir así. Muchos de ellos denuncian que están haciendo labores que no les competen y también lamentan que hay encargos que no pueden hacer porque ahora tienen que dedicarse a otras funciones, que antes hacía la seguridad privada. Otros, mientras tanto, siguen demandando más apoyo de personal al Ministerio de Interior.
Los funcionarios de prisiones son claros: hacen falta más efectivos. Manuel Galisteo, el coordinador nacional de la asociación de trabajadores de Instituciones Penitenciarias Tu Abandono Me Puede Matar, argumenta que son ellos, los funcionarios, los que “se están haciendo cargo de los huecos que deja la seguridad privada”. Galisteo advierte de que en algunas posiciones, como en las barreras para entrar el recinto, “no hay nadie”. Por ejemplo, en la cárcel de Badajoz, una de las afectadas, hay siete garitas de seguridad. De todas ellas solo una está vigilada por la Polícia, mientras que antes, con Ombuds, había ocupadas cuatro.
El coordinador de Tu Abandono Me Puede Matar señala que, además de los trabajos que ya tienen asignados en el interior de las prisiones, los funcionarios tienen ahora que ocuparse de vigilancia externa. Una función para la que denuncian no están preparados, porque, a diferencia del resto de cuerpos de seguridad, ellos no son agentes y no disponen de armas con las que defenderse en casos de peligro. Toda esta situación agrava, además, una reivindicación histórica de este colectivo, que lleva años pidiendo un aumento de personal y salarial.
POLICÍA Y GUARDIA CIVIL, DESBORDADOS
Tampoco están contentos en la Policía. El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Antonio Rodríguez Neira, admite que la salida de los vigilantes de Ombuds “ha causado un poco de revuelo en el sector”. En el caso del centro penitenciario de Badajoz, se han convocado recientemente 12 plazas para agentes que quieran desplazarse a cubrir estas vacantes. Rodríguez Neira celebra que haya nuevas convocatorias, pero critica que sean para las prisiones.
“Nuestro trabajo principal es hacer seguridad ciudadana, estamos dispuestos a todo lo que nos pidan y somos un apoyo, pero entendemos que la seguridad en las cárceles compete en esencia a otros”, añade. Como ejemplo de carencias en otros servicios, Rodríguez Neira habla de la propia comisaría de Badajoz. «El Catálogo de Puestos de Trabajo de esta comisaría está ocupado al 80 %. Los compañeros soportan mucha carga de trabajo y ahí es donde Interior debería hacer el esfuerzo», concluye.
El secretario de Organización del SUP entiende que estos profesionales que se destinarán a Badajoz dejan su zona habitual de trabajo para reforzar otra, por lo que todo se trata de un parche temporal. Un aspecto en el que coincide con el coordinador de los servicios de protección y seguridad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Rafael Sánchez.
Sánchez asegura que, al igual que ha ocurrido con la Policía, también han tenido que derivarse agentes de Guardia Civil de otras provincias para cubrir servicios. Algo que resulta insuficiente y que genera descubiertos en otras zonas. El representante de AUGC explica que tanto ellos como los funcionarios de prisiones han tenido que volver a hacer funciones que desde 2013 asumían los vigilantes privados, por lo que ahora es más complicado retomar estas labores y sumarlas a las que tienen actualmente. “Hay carencias en la plantilla y están desbordados”, apostilla.
EL CONFLICTO DE OMBUDS EN LAS CÁRCELES
La pesadilla que viven actualmente las cárceles del lote 2 —así se conocen al grupo de prisiones de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha— comenzó oficialmente en diciembre, cuando quedó desierto el concurso público que buscaba un nuevo adjudicatario. Como ocurre cada año, el Ministerio del Interior sacó los contratos de seguridad de cada lote y solo el número dos, que era el único que controlaba Ombuds, se quedó sin oferta.
La Administración sacó de urgencia otro concurso público para paliar este problema, pero, de encontrarse un adjudicatario, ya no sería hasta marzo cuando se reincoporarían los vigilantes de Ombuds. Tres meses de carencias en 15 prisiones estatales que podrían haberse solucionado si el Ministerio del Interior hubiera actuado con previsión.
Son varios los sindicatos de trabajadores que critican la actuación de la Administración de Fernando Grande-Marlaska. Alternativa Sindical pidió activamente a este ente que rompiera su relación con la empresa de la familia Cortina después de que se conociera su entrada en concurso de acreedores y los impagos a sus empleados. Algo que también hicieron desde Unión Sindical Obrera. Sin embargo, en Interior hicieron oídos sordos.
El Secretario General de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, denuncia que esta negativa ha dado lugar a un “déficit considerable de seguridad”, que podría haberse evitado. Febles teme que esta situación no cambiará mientras que los posibles adjudicatarios no conozcan la deuda a la que se enfrentan. “Las empresas no se presentan al concurso público porque no se sabe lo que Ombuds debe a sus empleados en Seguridad Social y podría ser mucho”. Y esto hace que los postulantes no se atrevan a asumir un trabajo que le puede generar pérdidas.
El importe del contrato público que ofrece el Ministerio, según critican desde ambos sindicatos, deja muy poco margen de ganancia a las empresas de seguridad. Es por ello que normalmente grandes grupos, como pueden ser Prosegur o Securitas, no les interese presentar una oferta. La solución que Febles da a este conflicto sería que la Administración asumiera esta deuda de Ombuds o subiera el importe del contrato público para que a otros grupos de seguridad les mereciera la pena asumir este contrato. De no ser así, la situación seguirá siendo la misma, como mínimo, un par de meses más.
