La crisis del coronavirus ha estado marcada por los bulos. El Gobierno ha denunciado que hay grupos de extrema derecha que se han dedicado a difundir noticias falsas en plena pandemia con el único objetivo de debilitar al Ejecutivo de coalición del PSOE y de Unidas Podemos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la de la libertad de prensa. Las iniciativas que quiere tomar el Gobierno para controlar la difusión de bulos parecen pasar por terreno pantanoso porque podría dar armas al Ejecutivo para limitar lo que los medios de comunicación pueden publicar o no. Es por eso que el Partido Popular y Ciudadanos han decidido llevar esta cuestión a Bruselas para que dirima si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y uno de sus vicepresidentes, Pablo Iglesias, atentan contra la libertad de información o si han tomado medidas eficaces para controlar la difusión de los bulos.
La formación morada ha ido más lejos y ha denunciado en dos ocasiones dos supuestas noticias que, aseguran, eran falsas. Pero en cualquier caso, las pretensiones pasadas de Iglesias que abogaban por controlar la libre información y la forma tan contundente con la que quieren evitar que se difundan bulos, especialmente en situaciones sensibles como la actual, parecen haber pintado de un tinte oscuro las nuevas medidas del Gobierno.
Lo cierto y verdad es que el Gobierno no quiere que su gestión de la crisis se vea con luz y taquígrafos. El cierre del Portal de Transparencia es una prueba de ello. Y que el CIS de Tezanos haya tanteado a la sociedad sobre si quiere o no que se controle con mayor contundencia la libertad de información hacen pensar que los tiros van por esos lares. La cosa llegó a ir más lejos cuando el presidente del Gobierno contestaba las preguntas de los periodistas vía telemática pasando un filtro, que no era otro que el de su propio Ejecutivo, algo que desató las críticas.
Pero aunque Sánchez ha cedido en algunas cosas, sigue empeñado en poner coto a la libertad de prensa con la excusa de que hay grupos de extrema derecha que difunden bulos. Las noticias falsas corre, y hay quien intenta con ellas debilitar al Gobierno, eso es una realidad contrastada, sin embargo, PP y Ciudadanos no consideran que ello sea excusa suficiente como para poner en marcha herramientas que permitan al Gobierno controlar determinadas informaciones.
La portavoz de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha impulsado el conocido como «Pacto de la Solidaridad» para garantizar en la UE que ninguno de los estados miembros inmersos en un estado de alarma limiten la actividad de la oposición en el poder legislativo, así como que los periodistas puedan mantener la libertad de información en todo momento. Este pacto impulsado por el Partido Popular ha llegado a la Comisión Europea, que en las próximas semanas valorará si ha habido posibles abusos de los derechos fundamentales. Entre ellos, España.
Y al otro lado, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa registró hace dos semanas ante la Comisión Europea un documento en el que planteaba si el sistema de preselección de preguntas fijado por La Moncloa en las ruedas de prensa era compatible con el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y con el artículo 3 del Tratado de la UE.
Estas dos iniciativas están enfocadas en lo mismo, que quede constancia de que el Gobierno español no ha sido transparente durante la crisis e intentará cortar las alas de aquellos dentro del Ejecutivo de coalición que pretenden limitar la libertad de prensa, tal y como se asume del argumentario de PP y de Ciudadanos. Y será la UE quien determine si Sánchez y esas preguntas del CIS de Tezanos atentan directamente contra la libertad de prensa o si entran dentro del marco constitucional.
