Ciudadanos ha denunciado en el Congreso que la reciente orden ministerial del Ministerio de Educación sobre las directrices de evaluación de este curso, entre otras cosas a la hora de pasar de curso en esta fase de la crisis del coronavirus, no concede una respuesta igualitaria, ni garantista, para las familias y estudiantes y la ha calificado de «despropósito jurídico», de ahí que haya pedido explicaciones al Ejecutivo sobre cómo ha tomado estas decisiones.
Los naranjas se refieren al texto redactado por el equipo de Isabel Celaá para determinar las directrices de actuación para el último trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del 2020/2021 ante la situación de crisis generada por el Covid19. En dicha orden, Celaá permite a las comunidades autónomas que «flexibilicen» el currículum y realicen una adaptación de la evaluación, promoción y titulación.
Sin embargo, los de Inés Arrimadas denuncian la redacción del Gobierno en la exposición de motivos del texto en la que se determina que «dichas directrices no modifican el ordenamiento jurídico vigente y respetan las competencias que se reconocen a las comunidades autónomas. A su juicio, esto indica «que no se hace responsable de modificar en medida alguna mediante decreto ley la normativa actual de Educación», así como la normativa básica de currículum, promoción y lo decretos correspondientes a los ciclos formativos de FP.
AUSENCIA DE LIDERAZGO
«Esta afirmación es, por tanto, tremendamente controvertida en términos jurídicos, en la medida que los criterios exigibles para obtener la titulación están regulados y las comunidades autónomas no tienen capacidad para modificarlos», recoge la iniciativa de Ciudadanos, firmada por la portavoz de Educación del partido, Marta Martín.
La diputada considera que la orden muestra «una nueva demostración de ausencia de liderazgo a nivel nacional en materia de Educación, que sea capaz de dar una respuesta garantista e igualitaria a las familias y al estudiante que se encuentran cursando cualquiera de las etapas formativas». Además, indica que el texto de Celaá es un «despropósito jurídico» en la medida en la que recomienda a las autonomías realizar determinadas actuaciones que, a su juicio, «invaden las competencias del Estado».
Es por ello, que Ciudadanos ha pedido al Gobierno explicaciones sobre las medidas recogidas en el texto y se pregunta si una orden ministerial puede modificar decretos de rango superior. Además, cuestiona al Ejecutivo sobre los motivos por los que no recurre a un decreto de carácter urgente para desarrollar estas medidas y se plantea si Celaá no está impulsando que las comunidades autónomas rompan el ordenamiento jurídico.
