La Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra la orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional que regula el fin del curso escolar y el inicio del siguiente, en el marco de la crisis de la pandemia del coronavirus.
Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa, junto a la exministra de Sanidad y vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, para informar de la reunión que ha presidido Pablo Casado con el grupo de trabajo de Sanidad.
Previamente, el pasado 20 de mayo el Alto Tribunal había rechazado suspender la orden en una medida cautelarísima solicitada por el PP, «por razones de especial urgencia», al entender que no concurre ese requisito de urgencia.
El PP ha recurrido la norma por considerar que crea agravio entre comunidades autónomas, por «conculcar la Ley Orgánica de Educación al establecer la promoción como norma general», «vaciar de contenido a través de un reglamento un precepto legal que desarrolla un derecho fundamental» y por «violar el artículo 6 de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio».
En su comparecencia, la dirigente ‘popular’ ha explicado que el recurso se fundamenta en que «conculca el principio esencial establecido en la legislación educativa a que establece la promoción del curso como norma general, en contra del régimen de promoción que establece la propia LOE».
Además, según ha concretado Cuca Gamarra, la orden ministerial de Educación «rompe el principio de jerarquía normativa» por ser una norma de inferior rango que modifica a una ley orgánica y sería contrario a Derecho.
En tercer lugar, la ‘popular’ ha indicado que, «a través de una orden ministerial en un Estado de Alarma, se está regulando lo que le correspondería autorizar al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Parlamento.
El pasado mes de mayo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció la interposición del citado recurso al considerar que crea un «agravio» entre comunidades cuando todos los alumnos deben tener el mismo tratamiento vivan donde vivan. A su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez se «lava las manos» con la educación en medio de la crisis del coronavirus.
