La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado un informe contrario a abrir causa penal, por el momento, al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por una conducta presuntamente delictiva en la pieza ‘Dina’ del caso Villarejo. Piden al alto tribunal que devuelva la causa al instructor, el juez Manuel García-Castellón, para que realice nuevas diligencias que consideran imprescindibles para que se pueda tomar una decisión sobre este asunto, han informado fuentes fiscales.
En esta decisión participan ocho fiscales de Sala del alto tribunal, que se han reunido en varias ocasiones para analizar si veían indicios de revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito en la conducta del líder morado.
Pese a las distintas posturas manifestadas en uno u otro sentido, los fiscales finalmente han contribuido en la elaboración de un informe, firmado fiscal Pilar Fernández Valcárcel y que será presentado este viernes, contrario a la apertura de una causa contra el vicepresidente.
Antes consideran necesario que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 certifique si la exasesora de Iglesias Dina Bousselham, se considera o no perjudicada por una presunta actuación del que fuera su jefe en relación con el robo de su teléfono móvil y el acceso que éste pudo tener a sus datos personales cuando la tarjeta le fue devuelta por un periodista.
En su exposición razonada al Supremo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acusa a Iglesias de los delitos de revelación de secretos y el de daños informáticos, conductas que en función de la modalidad en la que se acuse requieren la denuncia de la persona afectada, lo que no se da en este caso porque la exasesora manifestó por escrito al juez que perdonaba a Iglesias por lo ocurrido y no pretendía acusarle.
Pese a que los fiscales Anticorrupción solicitaron al juez García-Castellón que llamara a declarar a Bousselham para aclarar estos extremos, el magistrado elevó su exposición razonada al Supremo sin realizar antes esta citación, una cuestión que la fiscalía del Supremo considera que debería haber sido resuelta por el instructor del caso antes de elevar el caso al Supremo contra Iglesias, dada su condición de aforado.
Los fiscales del caso, derivado de la Audiencia Nacional, eran hasta la semana pasada Ignacio Stampa y su compañero en Anticorrupción Miguel Serrano, si bien el primero ha sido apartado después de no haber obtenido ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se cubrirán a propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar al Consejo Fiscal de este martes.
Stampa, que se encontraba en comisión de servicios junto a su compañero, había sido cuestionado por su relación con una de las fiscales de Podemos en la pieza ‘Dina’, Marta Flor, y se le abrió por ello una investigación interna cuya resolución aún no ha sido dada a conocer.
Por otra parte, Anticorrupción elaboró un informe dirigido a los fiscales del Supremo contrario a la imputación del vicepresidente. A lo largo de la instrucción ya habían pedido que Iglesias dejara de ser parte perjudicada en la pieza ‘Dina’, donde se investiga el robo de los datos del móvil de su ex asesora Dina Bousselham.
Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo del Arco. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
Coincide que cuatro de estos magistrados juzgaron el proceso independentista de Cataluña, y otro fue el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás. Ahora decidirán si investigan al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en relación al robo de la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía.
Además de los dos delitos señalados, García Castellón atribuye también a Iglesias simulación del delito, por presentar la desaparición del teléfono de la asesora «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario en prisión José Manuel Villarejo, «en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos» y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
