La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA han coincidido en calificar de insuficiente la rebaja del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas anunciada esta semana desde el Ejecutivo y que rebaja el precio de este producto de 0,96 a 0,72 euros.
En el caso de OCU cree que la medida no es solo «claramente insuficiente» sino que también reclama precios máximos en todas las mascarillas, también en las mascarillas higiénicas y las FFP2, recomendables para la población de riesgo.
En cualquier caso, OCU sí considera positivo el reciente cambio de postura del Gobierno a favor de una reducción del coste de las mascarillas gracias a la aplicación de un IVA superreducido del 4%, tal y como hicieron otros países miembros de la Unión Europea aunque precisa que lo ideal hubiera sido dejar el IVA en el 0% y haberlo hecho antes.
Pese a todo, OCU ve ambas medidas insuficientes para conseguir una reducción efectiva del coste mensual que las familias tienen que afrontar, especialmente para las más vulnerables y pide al Gobierno que contemple el reparto gratuito de mascarillas para el 10% de las familias cuyos ingresos no les alcanzan para adquirirlas con la suficiente frecuencia, lo que pone en riesgo su eficacia filtrante y, por lo tanto, la necesaria prevención del contagio del virus.
Según la OCU, el uso de mascarillas para una familia de cuatro miembros, aun reduciendo el IVA al 4%, supone un coste mensual mínimo 40 euros si usan las higiénicas desechables (empleando una mascarilla diaria).
Por su parte, el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha criticado que el precio de 72 céntimos es «una auténtica falta de respeto a las familias, especialmente a aquellas que lo están pasando peor».
En una rueda de prensa celebrada este viernes 13 de noviembre, Sánchez ha indicado que, con esta medida, el Gobierno únicamente «ayuda a los especuladores y al floreciente negocio de las mascarillas». En este sentido, el secretario general de FACUA ha advertido de que fabricantes, intermediarios y puntos de venta, «que venden actualmente a precios muy altos», no van a verse afectados por un precio máximo «que es inexistente en el mercado. No se encuentra en casi ningún sitio».
«Creíamos que el Gobierno tendría más sensibilidad y el precio se fijaría en los 10 céntimos que venimos reclamando», ha incidido Sánchez, que ha hecho un llamamiento al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que «reflexione y rectifique».
«Esperamos también que dentro del Gobierno haya distintas voces que trasladen la necesidad urgente de hacer esta modificación en serio, de proteger los intereses de las familias y de fijar un precio justo», ha finalizado.
