El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado admitir la querella que Vox presentó contra el conseller de Interior, Miquel Sàmper, por presuntamente permitir, como responsable de los Mossos d’Esquadra, ataques a la formación durante la campaña electoral del 14F.
En un auto de este jueves, la Sala Civil y Penal del TSJC inadmite la querella de la formación, que denunció a Sàmper por presunta omisión del deber de perseguir delitos, por un presunto delito de prevaricación y por un presunto delito electoral.
El partido afirmó en la querella que en varios de sus actos electorales los asistentes «sufrieron el acoso y la violencia verbal y física por parte de grupos organizados de izquierda radical» a pesar de la presencia de los Mossos, que a su parecer no desplegaron suficientes agentes y les tachó de actuar con pasividad, supuestamente por tener órdenes jerárquicas de no intervenir.
Vox señalaba a Sàmper como último responsable de los hechos, pero los magistrados critican, en el mismo sentido que la Fiscalía, que «la querella carece de la más mínima apoyadura probatoria».
Así, los jueces remarcan que, aunque los Mossos dependan jerárquica y funcionalmente del conseller de Interior, «no es admisible construir una acción y el subsiguiente procedimiento penal contra un responsable político sustentada en el único fundamento de dicho vínculo, cuando no existe constancia alguna de resoluciones, disposiciones u órdenes» de Sàmper al cuerpo en el sentido que afirmó Vox.
«NINGÚN INDICIO» EN EL CONSELLER
«Lo que pretende el recurrente es comenzar por arriba la investigación de unos hechos a los que atribuye apariencia delictiva, disparando por elevación, cuando la consistencia de dicha apariencia está todavía pendiente de determinar», critican los magistrados al rechazar la querella, que remarcan que aún debe evaluarse también si se cometió algún delito o no en las protestas convocadas contra actos de la formación.
En el auto, la Sala recuerda que solo puede investigar a aforados –en este caso Sàmper, sobre quien «no existe ningún indicio de criminalidad»–, y recalca que esto no vulnera el derecho de Vox de acudir a los tribunales porque, si quiere, puede denunciar a las personas no aforadas que considere en los juzgados ordinarios.
