El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, ha advertido este miércoles que la «escuela ordinaria» que existe en la actualidad en España «no es inclusiva» ya que aún debe avanzar en materia de accesibilidad, tanto en los centros como en las materias.
Martín ha comparecido ante la Comisión del ramo en el Senado, en donde ha denunciado la falta de cumplimiento del país ante los mandatos que recoge la Convención de la ONU de la Discapacidad, a pesar de que España ratificó este texto en 2008.
Tal y como ha enunciado el representante del CERMI, las violaciones de derechos humanos que sufre diariamente el colectivo han aflorado a la superficie durante la pandemia. Así, ha denunciado la negación de traslados a centros médicos por razón de discapacidad, el veto que sufren en diversas aerolíneas que no les permiten viajar, la prohibición de la entrada de perros guía en algunos espacios o el derechos a la elección de los padres a elegir la educación.
Sobre este último, ha denunciado cómo el Covid-19 ha dejado «en suspenso» al alumnado con discapacidad «por falta de acceso» y también ha señalado el caso de un menor con discapacidad al que no dejaron matricularse en un colegio ordinario en donde sus padres querían que estudiara, ya que también lo hace allí su hermano.
UNA EDUCACIÓN CON TRES PRINCIPIOS
A su juicio, el Gobierno ha «incumplidos sus obligaciones» en cuanto a la existencia de una «educación inclusiva», una medida que también se reclama en la Convención de la ONU.
Durante la comparecencia, la senadora del PSOE Patricia Abascal, ha recordado a Martín que uno de los objetivos de la nueva LOMLOE es que, «en los próximos 10 años, se pueda hacer inclusión en los centros ordinarios».
Sin embargo, Martín ha advertido a la socialista que «la escuela ordinaria no es inclusiva» a día de hoy y ha pedido no centrar le debate en «educación especial-educación ordinaria» porque «hay otras cuestiones que deben resolverse», como la accesibilidad a las instalaciones, pero también en las materias.
Según ha explicado, todavía no hay alternativas para asignaturas como Educación Física y se suele enviar a los menores con discapacidad a aulas de estudio o bibliotecas en donde se les aisla. También denuncia que la escuela no está adaptada a las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo.
INCUMPLIMIENTO DE ESPAÑA ANTE LA ONU
A su juicio, tener una escuela inclusiva implica que se base en «tres principios»: presencia, progreso y participación. «Si no se dan estos tres preceptos, la educación no es inclusiva», ha declarado, antes de recordar que la escuela es, junto con la familia, «el primer núcleo de convivencia» de los menores con discapacidad. Además, ha apuntado, si un niño no ve a otro con una gran discapacidad, «va a ser muy difícil que lo quiera y también que lo incluya», ha señalado.
La falta de accesibilidad en el país es, para Martín, el ejemplo más visible del incumplimiento de España ante la ONU, que le exigió cumplir con esta medida en todos los espacios y edificios públicos en 2017.
Esta falta de compromiso, ha indicado, también se ve en el olvido que, a su juicio, vivió el colectivo con discapacidad en las medidas puestas en marcha ante la pandemia, empezando por las de «prevención» o «higiene». Martín también ha denunciado ataques «desproporcionados» de cuerpos y fuerzas de seguridad en el confinamiento o la desprotección vivida en materia de violencia de género durante la crisis sanitaria.
También ha criticado que se «restringe» el derecho a vivienda de las personas con discapacidad, se incumple la ley del cine en cuanto a subtítulos o lengua de signos, que servicios como el 112 sigue sin estar adaptado a personas sordas, o que se siguen usando a personas de este colectivo, por parte de los ayuntamientos, para ofrecer espectáculos de entretenimiento.
Además, ha alertado de la necesidad de llegar a un Pacto de Estado, como se hizo con la violencia de género, pero en materia de soledad forzosa y ha llamado a poner más el foco en la salud mental.
LAS LEYES COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
Es por eso, que ha pedido a los legisladores que pongan a estas personas «en el centro» de las políticas aunque sea necesario poner «patas arriba» el sistema educativo o el social. «Las leyes son un buen instrumento de pedagogía en derechos humanos, por eso nuestra leyes deben salir lo más alineadas posibles con los mandatos que hemos asumido y también las leyes deben ser la antesala de todo lo demás», ha declarado.
Martín ha indicado que lo que no quieren las personas con discapacidad es «tener que seguir pidiendo permiso» para acceder a los espacios a los que quieren llegar y también que los legisladores y las instituciones sean «rigurosos» con los cumplimientos de las normas.
Por otra parte, Martín ha sido preguntado por la senadora del PP Violante Tomás, por su opinión sobre la ley de eutanasia recientemente aprobada por el Congreso. El dirigente del CERMI ha señalado que «si un Estado está preparado y maduro» para legislar en este sentido, la organización no tiene más que hacer que «respetarlo», aunque ha indicado que «trabajará» para que en el futuro esta ley se «adecue» a los mandatos en relación de los derechos humanos. «Como hicimos con la ley de esterilización o la del derecho al voto», recuerda Martín.
La comparecencia de Martín ha sido celebrada por el resto de grupos parlamentarios presentes. Desde Ciudadanos, su portavoz en esta comisión Marcos Arias, ha llamado a reflexionar ante la falta de cumplimiento de los llamados de la ONU; mientras que la representante de Junts, Tereso Rivero, ha reconocido que los legisladores no deben sentirse «incómodos» ate la diversidad, cuando es «una fortaleza de la sociedad».
La senadora del PNV, María Rosa Peral, por su parte, ha señalado que le cumplimiento de la convención debe ser «irrenunciable» y ha señalado la necesidad de escuchar a los colectivos, agentes sociales y al Tercer Sector en este tema.
