El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha absuelto a dos exalcaldes de Almonte y a otras 13 personas, administradoras todas ellas de explotaciones agrícolas, que fueron juzgadas el pasado mes de marzo por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas causando «riesgo de perjuicio grave» al equilibrio de los sistemas naturales del espacio natural de Doñana y, subsidiariamente, de un delito de usurpación-distracción de aguas.
En la sentencia notificada este jueves a las partes personadas en el procedimiento, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, el magistrado absuelve a los quince acusados –los dos exalcaldes como cómplices y el resto como coautores del delito referido– y a siete entidades vinculadas a éstos últimos, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.
El juez considera probado que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), organismo autónomo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, firmó entre 1996 y 2006 varios convenios con el Ayuntamiento de Almonte para la realización de una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresa compatibles con el medio ambiente y para la realización de experiencias para el fomento de la agricultura y ganadería ecológicas en el marco de la sostenibilidad.
Para ello, el IARA cedió al Ayuntamiento unas hectáreas de terreno determinadas en el paraje Matalagrana, que forma parte del Espacio Natural de Doñana.
Así, los convenios tenían como objetivo que las parcelas se destinaran a la explotación agraria, considera probado el juez, que añade que, en cumplimiento de dichos convenios, el Ayuntamiento de Almonte, «como mero intermediario», firmó con la Asociación de Agricultores de Matalagrana sendos convenios mediante los cuales cedía las hectáreas de tierra previamente convenidas con el IARA para su explotación a cambio del pago de un canon que dedicaba exclusivamente a arreglar los caminos de acceso y actuaciones similares.
En los citados convenios, «se hablaba del uso de técnicas no agresivas con apoyo mínimo de riego» y «se encomendaba al Ayuntamiento el seguimiento y vigilancia de los cultivos», según indica la sentencia fechada este jueves 23 de diciembre.
De este modo, el juez asegura que los 13 acusados como administradores de diferentes explotaciones agrícolas de la zona, en ejecución de los convenios aludidos, hicieron uso de los sondeos para la extracción de agua del acuífero 27 ‘Almonte Marismas’ para regar sus respectivas explotaciones «en la creencia de que eran legales porque los mismos contaban con las autorizaciones correspondientes».
Apuntando, asimismo, que «porque lo hacían bajo el amparo de la actuación de las administraciones competentes en materia de aguas y medio ambiente, sin alterar el balance hídrico del acuífero y sin generar un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sus hábitats».
De su lado, y según agrega el magistrado en la sentencia, los dos exalcaldes investigados, en su condición de primeros ediles de la localidad de Almonte, «carecían de competencias para ordenar a los acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos», por lo que «no pudieron realizar comportamiento alguno que pudiera favorecer una supuesta extracción ilegal de aguas».
En el juicio, la Fiscalía solicitó para los dos exalcaldes un año de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros, así como seis meses de inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura, mientras que los administradores de las explotaciones agrícolas se enfrentaban a dos años de prisión, multa de 7.200 euros, e inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura durante un año.
