La Conferencia de Presidentes de este domingo, 13 de marzo, reunirá en La Palma a los líderes autonómicos con el presidente Pedro Sánchez, dejando fuera del orden del día la reforma del sistema de financiación, uno de los asuntos que las comunidades llevan ya años exigiendo y que el presidente Sánchez se comprometió a tener listo antes de que acabase la actual legislatura.
Uno de los presidentes más activos en esta exigencia es el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien viene denunciando la necesidad de abordar con urgencia el nuevo modelo en todos y cada uno de los grandes encuentros autonómicos que se han celebrado en lo que va de legislatura.
En ese tiempo, en concreto, ha habido tres Conferencias de Presidentes -31 de julio de 2020 en La Rioja; 29 de septiembre de 2020 de manera telemática; 30 de julio de 2021 en Salamanca- en las que el Gobierno tampoco incluyó la reforma del sistema de financiación.
Contando con la cita de La Palma son ya cuatro Conferencias de Presidentes, a las que hay que sumar otros tres Consejos de Política Fiscal y Financiera, el órgano de debate y de participación autonómica en materia fiscal y financiera y donde están representados los consejeros de Hacienda de todas las comunidades.
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha recordado que «en los meses iniciales de la pandemia se produjeron varias reuniones de presidentes casi cada semana, pero en aquellos momentos estábamos viviendo una situación extraordinaria y eran encuentros centrados en las medidas sanitarias».
Con lo que «la Conferencia de Presidentes de La Palma es la cuarta que convoca Sánchez sin estar centrada de manera tan exclusiva en la pandemia en la que se deja fuera la reforma de un sistema que está asfixiando a la Región de Murcia», ha resaltado.
Que se vaya a celebrar una nueva cumbre de líderes autonómicos en la que no se hable de financiación ya no le sorprende, pero sigue indignando al titular de la Hacienda regional. «Cada día que pasa con este modelo, la Región de Murcia pierde dos millones de euros. Solo desde la cumbre de Salamanca, los murcianos hemos perdido otros 420 millones de euros por la inacción y la nula voluntad del presidente Sánchez para abordar la reforma», ha denunciado Marín.
CRITERIO POBLACIÓN AJUSTADA
Entre Salamanca y La Palma, la ministra Montero ha deslizado un informe sobre la modificación de uno de los elementos que definen el sistema de financiación, el de población ajustada. La propuesta, sin embargo, ha generado un rechazo prácticamente unánime de todas las comunidades, independientemente de su signo político. Desde el Gobierno de la Región de Murcia lo interpretan directamente como una estrategia de Sánchez y Montero para justificar el incumplimiento del compromiso que adquirieron con la Comisión Europea.
«La elección del criterio de población ajustada no ha sido gratuita», ha indicado Marín, quien ha recordado que «hay criterios como el de equidad o el de suficiencia en los que todas las comunidades coincidimos o podemos alcanzar un acuerdo, pero el elemento de la población ajustada es el que provoca más enfrentamiento».
A su juicio, «esa propuesta, que se filtró a la prensa antes de que nos llegase a las comunidades, no era más que un teatro, una estrategia interesada para enfrentar a las autonomías, dinamitar las posibilidades de acuerdo y volver a meter la reforma en un cajón».
En este sentido ha lamentado que en 2018 esa reforma parecía algo inminente tras más de dos años de «intenso trabajo» con todas las comunidades, el Comité Técnico Permanente de Evaluación designado por el anterior Gobierno, presidido entonces por Mariano Rajoy, había dado luz verde a un informe que sentaba las bases técnicas para un nuevo modelo.
«Consensuado y aprobado ese último trámite técnico, faltaba solo el impulso político, y a juzgar por las declaraciones del presidente Sánchez eso no debía ser un obstáculo», ha explicado. Sánchez, recién llegado a la Moncloa en aquel momento, apuntaba a la reforma del sistema de financiación como una prioridad, uno de los asuntos de Estado más trascendentes. Este mensaje se intensificó durante la campaña a las elecciones autonómicas y municipales de 2019.
Tanto, que el propio presidente Sánchez se comprometió ante la Unión Europea, a través del Plan de Estabilidad 2019-2022, a hacer realidad esa reforma antes de que acabase la legislatura. Ese impulso político pasaba por convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y llevar el informe técnico elaborado por el Comité Técnico para debatirlo.
Era prácticamente el último paso, pero el Consejo de Política Fiscal no llegó. En lugar de eso, el Gobierno central sorprendió con la creación de un ‘grupo de trabajo de decisión política’ que se reunió tan solo una vez.
Finalmente, el Consejo de Política de Fiscal y Financiera se celebró en febrero de 2020. Las comunidades, sin embargo, vieron cómo aquel encuentro, el primero que convocaba el Gobierno central a pesar de que el reglamento fija un mínimo de dos reuniones anuales, dejaba de lado el asunto de la reforma.
Desde entonces, la ministra de Hacienda ha convocado otras dos reuniones de este órgano, en octubre de ese mismo año y en julio de 2021, pero en ninguno de ellos hubo hueco para la reforma del sistema de financiación.
Y eso, a pesar de las insistentes peticiones de las comunidades autónomas y a las propias declaraciones del presidente y la ministra de Hacienda, que seguían defendiendo en público que la reforma era una de sus prioridades.
«A estas alturas tenemos muy claro que la verdadera prioridad de Sánchez y Montero es la mal llamada armonización fiscal», ha señalado el consejero murciano quien ha defendido que la única intención del Ejecutivo, «porque así se lo han exigido sus socios de gobierno, es intentar obligar a las comunidades que apostamos por la moderación fiscal a que subamos los impuestos a nuestros ciudadanos».
Ha lamentado que les acusen «‘dumping’ fiscal para tratar de imponer una medida anti cíclica que no sería más que un sablazo a los bolsillos de los murcianos y que ralentizaría la salida de la crisis, y por eso desde el gobierno de la Región de Murcia llegaremos a los tribunales si hace falta para defender nuestra autonomía fiscal».
«El verdadero ‘dumping’ es un sistema de financiación injusto y caduco que le ha generado a esta Región una deuda de más de 9.000 millones de euros. Y eso, aunque no quiera oírlo, se lo vamos a decir al presidente Sánchez en La Palma», ha concluido Luis Alberto Marín.
