La portavoz del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Funeraria Municipal, Inmaculada Sanz, ha aseverado este lunes que no se contactó con intermediarios para los contratos de material sanitario en pandemia, sino «con un proveedor sobre las múltiples ofertas de ese momento», cuando «morían en Madrid 300 personas diarias».
«Llamaron muchas personas para ofrecer colaboración, como donaciones, y la prioridad era que los plazos de llegada fueran los mínimos posibles. La prioridad era la urgencia de que estuviera lo antes posible», ha explicado tras asistir al consejo extraordinario de la empresa municipal que convocó ella misma este pasado viernes tras las informaciones sobre la investigación de dos contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes.
A continuación, «se pasaba al área de Hacienda, que se encargaba de las compras, y cuando veían que podía ir a parar a buen puerto, se establecía». «Se le paga un precio fijado, que es el pactado con ellos. Lo que hacemos es pagar un precio al proveedor», ha apuntado.
Ha señalado, por otra parte, que los grupos de la oposición sí eran conocedores de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos realizados en pandemia para adquirir material sanitaria porque se les informó de ello.
«Me da cierta pena que después de la lealtad (mostrada por la oposición) ahora se está haciendo este uso de esta cuestión porque quiebra el espíritu que todos tuvimos para centrarnos en salvar vida. No es verdad que se les ocultara ninguna información. Se les informó de la situación de la Fiscalía», ha manifestado la también delegada de Seguridad y Emergencias de la capital.
Sanz ha reiterado que no tienen información «de una investigación que afecte al Ayuntamiento de Madrid«, al tiempo que ha recordado que «fueron muchos los contratos de emergencia que hubo que hacer». «Fuimos de las primeras administraciones que pudo testar a sus trabajadores y a partir de ahí, todos los contratos han pasado por todos los controles, por el Tribunal de Cuentas», ha expresado.
La petición de información por parte de la Fiscalía, ha añadido, llega a finales de 2020, a la que sigue una ampliación de esa información. «Después se llama como testigo para que aporte una información», ha aseverado. «Si se demostrara o hubiera indicio sólido por supuesto ejerceríamos acciones legales para defender el interés del Ayuntamiento de Madrid», ha finalizado.
