El Programa de Trabajo de la Comisión para 2027 cambia de piel: menos leyes nuevas, más derogaciones y una obsesión declarada, la competitividad. El borrador del documento y sus anexos, al que ha tenido acceso POLITICO y que el Colegio de Comisarios adopta este miércoles, confirma el giro. Bruselas ya no promete transformar Europa; promete, sobre todo, no estorbar.
La frase que ordena el texto es una: ‘la UE debe conservar la capacidad de trazar su propio camino’, y añade que ‘la independencia es nuestra prioridad para la economía europea. Traducido a lenguaje de calle: seguridad económica, autonomía industrial y defensa por delante de la agenda verde tal y como se diseñó en 2019, y todo ello bajo el reconocimiento expreso de que vivimos un tiempo de ‘riesgos geopolíticos crecientes e incertidumbre económica’.
Hay un dato de calendario que explica la prisa. A Von der Leyen le queda un mandato útil de dos años y medio: a partir de junio de 2028, con la Eurocámara en precampaña para las elecciones de 2029, ninguna ley nueva sale del trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión final de cada norma europea). Eso convierte 2027 en el último ejercicio verdaderamente legislativo de la legislatura.
De ahí la lógica del documento: terminar lo que ya está en el tubo, matar lo que no tiene recorrido y limpiar el almacén. Iniciativas como la Industrial Accelerator Act llegan con retraso; decenas de expedientes quedan enterrados sin ruido. La Comisión lo vende como higiene administrativa. La lectura política es otra: es un ajuste de cuentas con el exceso regulatorio que ella misma impulsó.
De la lista de cadáveres surge el retrato de una época. Cae la reforma de la fiscalidad energética de 2021, la que pretendía gravar menos la electricidad que los combustibles fósiles: cinco años sin unanimidad en el Consejo —materia fiscal, voto unánime— porque varios capitales no querían subir impuestos a la gasolina, el diésel y el gas. Cae también la Directiva de Alegaciones Verdes contra el greenwashing, propuesta en marzo de 2023 y aparcada en junio de 2025 por el choque entre Bruselas y los gobiernos sobre las cargas de información.
Bruselas llama simplificación a lo que, mirado de cerca, es una retirada ordenada: menos normas nuevas, más normas enterradas y ninguna explicación sobre lo que viene.
Lo que se entierra: del impuesto al diésel al seguro de depósitos europeo
La kill list incluye expedientes que llevaban una década en en el limbo. El más caro políticamente es el reglamento de acceso a datos financieros (FIDA), que debía abrir a terceros la información de aseguradoras, gestoras y fondos de pensiones. La comisaria Maria Luís Albuquerque lo defendió hasta el final y lo salvó al menos una vez de las tijeras de simplificación. No ha servido: el sector financiero tradicional, con las aseguradoras a la cabeza, lo ha rechazado en cada ronda.
También se retira el esquema europeo de garantía de depósitos (EDIS), la pata que faltaba de la unión bancaria, diez años sin acuerdo porque los países con bancos más sólidos nunca quisieron mutualizar los riesgos de los demás. Corren la misma suerte el impuesto a los servicios digitales y el gravamen a las empresas con presencia digital significativa, ambos de 2018, además de la propuesta de 2023 para armonizar el impuesto de sociedades. Una norma sobre slots aeroportuarios y un reglamento comercial con Chipre completan la fosa común; este último se entierra tras 22 años de vigencia.
El detalle casi cómico: la Comisión deroga un reglamento sobre la venta especial de mantequilla de intervención a la Unión Soviética. La URSS se disolvió en 1991.
El Pacto contra el ‘gold-plating’ y la letra pequeña que España añade a Bruselas
El documento deja un reguero de promesas sin desarrollo. Habrá un paquete de ‘simplificación’ energética junto al marco post-2030 para cumplir los objetivos climáticos de 2040, pero el texto no explica qué contendrá. Se anuncia un mecanismo de mercado de calor limpio para impulsar las bombas de calor, una Corporación Europea de Materias Primas Críticas para comprar y almacenar metales, la revisión del marco temporal de ayudas de Estado para las industrias castigadas por el precio de la energía y otra revisión de los estándares de CO2 para vehículos pesados.
La parte digital llega a mediados de 2027 con un paquete de transformación y la promesa de ‘evaluar más a fondo’ la retención de datos. También se revisarán las normas de transparencia publicitaria que empujaron a Google y Meta a dejar de vender publicidad política en la UE. El calendario completo puede consultarse en la página oficial del Programa de Trabajo de la Comisión.
El corazón competitivo es otro: derribar barreras del mercado único, atacar las restricciones territoriales de suministro que encarecen productos básicos según el país, y un Pacto contra el gold-plating para impedir que los gobiernos añadan requisitos al transponer directivas. Bruselas quiere además un mecanismo para revisar y retirar esas cargas y, en el tercer trimestre de 2027, medidas para acelerar los permisos de proyectos estratégicos. El paquete bancario de simplificación aterrizará en el primer trimestre del año.
Para España, la factura es doble. La retirada de la fiscalidad energética desactiva la presión de subir el diésel, una medida que ningún gobierno español ha querido asumir por su impacto en el transporte y el campo. Y el Pacto contra el gold-plating apunta a un vicio nacional: España acumula retrasos crónicos en unas directivas y añadidos propios en otras, sobre todo en materia ambiental y de consumo, y ese sobrecoste lo pagan autónomos y pymes.
Las restricciones territoriales de suministro son la vieja batalla del sur. España, Italia, Portugal y Grecia llevan años denunciando que las grandes marcas cobran distinto por el mismo producto según el país; Berlín, La Haya y Varsovia miran con recelo cualquier intervención. En materias primas críticas, el litio extremeño y la Faja Pirítica onubense serían los primeros beneficiarios de una compra agregada, si el instrumento no se queda en un gesto.
El Eje del Poder Europeo
El eje franco-alemán llega a esta agenda con intereses distintos y un mismo miedo. París quiere soberanía industrial, defensa y compras conjuntas; Berlín quiere desregulación rápida, alivio energético para su industria y ninguna mutualización nueva. El resultado satisface a ambos en la forma —simplificar, competir, protegerse— y aparca los conflictos de fondo, empezando por quién paga las existencias de metales o el fondo de garantía de depósitos.
Los frugales del norte celebran cada derogación y frenan cualquier instrumento que huela a deuda común. El sur, con España a la cabeza, aplaude la desregulación pero teme que se convierta en coartada para rebajar estándares ambientales que otros ya cumplieron. Visegrado, Polonia y Hungría incluidas, apoyará todo lo que reduzca cargas verdes y pedirá que el gasto en defensa no compute en el déficit.
El precedente más cercano es la Comisión Juncker, que en 2015 retiró decenas de propuestas heredadas y las presentó como prueba de madurez política. Entonces el Parlamento Europeo se rebeló y Bruselas aprendió que no se puede enterrar un expediente que ya está en trílogo sin el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo. Ese es el límite real de la kill list de 2027.
Lo que se juega en los próximos dos años es si la UE sale de esta legislatura con un mercado único más profundo o con un conjunto de normas menguante y una industria todavía a merced del precio de la energía. Las próximas citas para medirlo son el debate del programa en el Parlamento Europeo y la negociación del paquete bancario en el primer trimestre de 2027. Ahí se verá si la simplificación es una estrategia o solo una coartada.
