Pedro Sánchez entra en la última parte de partido y en la final más importante del PSOE. El presidente del Gobierno en funciones se juega no sólo su futuro sino también el de la formación, cuyo único gran altavoz se ubica en La Moncloa. La pérdida de gran parte del poder municipal y autonómico en las elecciones del pasado mes de mayo fue un duro varapalo, que se ha endulzado en parte ante la posibilidad de poder gobernar. La necesidad apremia a la hora de mantener el barco a flote.
Pedro Sánchez ha pasado la semana en silencio, a excepción del viernes con la presentación de la hoja de ruta de la presidencia española de la UE en los últimos tres meses del año. Esta ausencia de declaraciones sobre la amnistía ha alimentado todo tipo de rumores. «Hay silencios que dicen demasiado», apuntan fuentes socialistas a MONCLOA. La orden desde la avenida Puerta de Hierro a todo el PSOE es clara: «No se habla de la amnistía».
Ante este silencio, la ‘vieja guardia’, con Felipe González a la cabeza, ha salido en tromba contra la amnistía, una medida inconstitucional hasta el pasado 23 de julio y que ahora puede ser moneda de cambio para obtener el poder con un pacto con Junts.
Las consecuencias de esta afrenta del felipismo son ya visibles, con la expulsión de Nicolás Redondo Terreros, un histórico del PSOE e hijo del sindicalista de UGT que le montó una huelga al propio Felipe González, sin consecuencia alguna. Una actitud que muestra el silencio de UGT y CC OO durante la última legislatura. Y es que, con Pedro Sánchez se puede parafrasear la frase atribuida a Alfonso Guerra: «El que se mueva no sale en la foto». Ahora, directamente se le expulsa. Redondo Terreros, además, se enteró de la maniobra en pleno almuerzo con Joaquín Leguina y José María Aznar.
LA PURGA DE PEDRO SÁNCHEZ A LOS CRÍTICOS
El PSOE se aferra al Gobierno como única vía para mantener la maquinaria activa. Sin este poder, tan sólo ostentaría la presidencia de Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias. El mapa municipal y autonómico es prácticamente azul. La formación liderada por Pedro Sánchez necesita el acuerdo con Junts para mantener el sillón de La Moncloa por la vía directa. Son siete ‘síes’ que marcarán un antes y un después tras las exigencias de Puigdemont a Pedro Sánchez. En este sentido, el partido que sostiene al Gobierno tendrá que aceptar la amnistía, referéndum acordado y el pago de 20.000 millones de euros extras por un nuevo concierto económico en Cataluña.
Aún no se han sentado a negociar con Junts
El PP ha puesto contra las cuerdas al PSOE en este sentido y se abren nuevas posibilidades a los del puño y la rosa para responder a las manifestaciones y concentraciones en Madrid y Barcelona. Las vías puestas encima de la mesa apuntan o bien a una repetición o bien a un nuevo Gobierno Frankenstein.
LAS PRISAS DE PEDRO SÁNCHEZ Y DEL PSOE
En el primer caso, el PSOE rechazaría la amnistía, más cuando no han comenzado las negociaciones con Junts, que se tomarán tan pronto caiga la investidura de Alberto Núñez Feijóo. «Pedro Sánchez tiene prisa por retomar la actividad rutinaria y no tiene tiempo que perder», apuntan fuentes conocedoras de la situación. «Aún no se han sentado a negociar con Junts», profundizan. La exigencia de Puigdemont pasa por una negociación al máximo nivel. Es decir, Pedro Sánchez o en su defecto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. «No hay más posibles interlocutores», sostienen.
«Si Sánchez reniega en el último momento de la amnistía, bien podría presentarse como el garante de la unidad de España», han sostenido. De esta forma, Puigdemont también ganaría peso entre los suyos al no hincar la rodilla ante el Gobierno central, una posición de liderazgo que podría enterrar las opciones de ERC para continuar al frente de la Generalitat en las elecciones catalanas del próximo 2024.
Con este escenario, el PSOE podría también remontar, recuperar parte del terreno perdido, pero en ningún caso superar al PP, que trata de ganar a Vox por la vía de la movilización e iniciativa. De hecho, los ‘populares’ se moverán dentro de dos semanas en Madrid y acudirán en tromba con Isabel Díaz Ayuso a Barcelona.
EL PSOE, DE LA AMNISTÍA A GARANTE DE LA UNIDAD DE ESPAÑA
Los argumentos en el PSOE pasarían por encumbrar a Pedro Sánchez ante el nuevo órdago de Puigdemont si finalmente da la espalda a Junts con su amnistía. En caso contrario, en la hipotética decisión del PSOE de aceptar la amnistía, que no tiene cabida en la Constitución, Pedro Sánchez tendría Gobierno, pero con un frágil equilibrio entre la veintena de partidos que lo conforman.
Para navegar en estas turbulentas aguas, además, se podría activar la euroorden contra Puigdemont, al pesar sobre él acusaciones graves de malversación, como le ha pasado a Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel, diez años de inhabilitación y al pago de las costas, así como de más de 52.700 euros. O bien, lanzar su farol. «Anunciar el sí a la amnistía, firmar un documento y después no cumplirlo», señalan las fuentes consultadas.
Puigdemont, conocedor de las tácticas de guerrillas, se ha cubierto las espaldas en este escenario y exige un compromiso firmado para tramitar la ley de amnistía antes de iniciarse la votación de investidura. Sería un gesto de buena voluntad de cara a los independentistas más irredentos, pero al mismo tiempo a la hora de la verdad la norma puede sufrir cambios de calado. El PSOE de Pedro Sánchez podría mantenerse en el Gobierno entre tres y cuatro años con el tira y afloja por aprobar la amnistía.
PUIGDEMONT LANZA LA AMNISTÍA EN PLENA DEBACLE DE ERC
Por el momento, Carles Puigdemont es el único que ha lanzado la pelota al ruedo. El PSOE tiene ahora que responder y su decisión dejará vencedores y vencidos. Los republicanos de Oriol Junqueras y Pere Aragonès, líderes de ERC, son las principales víctimas. Los republicanos e independentistas son el partido que más porcentaje de voto se ha dejado en toda España, al pasar de trece a siete escaños. En Cataluña, el PP superó en votos a ERC y Junts, mientras el PSC alcanzó los 19 diputados.
El PSOE no ha dejado caer a ERC al ofrecer y aprobar sus compromisos, como instaurar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, que se podrán utilizar desde este martes. Asimismo, esgrimen que el Tribunal Constitucional reconoce «la realidad plurilingüe» y ve en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido.
