La negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 encara una semana decisiva con la vivienda pública convertida en la principal línea roja. Comuns, a través de su líder parlamentaria Jéssica Albiach, ha puesto sobre la mesa una exigencia que amenaza con tumbar las cuentas si no se atiende: un incremento de 650 millones de euros en las partidas de vivienda.
Según ha revelado El País y confirman a Moncloa.com fuentes conocedoras de la negociación, esa cifra supone un salto del 60% respecto al presupuesto actual y situaría la inversión total por encima de los 1.700 millones de euros. Albiach ha trasladado al president Salvador Illa que sin ese refuerzo su formación no apoyará las cuentas. ‘La vivienda pública no puede ser la variable de ajuste si queremos que la legislatura no descarrile’, habría advertido en la última reunión.
Una exigencia millonaria que sitúa la vivienda en el centro del tablero
Los 650 millones adicionales que reclaman los Comuns se destinarían íntegramente a la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, la rehabilitación del parque existente y la compra de suelo. La formación detalla que la mayoría de los partidos ha mostrado su preocupación por el agravamiento de la crisis habitacional en Cataluña, donde el precio medio del alquiler en Barcelona ha superado los 1.200 euros este año y el acceso a una primera vivienda se ha convertido en una utopía para los jóvenes.
En los últimos presupuestos, la Generalitat destinó unos 1.100 millones a vivienda, un repunte respecto a ejercicios anteriores que los Comuns consideran insuficiente. ERC, por su parte, también ha presionado para aumentar las partidas del Departament de Territori, que dirige la republicana Ester Capella, aunque sin llegar a cifras tan contundentes. La aritmética parlamentaria obliga a Illa a satisfacer a ambos aliados si quiere evitar un bloqueo.
Illa, entre la espada de ERC y la pared de los Comuns
La mayoría del PSC es frágil: 33 escaños que necesitan los 20 de ERC para alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, el Govern no quiere aparecer exclusivamente atado a los republicanos, por lo que los 6 diputados de los Comuns adquieren un valor estratégico.
ERC ha vinculado su apoyo presupuestario al cumplimiento del pacto de investidura en financiación singular y lengua, pero la vivienda también ocupa un lugar destacado en su agenda. El president Illa mantendrá una nueva ronda de contactos con los grupos la próxima semana y, según fuentes del Govern, la vivienda centrará gran parte de las conversaciones. El calendario aprieta: el proyecto de Presupuestos debe entrar en el Parlament antes de finales de junio.
La negociación se ha convertido en un pulso de equilibrios: Illa necesita tanto a ERC como a los Comuns, y la vivienda se erige como la moneda de cambio que puede abrir —o cerrar— la puerta a un acuerdo a tres bandas.
El déficit crónico de vivienda pública y la comparativa con otras autonomías
Para calibrar la dimensión de la exigencia de los Comuns, conviene recordar algunos datos. Según la Agència Catalana de l’Habitatge, en los últimos cinco años se han promovido unas 4.500 viviendas de protección oficial, muy lejos de las 25.000 que los expertos consideran necesarias para aliviar la presión. El parque público catalán apenas alcanza el 2% del total, frente al 9% de Países Bajos o el 15% de Austria.
En el ámbito estatal, la comparación tampoco favorece a Cataluña. El País Vasco, con menos población, invierte anualmente más de 600 millones de euros en vivienda, y Navarra supera los 200 millones; en términos per cápita, ambas comunidades duplican el esfuerzo catalán. ‘Si no igualamos al menos la inversión per cápita de Euskadi, seguiremos perdiendo oportunidades’, ha insistido Albiach.
El Govern, a través del conseller de Economia, ha evitado concretar una cifra. Fuentes del departamento admiten a Moncloa.com que se trabaja en un plan plurianual de vivienda que podría rondar los 2.000 millones hasta 2030, pero sin comprometer aún los presupuestos de este ejercicio. Esa indefinición irrita a los Comuns, que ven en la demora una estrategia para diluir su principal bandera.
Mientras, el impacto en la relación con el Gobierno central no es menor. Una Cataluña con presupuestos estables y un Govern que muestra músculo en vivienda podría aliviar la presión sobre Moncloa, que también afronta su propia crisis habitacional. Sin embargo, un fracaso en las cuentas catalanas abriría un nuevo frente de inestabilidad a las puertas de un ciclo electoral.
Observamos, en definitiva, un escenario en el que 650 millones de euros pueden ser tanto una inversión social como un peaje político. La semana que viene, las reuniones en el Palau dirán si la vivienda consolida el pacto o lo dinamita.
