Un estudiante de la UAB ha llevado a Rodalies a los tribunales: reclama 9.211,35 euros por los daños morales que le han causado los constantes retrasos de la línea R8, la que conecta el campus de Bellaterra con el Vallès. David Pujol, alumno del grado de Física, denuncia que la falta de puntualidad del servicio de Renfe ha deteriorado su salud mental y su rendimiento académico, según consta en la demanda presentada esta semana en un juzgado de primera instancia de Barcelona.
El calvario diario en la línea R8
Pujol depende de la R8 para ir a clase cada día. La línea, que circula entre Martorell y Granollers Centre pasando por la UAB, acumula uno de los peores índices de puntualidad de toda la red de Rodalies. ‘Llego tarde a los exámenes, pierdo horas de estudio y la ansiedad me está pasando factura’, explica el estudiante en el escrito, al que ha tenido acceso este medio. En sus registros, detalla que durante el último curso lectivo más del 40% de sus desplazamientos sufrieron demoras superiores a los 15 minutos.
La demanda reclama una indemnización desglosada: 5.000 euros por daños morales, 2.211,35 euros por gastos psicológicos y psiquiátricos, y otros 2.000 euros por la afectación a su expediente académico. Pujol aporta informes médicos que vinculan su cuadro de estrés y ataques de ansiedad con la incertidumbre diaria del transporte. También ha presentado las calificaciones de los últimos semestres, que muestran un descenso notable en asignaturas clave.
La vía judicial elegida no es habitual en conflictos con operadores ferroviarios. La mayoría de los usuarios se limita a reclamaciones administrativas por el importe del billete o a quejas ante organismos como el Síndic de Greuges. Sin embargo, en este caso se invoca la responsabilidad civil extracontractual de Renfe por un servicio público deficiente y continuado. El letrado del estudiante, especializado en derecho del consumo, considera que hay un ‘incumplimiento contractual agravado por la prestación esencial del servicio.
Una reclamación que reabre el debate sobre el servicio público
El caso pone el foco en la mala salud crónica del servicio de Rodalies en Cataluña. Según los últimos datos públicos del Servei Català de la Mobilitat, la línea R8 cerró 2025 con un índice de puntualidad del 72%, muy por debajo del objetivo del 90% fijado por la Generalitat. La situación se ha convertido en en un quebradero de cabeza para miles de universitarios que dependen del tren para llegar al campus de la UAB, que concentra a más de 30.000 estudiantes y trabajadores.
Más que una reclamación económica, la demanda de Pujol es un termómetro del hartazgo de los usuarios de Rodalies que ya no ven otra salida que los juzgados.
El historial de quejas y la vía judicial: un precedente en ciernes
La Generalitat, titular del servicio a través de Renfe Operadora, ha mejorado la flota y las frecuencias en los últimos años, pero los retrasos se mantienen. El Departament de Territori anunció un plan de choque para 2026 que incluye más maquinistas y obras de mantenimiento en la infraestructura de Adif. Sin embargo, la percepción de los viajeros apenas ha variado: las encuestas de satisfacción de la ATM sitúan el transporte ferroviario como el peor valorado de la red.
Si la demanda prospera, podría sentar un precedente para miles de afectados. Hasta ahora, las reclamaciones por daños morales derivados de disfunciones del transporte público apenas han llegado a los juzgados. ‘Este caso no es solo por el dinero: queremos que la justicia reconozca que los retrasos pueden arruinar la vida de una persona’, ha declarado Pujol a este medio. Su abogado confía en que el tribunal valore la reiteración del incumplimiento y la vulnerabilidad del estudiante.
El juicio está señalado para después del verano. Mientras, Pujol sigue tomando la R8 cada mañana. ‘No me queda otra, pero a veces pienso que me sale más a cuenta dormir en la biblioteca’, bromea con amargura. Rodalies, por su parte, no ha querido hacer declaraciones sobre un caso judicial en curso, pero ha recordado que los viajeros pueden solicitar compensaciones por retrasos a través de los canales oficiales.
Algunos expertos en derecho del consumo consultados por Moncloa.com señalan que la jurisprudencia en España es ‘muy restrictiva’ a la hora de conceder indemnizaciones por daños morales en servicios públicos. No obstante, la acumulación de pruebas médicas y la continuidad de los retrasos podrían inclinar la balanza a favor del estudiante. ‘No es un retraso puntual, es un fallo sistémico’, resume el letrado. La sentencia, si llega a reconocer el daño moral de un usuario por el mal servicio ferroviario, podría cambiar las reglas del juego para Renfe.
