La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una fisura cada vez más visible en el PSOE. Mientras Ferraz aparenta normalidad y defiende la presunción de inocencia, varios barones autonómicos y dirigentes territoriales empiezan a marcar distancias con el exjefe del Ejecutivo. El temor a que el caso arrastre las candidaturas socialistas en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 aflora ya sin disimulo.
El malestar territorial que ya no se oculta
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha sido uno de los primeros en verbalizar esa tensión. Pidió evitar tanto las «condenas anticipadas» como una «adhesión ciega», reclamando un criterio propio frente a la sintonía total que ha mostrado Pedro Sánchez. Una postura que, sin romper la disciplina, introduce una brecha significativa entre Ferraz y los territorios.
Más duro ha sido el alcalde de León, José Antonio Diez, quien reconoció una «decepción profunda» y una «preocupación extrema» tras leer el auto. Sus palabras —»viendo el auto, evidentemente hay cuestiones que parecen muy feas»— reflejan la inquietud de muchos alcaldes que temen que la marca PSOE se vea salpicada a nivel local.
En Extremadura, el nuevo líder socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha optado por la distancia: «quiero hablar menos de Madrid y más de Extremadura». Una manera de desmarcarse sin criticar abiertamente, pero que en el contexto actual equivale a un gesto de autonomía frente a la dirección nacional. Y en Euskadi, el secretario general Eneko Andueza fue tan aséptico que apenas rozó la defensa: «es el momento de que la justicia haga su trabajo» y confió en que Zapatero tenga «argumentos suficientes para su absolución». Ha sido un mazazo, reconocen fuentes socialistas vascas, precisamente por la vinculación del expresidente con el fin de ETA en el País Vasco.
El caso más transparente es el de Castilla-La Mancha. Fuentes del entorno de Emiliano García-Page no ocultan su cercanía a Felipe González y su distancia con Zapatero. Además, han criticado con inusitada claridad la estrategia inicial de Ferraz: «Es de una irresponsabilidad enorme que el partido del Gobierno denunciara lawfare o una cacería judicial cuando ni siquiera se habían leído el auto.
La línea oficial y la presión orgánica de Ferraz
En la cúpula, el discurso sigue siendo de unidad y respeto a la presunción de inocencia. Los ministros que a la vez son secretarios generales territoriales —Óscar López, Diana Morant, Ángel Víctor Torres, y hasta hace poco María Jesús Montero y Pilar Alegría— han cerrado filas con la dirección. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también se ha alineado. Esa coincidencia entre cargos de gobierno y liderazgos autonómicos, que un barón sin paso por Moncloa interpreta como «una operación de control orgánico más que de ganar elecciones», ha permitido a Ferraz mantener al menos una fachada de cohesión.
Sin embargo, la necesidad de aparentar normalidad contrasta con la erosión silenciosa que se extiende por las federaciones. Un dirigente autonómico consultado por esta redacción lo resume así: «Cuanto más nos atemos a él, más nos podrá arrastrar en su caída». Y aunque nadie discute el legado político de Zapatero, tampoco se ignora que su situación judicial puede convertirse en un lastre para los candidatos municipales que se juegan su futuro dentro de un año.
La marca PSOE necesita aire propio para las urnas de 2027, no un peso judicial que condicione cada mitin.
El Eje del Poder Socialista
La fractura que evidencia el caso Zapatero es, ante todo, un pulso entre la fidelidad a los símbolos históricos y la supervivencia electoral. Los barones saben que las elecciones de diez comunidades autónomas en mayo de 2027 serán un test definitivo para el poder territorial socialista y que cada imputación o avance judicial restará margen de maniobra al partido. La «operación ministros» diseñada desde Ferraz pretendía precisamente blindar las organizaciones, pero la realidad demuestra que el malestar es difícil de contener desde los despachos de Madrid.
Históricamente, el PSOE ha atravesado crisis similares cuando un expresidente se ve señalado por la justicia —como sucedió a finales de los ochenta con algunos casos de corrupción en Andalucía— y la reacción del aparato fue entonces más quirúrgica. La diferencia actual es la cercanía del ciclo electoral y el desgaste que ya acumula un Gobierno de coalición que navega con apoyos parlamentarios frágiles. El riesgo de que el «efecto Zapatero» reactive las críticas de la oposición y desmovilice al votante socialista es real, y los barones lo están interiorizando con un pragmatismo que puede acelerar las distancias en las próximas semanas.
Mientras tanto, el presidente Sánchez mantiene un difícil equilibrio: defender la presunción de inocencia sin que su propio liderazgo quede excesivamente vinculado a la suerte judicial del expresidente. La Ejecutiva Federal apenas ha querido pronunciarse más allá de los comunicados formales, y cualquier movimiento en falso podría reabrir heridas que el partido necesitaría tener cerradas antes del verano. El próximo hito será, sin duda, la Convención Autonómica que Ferraz deberá convocar, donde las espadas territoriales tendrán ocasión de expresarse con menos filtros que en una rueda de prensa.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Ferraz insiste en la presunción de inocencia y en la unidad del partido, pero las críticas internas ya son inocultables.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 en diez comunidades autónomas, que pondrán a prueba el poder territorial socialista.
