El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha recordado al Govern que la bandera española es obligatoria en los actos oficiales y en las dependencias institucionales de la Generalitat. La sentencia, fechada el 24 de mayo, desestima en parte el recurso de Impulso Ciudadano pero refuerza el fondo de su reclamación sobre la exhibición de la enseña nacional.
El fallo se apoya en el artículo 4.2 de la Constitución y en la Ley 39/1981 sobre el uso de banderas oficiales. El tribunal señala además que la sala del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, constituye un “lugar institucional preferente” y que, por tanto, la bandera debe estar presente en ese espacio de forma permanente, junto a la senyera. Impulso Ciudadano ha valorado la sentencia como un paso adelante aunque critica que el TSJC no haya respondido a su principal pregunta: si la presencia de la bandera catalana en actos oficiales obliga legalmente a exhibir también la española.
La asociación considera que el tribunal ha aplicado un criterio “excesivamente rígido” en la valoración de pruebas sobre comparecencias públicas. Por ello, la entidad prepara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pretende que el alto tribunal delimite el alcance de la obligación de exhibir ambas banderas conjuntamente y que aclare si las comunidades autónomas deben cumplir ese mandato en todos los actos oficiales. “La bandera española simboliza la soberanía nacional y nos representa a todos, incluidos los catalanes”, defiende la organización.
El Govern de Salvador Illa encara ahora una decisión incómoda. Hasta la fecha, solo se ha colocado la bandera española para recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un gesto que Impulso Ciudadano califica de trato “parecido al de una autoridad extranjera”. La sentencia no impone sanciones inmediatas pero elimina cualquier coartada jurídica para la ausencia de la rojigualda en el corazón del Executiu.
El TSJC no impone multas, pero deja sin margen jurídico la ausencia de la rojigualda en el corazón del Govern.
Entre ERC y el BOE: el dilema de Illa
La sentencia llega en un momento de máxima dependencia parlamentaria. Illa necesita los votos de ERC para aprobar los presupuestos de 2026 y cualquier gesto que se perciba como una cesión a la legalidad estatal puede ser utilizado por los republicanos para tensar la cuerda. El president no quiere dar munición a quienes le acusan de ser el candidato del 155. A eso se suma la presión de Junts y la CUP, que llevan meses exigiendo al Govern que ignore las resoluciones judiciales que consideran fruto de la “represión” del Estado.
Sin embargo, el margen de maniobra es estrecho. Desoír un fallo judicial firme expone al Govern a un conflicto institucional con el propio TSJC y con el Gobierno central. La vicepresidenta, María Jesús Montero, ya ha recordado en varias ocasiones que el cumplimiento de la ley de banderas es “indiscutible”. La estrategia más probable es una respuesta dilatoria. Fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com admiten que no habrá cambios inmediatos en la ornamentación del Palau y confían en que el recurso al Supremo prolongue el litigio durante meses.
El objetivo es ganar tiempo mientras se negocia la financiación singular. Pero el calendario judicial y el político no siempre coinciden. El Supremo podría inadmitir el recurso de Impulso Ciudadano en pocos meses, dejando al Govern sin cobertura. Si eso ocurre antes de que Illa haya atado los presupuestos, la legislatura catalana entrará en un terreno desconocido.
Un conflicto que ya vivió el Procés
No es la primera vez que la bandera española en la Generalitat provoca un choque institucional. Durante la presidencia de Quim Torra, el TSJC ya tuvo que intervenir para obligar a colocar la bandera tras la negativa del Govern a exhibirla. La diferencia ahora es que el Govern está presidido por un socialista que se ha comprometido a respetar la legalidad, pero que gobierna con el apoyo imprescindible de un partido independentista. La ambigüedad calculada le ha funcionado hasta ahora: cumplir a medias y no provocar ni a la judicatura ni al bloque soberanista.
Analizamos esta situación como un síntoma de la fragilidad del mandato de Illa. El president no puede permitirse el lujo de perder a ERC antes de los presupuestos, pero tampoco puede aparecer como un presidente que incumple sentencias judiciales. El camino intermedio que ha elegido —colocar la bandera solo cuando visita Sánchez— empieza a resultar insostenible. La sentencia del TSJC, aunque no ejecutiva de forma inmediata, le estrecha el círculo.
El próximo movimiento está en manos del Consell Executiu. Si el Govern opta por recurrir al Supremo, la cuestión puede quedar congelada durante meses. Si, por el contrario, decide cumplir de manera voluntaria la colocación permanente de la bandera en la sala del Consell Executiu, provocará una tormenta con sus socios. La legislatura catalana está construida sobre equilibrios tan finos que, a veces, un trozo de tela puede hacerla temblar.
