Mediapro ha llevado a un escándalo judicial la disputa con uno de sus antiguos directivos de mayor confianza. La productora audiovisual catalana ha presentado una querella criminal contra Julián Fernández, director general de NVP Spain, por la supuesta sustracción y uso de información reservada de la compañía. La denuncia, admitida a trámite en los juzgados de Barcelona, apunta a que Fernández y dos miembros de su equipo se reenviaron a sus correos personales documentación estratégica antes de abandonar la empresa. El caso se enreda ahora con contratos millonarios y una enconada pugna por el control de la producción de contenidos deportivos.
La querella criminal que sacude al sector audiovisual
La investigación interna de Mediapro, activada tras la marcha voluntaria de Fernández, detectó lo que fuentes de la compañía califican de “torpeza digital”. Una auditoría forense sobre los buzones de correo corporativo reveló que los tres empleados salientes habían reenviado a direcciones personales “información de todo tipo de la empresa”. “No esperábamos encontrar nada. Tuvimos la suerte de que fueron torpes, porque en estos casos suele usarse papel, que no deja rastro”, relatan a Moncloa.com fuentes conocedoras del proceso.
La querella penal, que incluye a otros dos exempleados del equipo de Fernández, se sustancia en Barcelona. Tanto Mediapro como el propio directivo confirman la existencia del litigio y aseguran que ya se han producido las primeras declaraciones. El ejecutivo, por su parte, ha contraatacado con una reclamación judicial por el impago de unos bonus, algo que desde la productora replican con escepticismo: “Se le pagarán si le corresponden, pero no tenemos constancia de esa denuncia”. Al mismo tiempo, la compañía asegura disponer de correos que demostrarían que Fernández negoció su nuevo contrato con NVP mientras aún era empleado del grupo audiovisual.
Un ‘protegido’ de Jaume Roures en la diana judicial
El nombre de Julián Fernández ha estado envuelto durante años en una nebulosa de rumores. En Mediapro se le conocía como “el protegido” de Jaume Roures, fundador y antiguo dueño del conglomerado, con quien mantiene una relación personal muy estrecha. Hasta el punto de que circuló la especie de que Fernández era hijastro de Roures, extremo que Crónica Global ha desmentido. Sin embargo, la cercanía entre ambos añade una capa de dramatismo a un caso que trasciende lo meramente laboral.
La salida de Fernández se produjo tras más de 17 años en la empresa. Aseguró a sus superiores que se iba “a una startup”, pero recaló en NVP Spain, la filial de la productora italiana NVP que compite directamente con Mediapro. La compañía siciliana, que aterrizó en Madrid en abril de 2025, lanzó en febrero de 2026 su división de marketing deportivo. Al frente de la operación en España está Ismael Marcer, otro canterano de Mediapro que pasó nueve años en la filial americana del grupo.
El movimiento de fichajes no es casual. NVP, en una joint venture con la suiza HBS, se ha adjudicado el contrato de producción audiovisual de LaLiga, un botín que durante años dominó Mediapro. Según el medio especializado 2PlayBook, el vínculo está valorado en unos 30 millones de euros anuales, lo que eleva el valor total del acuerdo hasta 2030 a aproximadamente 150 millones de euros. Fuentes de Mediapro reconocen a Moncloa.com que están analizando hasta qué punto la información supuestamente sustraída pudo haber influido en la consecución de contratos importantes por parte de la competencia.
La información confidencial no viaja en papel, sino en correos electrónicos; y cuando se detecta la torpeza, la vía penal se convierte en un atajo para cortar el daño.
El factor Roures y la guerra por el contenido deportivo
Este nuevo episodio judicial irrumpe en un momento de reestructuración profunda en Mediapro, que hace apenas dos años vivió un ERE que afectó al 18% de la plantilla en España. Jaume Roures, que abandonó la compañía en 2024 para levantar un nuevo grupo empresarial, sigue siendo una figura omnipresente en la trama. La batalla legal que ahora se abre no es solo por secretos industriales; es también una guerra de lealtades entre el antiguo núcleo duro y los nuevos gestores del gigante audiovisual.
La conexión con LaLiga da una dimensión económica de primer orden al procedimiento. Si se demostrara que la información interna de Mediapro contribuyó a que NVP se hiciera con un contrato de esa envergadura, las consecuencias podrían ir mucho más allá de una mera condena penal. Se abriría la puerta a reclamaciones por competencia desleal y, quizá, a una revisión del propio proceso de adjudicación. Por ahora, sin embargo, el pliego de producción no figura entre los documentos que se investigan, ya que Fernández aún no había cambiado de empresa en el momento de la licitación.
En los pasillos del sector se habla de una guerra fría que ha subido de temperatura. Mediapro ha optado por la vía penal, un camino poco habitual en disputas corporativas que suelen resolverse en la jurisdicción mercantil. Esa decisión, apuntan fuentes jurídicas consultadas, envía un mensaje contundente: la compañía quiere que la investigación esclarezca todos los extremos sin posibilidad de pactos confidenciales.
El caso se ha convertido en una pequeña tormenta dentro del entramado empresarial catalán. Para los observadores del tablero político-económico, lo que está en juego es la credibilidad de un sector —el audiovisual— que mueve cientos de millones en derechos deportivos y que ha convertido a Barcelona en uno de sus centros neurálgicos. La evolución de la querella marcará, además, el alcance que puede tener un simple reenvío de correos cuando esos mensajes contienen la llave de contratos de vértigo.
