El Parlament ha superado esta mañana el primer trámite presupuestario del año, rechazando las cinco enmiendas de totalidad contra las cuentas del Govern de Salvador Illa. Con los 68 votos del PSC, ERC y los Comuns, los presupuestos más expansivos de la historia catalana –49.162 millones de euros– continuarán su camino con la negociación de enmiendas parciales hasta la votación definitiva prevista para principios de julio.
La mayoría de la investidura revalida su pacto en la primera votación económica
El hemiciclo ha vivido esta mañana un debate encendido, aunque el resultado estaba cantado desde que Illa amarró el respaldo de sus dos socios. La consejera de Economía, Alícia Romero, ha defendido las cuentas como ″una herramienta de país″ y ha destacado el incremento del 22,8% respecto a 2023, un saldo que eleva la inversión en sanidad a 14.000 millones, en educación a 8.391 y destina 2.500 millones a políticas de vivienda. En su turno, ha tendido la mano a Junts y al PP para no bloquear la reforma de la financiación autonómica en el Congreso, una partida que, según el Govern, podría añadir otros 4.000 millones al presupuesto del año próximo.
ERC, con la portavoz Ester Capella, ha justificado su ″sí vigilante″ poniendo el foco en la soberanía fiscal y el refuerzo de la Agencia Tributaria catalana. Los Comuns, a través de Jéssica Albiach, han centrado su apoyo en el giro hacia la intervención pública en el mercado de la vivienda, aunque han advertido que no será un ″cheque en blanco″. El tripartito ha sobrevivido a la primera aduana, pero las diferencias internas reaparecerán en cuanto se abran las enmiendas parciales.
Las 49.162 millones de Romero: récord de gasto en salud, educación y vivienda
El presupuesto de 2026 es el más abultado de la historia catalana. Supone 9.000 millones más que las últimas cuentas aprobadas y consolida un aumento sostenido del gasto público en áreas clave. La consellera ha insistido en que no se trata solo de partidas, sino de una apuesta por la estabilidad tras años de prórrogas. Además de las cifras ya mencionadas, Romero ha anunciado el objetivo de llegar a 25.000 Mossos d’Esquadra en 2030 y ha detallado inversiones en el ciclo del agua, la ampliación del aeropuerto de El Prat y la creación de un consorcio de inversiones para agilizar proyectos.
Sin embargo, el discurso del Govern choca con el relato de una oposición que ve en estas cuentas más política de trinchera que gestión. Junts, a través de Mònica Sales, ha calificado el acuerdo de ″tripartito″ y ha denunciado la ″sumisión″ de ERC a un PSC que, a su juicio, comparte las sombras de corrupción del PSOE. El PP, con Alejandro Fernández, ha hablado de un ″chiringuito socialista″ al servicio de las ″miserias compartidas″ de socialistas y republicanos. Vox ha denunciado un ″expolio fiscal sin precedentes″ y la CUP ha tachado las cuentas de ″estafa para las clases trabajadoras″. Aliança Catalana, con Sílvia Orriols, las ha definido como ″tristes, grises y mediocres″.
La crispación no es anecdótica. Todos los grupos de la oposición coinciden en que los presupuestos nacen con una base parlamentaria estrecha y un horizonte de legislatura incierto. Si el Govern pierde alguno de los apoyos en las próximas votaciones parciales, la cuarta prórroga presupuestaria dejaría de ser una hipótesis de laboratorio.
El reto de Illa no es tanto el pleno de julio como mantener viva la geometría variable que le dio la presidencia.
El verdadero pulso: las enmiendas parciales y la sombra del nuevo modelo de financiación
Lo que ha pasado hoy es un primer acto, previsible, de una obra que se dirime en los despachos. ERC y Comuns han tragado con el marco general, pero han dejado claras sus líneas rojas: la vivienda para los comunes y la soberanía fiscal para los republicanos. La consellera Romero ha asumido ambos compromisos en su discurso, aunque la capacidad real del Govern para desarrollarlos sigue siendo limitada, sobre todo cuando la llave del IRPF y de la financiación sigue en Madrid.
Además, el Govern confía en que el PP no bloquee la reforma del sistema de financiación, un escenario improbable sin contrapartidas. El mismo Alejandro Fernández ha ironizado hoy sobre la petición de Romero, recordando que los socialistas nunca han querido pactar una reforma que beneficie a todas las comunidades. Aquí se abre una dualidad de calendarios: mientras el Parlament seguirá debatiendo las enmiendas parciales, la partida de 4.700 millones adicionales de la que habla Romero depende de un acuerdo en el Congreso que hoy no existe.
En la última legislatura, la Generalitat ya vivió un episodio similar: los presupuestos de Pere Aragonès para 2023 fueron rechazados en la Mesa del Parlament al haber expirado la prórroga de las cuentas anteriores. Aquello demostró que tener presupuesto es casi tan importante como tenerlo a tiempo. Illa lo sabe y por eso ha querido sacar adelante este primer trámite cuanto antes, aunque el calendario esté al límite y las enmiendas parciales puedan enquistarse.
La legislatura respira, pero no está curada. El president ha logrado que su Govern tenga un horizonte presupuestario, pero el peaje que deberá pagar a los socios en las próximas semanas será la verdadera medida de su fortaleza política. La oposición, por su parte, ha dejado claro que no le hará el camino fácil. Hoy, el bloque de la investidura sigue en pie. Mañana, ya veremos.
