El teniente coronel Antonio Balas ha ratificado ante el tribunal de Badajoz los principales indicios que pesan sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, como el «nivel superior con capacidad política» que ordenó crear el puesto ad hoc. Mientras la UCO respaldaba al juez, el PP aprovechaba el momento para denunciar desde el Senado la operación de acoso a los magistrados incómodos, enmarcándola en lo que Génova califica de lawfare del PSOE.
Balas, Biedma y la plaza «a medida» para el hermano de Sánchez
La declaración del mando de la Unidad Central Operativa, que compareció junto a otros ocho agentes, fue contundente. Balas situó a Gallardo como el verdadero impulsor de la plaza de coordinador de conservatorios, creada en 2016 y adjudicada meses después al hermano del presidente. Según el teniente coronel, el departamento de Recursos Humanos fue solo un «instrumento» para dar cobertura legal a un puesto que, en realidad, se diseñó para una persona concreta.
El correo electrónico con el asunto «el hermanísimo», enviado por el entonces responsable del Conservatorio Superior a la directora del Conservatorio Profesional el 19 de mayo de 2017, fue otro de los ejes de la comparecencia. Balas subrayó que ese mensaje demuestra que los responsables de los conservatorios «ya sabían que se iba a presentar y que se lo van a dar», a pesar de su oposición inicial a la plaza.
La UCO también resaltó que David Sánchez ya buscaba alojamiento estable a través de Airbnb el 26 de junio de 2017, el mismo día en que la comisión de valoración calificaba a los candidatos. «Lleva tiempo buscando y le está costando», escribió el hermano de Pedro Sánchez al propietario, un dato que, sumado a la urgencia por crear el puesto, reforzó la tesis de los actos preparatorios.
La lectura política: el PP usa Badajoz para reforzar la ofensiva institucional en el Senado
El Grupo Popular en el Senado ha convertido el caso en munición parlamentaria. Fuentes del GPP en la Cámara Alta confirman que los populares registrarán esta misma semana una moción de apoyo a los jueces perseguidos por el denominado «caso de las cloacas del PSOE» y pedirán la comparecencia de la fiscal general del Estado. La portavocía del PP en el Senado, con Javier Maroto a la cabeza, busca poner el foco en la «estrategia de acoso y derribo» contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa, que estaría vinculada a la trama de Santos Cerdán.
Esta maniobra se inscribe en la estrategia de Génova de desgastar al Gobierno por sus «procesos judiciales contaminados» y de presentar al partido como el único garante de la independencia judicial. El presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya había anticipado este giro en el último Comité de Dirección, donde pidió a los suyos «no dar tregua» a la «deriva autoritaria del sanchismo».
La declaración del teniente coronel Balas demuestra que la instrucción judicial fue sólida desde el principio, pese a los intentos de desacreditarla.
El Eje del Poder Popular
El flanco territorial también se activa. En Extremadura, la presidenta autonómica, María Guardiola, ha respaldado sin fisuras la ofensiva del Senado y ha ofrecido los datos de los procedimientos iniciados en su administración para depurar responsabilidades. La política extremeña, además, aporta un elemento de castigo electoral: el expresidente Gallardo es hoy secretario general del PSOE de Badajoz, y el PP extremeño ve en la causa una oportunidad para ampliar su base en una comunidad que ya gobierna.
En el plano nacional, el liderazgo de Feijóo se refuerza con esta ofensiva. Al unir la defensa de los jueces con la batalla contra la «corrupción política» del PSOE, Génova logra un doble efecto: coloca al Gobierno a la defensiva y cohesiona al grupo parlamentario, que en los últimos meses había mostrado algunas dudas sobre la oportunidad de tensar tanto la cuerda en el Senado.
La clave está en el calendario. Con las elecciones autonómicas aún lejanas, el PP necesita hitos judiciales sólidos que sostengan el relato de la «excepcionalidad democrática». El caso de David Sánchez llega en un momento en que la película de Begoña Gómez pierde fuelle, y permite a los populares mantener la iniciativa.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El lawfare del PSOE contra los jueces que investigan al entorno del presidente es una realidad, y el Senado popular será su dique de contención.
- Protagonista: Javier Maroto (portavoz del Grupo Popular en el Senado).
- Próximo hito: El Pleno del Senado debatirá la moción de apoyo a los jueces perseguidos la próxima semana.
