Las críticas al VioGén han escalado este jueves en la Asamblea de Madrid. La consejera de Familias, Ana Dávila, acusó al Gobierno central de mantener un sistema de valoración del riesgo y unas pulseras antimaltrato que «no funcionan», al tiempo que reivindicó que la Comunidad de Madrid concede el triple de ayudas que todas las autonomías gobernadas por la izquierda juntas.
Las pulseras antimaltrato, en el punto de mira
Dávila no se anduvo con rodeos. Respondía a la diputada de Más Madrid, Mariana Arce, que había denunciado el «desmantelamiento» de las políticas de igualdad en plena escalada de feminicidios: 23 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, el doble que en el mismo periodo de 2025. La consejera replicó que el Gobierno de España es responsable de que el país haya retrocedido 20 puestos en los rankings internacionales de seguridad de las mujeres y de que, con la ley del «solo sí es sí», se hayan soltado violadores y beneficiado agresores sexuales.
El foco lo puso sobre los dispositivos de protección. «Solo en Madrid, tres de las últimas cuatro mujeres asesinadas estaban catalogadas con riesgo bajo», advirtió, y reclamó a Más Madrid —partido que forma parte del Ejecutivo— revisar los protocolos y «corregir todos esos fallos». Además, lamentó que se sigan negando a reforzar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.
La diputada Arce había cifrado en 23 las víctimas mortales, una cifra «totalmente desgarradora» que duplica la del año pasado por estas mismas fechas. El cruce de acusaciones evidencia la fractura entre administraciones en un asunto que las propias estadísticas revelan como urgente.
La crítica de Madrid al sistema estatal de protección no es nueva, pero la escalada de asesinatos le da un eco distinto. Tres de las últimas cuatro víctimas tenían un riesgo bajo según el propio sistema.
El triple de ayudas: la red madrileña bajo la lupa
Frente a la censura al VioGén, Dávila defendió la red autonómica de atención a mujeres víctimas. Destacó que en el último año las beneficiarias de ayudas han aumentado un 42% y que Madrid concede el triple de recursos que «todas las comunidades gobernadas por la izquierda juntas». Proteger, sentenció, «exige menos pancartas, más gestión, menos propaganda y más recursos».
La red, que puede consultarse en la web de la Comunidad de Madrid, ha ampliado puntos de información y asistencia psicológica y jurídica. Sin embargo, la oposición mantiene que el Gobierno autonómico ha recortado presupuestos de igualdad y que las cifras de ayudas no reflejan su calidad ni su alcance real.
Un debate estatal con eco en la Puerta del Sol
El cruce de ayer en la Asamblea no es un episodio aislado. Ya en 2022 la Comunidad de Madrid solicitó una revisión del VioGén tras detectar fallos en la valoración del riesgo, una reclamación que no ha obtenido respuesta. Ahora, con los asesinatos disparados, la consejera ha puesto el foco en la ineficacia de las pulseras y en la necesidad de más agentes especializados.
El dato del triple de ayudas, sin embargo, requiere contexto. La comparativa agrupa a todas las comunidades de izquierda, sin desglosar importes ni tipologías de prestación. Mientras, otras regiones como Cataluña o Andalucía también han reforzado sus dispositivos, aunque con enfoques distintos. Lo que parece claro es que la coordinación entre el sistema estatal y la red autonómica sigue siendo una asignatura pendiente, y las víctimas no pueden esperar a que se resuelva la batalla política.
