La visita del Papa León XIV a Barcelona iba a ser el momento culminante de una legislatura que Salvador Illa aspiraba a consolidar tras la aprobación de sus primeros Presupuestos. Pero la huelga de docentes convocada para el martes 9 de junio, coincidiendo con la llegada del pontífice, amenaza con empañar el evento. La protesta, junto con el rechazo sindical al acuerdo salarial y la reapertura de la rama catalana del caso Leire, enreda la agenda del president de la Generalitat.
Una visita papal con el sello personal de Illa
El Govern ha destinado 1,6 millones de euros de la tasa turística para sufragar los actos de León XIV en Cataluña. Illa y varios consellers participarán en casi todos los eventos públicos del pontífice, salvo la oración en la Catedral de Barcelona el día 9. Para el president, católico practicante, este encuentro tiene una carga simbólica que va más allá de lo institucional: fue él quien, en octubre pasado, se convirtió en el primer representante del Estado en visitar el Vaticano tras la elección papal y cursó la invitación para que bendijera la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.
“Expreso mi felicidad por esta visita. Se produce en un mundo donde peligra lo elemental, que son los valores humanos”, afirmó Illa el mes pasado durante la inauguración de una exposición sobre el templo. En ese acto ensalzó la figura del Papa como referente moral. La expectativa del Govern era que la gira pontificia sirviera para proyectar una imagen de liderazgo y estabilidad, justo cuando los Presupuestos empezaban a ofrecer oxígeno financiero para grandes obras.
La huelga que desluce la fotografía
La convocatoria de huelga general educativa para el 9 de junio, respaldada por Ustec —cuya representatividad ha quedado erosionada—, CGT y la Intersindical, no es una sorpresa. Los sindicatos llevan semanas pidiendo que Illa tome las riendas de la negociación salarial. Sin embargo, el Govern ha optado por cerrar filas con la consellera d’Educació, Esther Niubó, y mantiene que solo aceptará retoques dentro del actual acuerdo.
La consulta a los docentes sobre el pacto salarial ofreció un veredicto demoledor: el 65% de los votantes lo rechazó, con una participación del 61% del censo. El resultado fue un mazazo de de realidad para el Govern, que confiaba en que los Presupuestos recién aprobados disiparan el malestar. No ha sido así.
La protesta docente, lejos de ser un conflicto laboral más, se ha convertido en un termómetro de la capacidad de Illa para gestionar las demandas sociales mientras busca proyectar una imagen de estadista.
La sombra del ‘caso Leire’ y la incomodidad de los socios
Al ruido laboral se suma la derivada catalana del caso Leire, por la que la justicia ha requerido analizar las cuentas del PSC. Los socialistas catalanes niegan cualquier vinculación con las empresas investigadas, pero la oposición aprovecha el momento para sembrar dudas. El propio Illa ha evitado comentar el asunto en público, aunque en el Govern admiten que la investigación llega en el peor momento.
Los socios de investidura, Esquerra Republicana y los Comuns, observan con creciente inquietud la presión sindical. Hasta ahora, ambas formaciones habían delegado en los Presupuestos la solución a las demandas educativas, pero el contundente rechazo en la consulta les obliga a cambiar el discurso. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, admitió ayer que “va más allá de gobiernos, mandatos y sindicatos” y abogó por un “gran acuerdo de país”. En la misma línea, la diputada de Comuns Susanna Segovia recordó en el Parlament que se acumulan años de denuncias sobre las temperaturas en las aulas o el despliegue de la educación inclusiva. “Pongamos las prioridades claras”, reclamó.
Illa confía en que el magnetismo de la visita papal eclipse, al menos temporalmente, estas turbulencias, pero la foto del martes —con el Papa y con los docentes en la calle— dejará un poso difícil de borrar.
