A diez días de la cumbre de líderes de la UE en Bruselas, Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, ha elevado la presión sobre la Comisión con una advertencia que muchos en el Berlaymont ya conocían: o se actúa ya contra la sobreproducción china o la industria europea se desangrará. ‘La era de la ingenuidad ha terminado’, dijo al diario germano Bild am Sonntag, y pidió abrir una nueva etapa en la relación con Pekín.
Sus palabras no llegan solas. Francia encabeza un grupo de Estados miembros que urgen a endurecer la política comercial antes del 18 de junio, fecha del Consejo Europeo. La Comisión ya había dado señales: el 29 de mayo, en un comunicado inusualmente duro, dijo que la situación de las relaciones comerciales y de inversión ‘no es sostenible. Y el jueves pasado, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, tras reunirse en París con el enviado chino Li Chenggang, habló de un ‘déficit comercial insostenible’ y de la necesidad de un diálogo más profundo.
La cuenta atrás hacia la cumbre del 18 de junio
La secuencia es clara. La Comisión calienta el terreno, el PPE lo convierte en ofensiva política y Francia pone la bandera de la reacción firme. En la antesala de la cumbre, el mensaje es que Bruselas debe usar ‘sus instrumentos de política comercial con determinación y sin titubeos’, en palabras de Weber.
El diagnóstico que comparten es que China está inundando los mercados con productos a precios artificialmente bajos, financiados por subsidios estatales y una sobrecapacidad industrial que el propio Partido Comunista reconoce. Weber cifró el déficit comercial diario con China en ‘casi mil millones de euros’. Una sangría que, en su opinión, pone en riesgo la base industrial europea y los empleos de calidad. Casi mil millones al día. Esa es la factura que según el PPE Europa no puede seguir pagando.
El arsenal comercial que Weber exige activar
No es un llamamiento abstracto. Weber señaló explícitamente los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos como ejemplo de herramienta que Bruselas debería estar dispuesta a emplear de forma más amplia e incluso a reforzar. La actual investigación antisubvenciones sobre los coches eléctricos chinos podría desembocar en aranceles provisionales este mismo verano, y el PPE quiere que sean lo suficientemente altos como para igualar el campo de juego.
Pero Weber fue más allá. Criticó que fondos europeos de ayuda al desarrollo acaben beneficiando a empresas chinas. Puso el caso reciente de un proyecto respaldado por la UE para la compra de 380 autobuses de gas natural para Senegal, en el que una oferta china más barata se impuso a un competidor europeo. Su exigencia es rotunda: ‘La ayuda europea al desarrollo financiada por los contribuyentes no debe beneficiar a empresas chinas’. Y añadió una condición general: ‘Quien quiera vender en Europa tendrá que ajustarse a las normas europeas.’.
En Bruselas, cada vez más voces consideran que la reciprocidad debe ser la nueva doctrina. La idea de que el mercado único es un bien público que solo se abre a quienes respetan las reglas europeas —tanto laborales como medioambientales— está ganando tracción, no solo en el PPE, sino también en sectores de la socialdemocracia.
La sobreproducción china no es solo un problema comercial: es una amenaza existencial para la industria europea que la próxima cumbre ya no puede ignorar.
El riesgo, sin embargo, es conocido. Una postura comercial más dura con China podría desencadenar represalias. Pekín podría restringir la exportación de tierras raras y otros materiales críticos, lo que golpearía especialmente a la industria alemana. Los acuerdos comerciales existentes con Canadá, Mercosur o India, aunque importantes, no bastarían para compensar una disrupción de ese calibre. Weber replica que ‘China nos necesita’, que su acceso al mercado único sigue siendo vital y que esa dependencia debe aprovecharse para garantizar una competencia leal. Plantea, en el fondo, un pulso de voluntades.
El Eje del Poder Europeo
La ofensiva de Weber refleja un realineamiento en la geometría política de la UE. Francia está recuperando su histórico instinto proteccionista, y encuentra en el PPE —tradicionalmente más liberal— un aliado circunstancial porque la amenaza se ha vuelto existencial para sectores clave como el automóvil. Alemania se mueve incómoda: su industria depende de las exportaciones a China y de las cadenas de suministro globales, por lo que un conflicto comercial abierto podría dañarla más que a otros. No obstante, Berlín ya no tiene la misma capacidad de veto ante la presión conjunta de París y el principal grupo del Parlamento Europeo.
Para España, la ecuación es compleja. El país no es un gran exportador de vehículos eléctricos, pero sí es un importante fabricante de componentes y tiene una industria auxiliar que sufriría un shock de precios si los aranceles se generalizan. Además, China es un inversor creciente en España —particularmente en energías renovables y en el sector portuario—, lo que hace que una escalada de tensiones pueda comprometer proyectos e inversiones. Moncloa tendrá que encontrar un equilibrio incómodo: no puede permitirse quedar fuera del consenso proteccionista que se está formando, pero tampoco puede poner en riesgo relaciones bilaterales que generan empleo. Este realineamiento resucita un debate antiguo: ¿quién paga el coste de la autonomía estratégica?
La historia de la UE con China está llena de puntos de inflexión que no lo fueron. En 2012, la Comisión abrió una investigación antidumping sobre paneles solares chinos que después se cerró con un acuerdo de precios mínimos que dejó insatisfechos a todos. Aquel pacto fue, en realidad, una rendición disfrazada de pragmatismo. Ahora parece haber más voluntad de llegar hasta el final, aunque el riesgo de que la diplomacia diluya los ímpetus comerciales sigue siendo alto. Weber lo sabe y por eso habla antes de que los jefes de Estado y de Gobierno reúnan. Su cálculo es que una posición fuerte del PPE condicione la agenda de la cumbre.
Lo que observamos es que la UE se encuentra ante un dilema clásico: entre el mercado abierto que la ha definido y la necesidad de proteger su tejido productivo frente a un competidor que no juega con las mismas reglas. La resolución de ese dilema empezará a escribirse el 18 de junio. Y Weber ya ha movido ficha.
