La Unión Europea ha pagado una factura energética adicional de 62.000 millones de euros en los primeros 100 días del conflicto en Oriente Medio, según un informe del Instituto Jacques Delors. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado los costes de importación de combustibles fósiles y ha reactivado el debate sobre la dependencia energética europea, mientras las renovables ganan peso a marchas forzadas.
Los 27 gobiernos de la UE han activado más de 200 medidas de emergencia desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. De ellas, 23 Estados miembros —salvo Dinamarca Finlandia, Luxemburgo y Malta— han movilizado cerca de 16.000 millones de euros en gasto público, según los datos recabados por el think tank que preside Enrico Letta. A eso se suman otros 46.000 millones de euros en sobrecoste de importaciones de combustibles fósiles.
Cien días de crisis: el coste real de la factura energética
La cifra global —62.000 millones— procede del cruce entre ayudas nacionales y encarecimiento del gas y el petróleo. El análisis de Jacques Delors subraya que «Europa está asumiendo los costes de una guerra que ni inició ni se unió, mientras sigue gastando miles de millones para compensar la carga fiscal de la dependencia de los combustibles fósiles. Esto no es sostenible». La advertencia llega en un momento en el que el gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos supone ya el 66% del total importado por la UE, un récord que acentúa la exposición a un único proveedor.
El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (Ieefa) apunta a que las importaciones de GNL han caído un 1,2% entre marzo y mayo —precisamente desde el inicio del conflicto—. Sin embargo, esa media esconde divergencias notables: España limitó sus compras, pero Italia y Alemania las incrementaron. «La UE se ha dado cuenta de que su decisión de 2022 de impulsar las importaciones de GNL ya no es sostenible», explica la analista principal de la Ieefa, Ana María Jaller-Makarewicz. «Las limitaciones de suministro han provocado una reducción de las importaciones de GNL, lo que pone de relieve la necesidad inminente de reducir aún más la demanda de gas».
La respuesta europea: medidas de emergencia y apuesta por la electrificación
Siete países —Croacia, España, Estonia, Francia, Países Bajos, Portugal y Suecia— han dirigido sus paquetes anticrisis hacia la electrificación explícita. El gasto confirmado en ese capítulo asciende a unos 1.000 millones de euros, cifra que se eleva a unos 2.500 millones si se incluye el componente estimado del plan español. En paralelo, la generación solar fotovoltaica ha evitado importaciones de gas por valor de 12.800 millones de euros desde el inicio de la guerra, un ahorro de 136 millones al día, según SolarPower Europe.
«La energía solar está protegiendo a los europeos de un impacto aún mayor derivado de esta última crisis de los combustibles fósiles», afirma Walburga Hemetsberger, CEO de la patronal fotovoltaica. Adrian Hiel, director de la Electrification Alliance, añade que «los primeros 100 días de conflicto en Oriente Medio han puesto de manifiesto una realidad estratégica para Europa: la seguridad energética ya no puede disociarse de la electrificación. Acelerar la transición hacia el transporte, la calefacción y la industria electrificados es esencial para reducir la dependencia de los combustibles importados».
Europa no puede permitirse pagar 62.000 millones cada tres meses por una guerra que no controla: la electrificación ya no es una opción verde, es la única salida estratégica.
El Eje del Poder Europeo
La crisis del estrecho de Ormuz ha reabierto las fracturas energéticas que la UE creía haber cerrado tras la invasión rusa de Ucrania. En 2022, Bruselas apostó por el GNL como puente de emergencia; hoy, ese mismo GNL —dominado por Estados Unidos— es el origen de una nueva vulnerabilidad. El eje franco-alemán mantiene posturas divergentes: mientras Berlín impulsa inversiones en infraestructura gasista, París insiste en la apuesta nuclear y renovable. España y los países del sur presionan para acelerar la electrificación y limitar las importaciones, pero los frugales del norte aún miran con recelo cualquier intervención pública masiva.
Para España, los números tienen una lectura ambivalente. Por un lado, el Gobierno ha incluido componentes de electrificación en su paquete anticrisis, lo que le sitúa en el grupo de cabeza de la transición. Por otro, el coste de las importaciones de gas sigue pesando sobre la balanza comercial y sobre la factura de los hogares. El informe del Instituto Jacques Delors cifra el sobrecoste conjunto en 62.000 millones, una cantidad equivalente al 1,2% del PIB comunitario en apenas cien días. «Esa factura la pagan los ciudadanos en cada recibo de la luz y en cada repostaje», advierten desde la Electrification Alliance.
La lectura a medio plazo es inequívoca: mantener la dependencia del gas importado —sea ruso, argelino o estadounidense— condena a Europa a ciclos de crisis cada vez que la geopolítica golpea una ruta marítima. La alternativa, según los datos de la propia Ieefa, es que la energía eólica y solar ya han generado más electricidad que el gas por primera vez en la historia durante estos meses de guerra. La pregunta que queda abierta es si los gobiernos tendrán la voluntad política de acelerar la electrificación o si, una vez más, la memoria corta relegará la estrategia a un debate académico. La próxima reunión del Consejo de Energía de la UE, prevista para el mes de julio, será el primer test real de si los Estados miembros están dispuestos a cambiar el modelo.
El sobrecoste energético no es un accidente: es la materialización de un modelo de dependencia que la UE arrastra desde hace décadas. La guerra de Irán ha funcionado como un catalizador, pero la factura la pagará Europa mientras no reemplace cada molécula de gas importado por un electrón generado en casa.
