Sumar ha intensificado su presión sobre el PSOE en el Congreso para desbloquear la agenda social y evitar que la legislatura se atasque en los escándalos de corrupción. La coalición liderada por Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa tres exigencias concretas: un nuevo paquete de medidas en vivienda, la prórroga del IVA reducido a la luz y el gas, y la derogación de la ley mordaza. Ferraz y Moncloa responden con calma, comprometiéndose a analizar los efectos de las medidas antes de tomar decisiones y a dialogar con los agentes sociales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Sumar registró iniciativas legislativas y realizó declaraciones exigiendo al PSOE la reactivación urgente de la agenda social, especialmente en vivienda, fiscalidad energética y derechos civiles.
- ¿Quién está detrás? La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y portavoces como Ernest Urtasun, Gerardo Pisarello y Alberto Ibáñez, pertenecientes a los distintos partidos integrados en Sumar.
- ¿Qué impacto tiene? La presión busca forzar al socio mayoritario del Gobierno a salir del inmovilismo legislativo que, según Sumar, beneficia a la oposición y desmoviliza al electorado progresista.
La ofensiva parlamentaria y mediática de Sumar se produce tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Los de Yolanda Díaz consideran que la única manera de sacar al Ejecutivo del shock político es imprimir velocidad a la agenda legislativa. “Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, afirmó Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, durante una comparecencia en el Congreso.
No es la primera vez que la coalición de izquierdas recurre a esta táctica. En diciembre del año pasado ya exigieron una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, aunque aquel encuentro apenas dio frutos. Ahora, con la legislatura desgastada y sin mayoría estable, el órdago es más explícito.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, planteó la necesidad de que el Gobierno apruebe de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere la rebaja del IVA de la luz y el gas del 21% al 10%, después de que las medidas excepcionales caducaran el pasado lunes. La petición, sin embargo, no ha tomado cuerpo porque el debate público ha girado, en buena parte, en torno a la posibilidad de una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez.
Desde el ala socialista del Ejecutivo, la respuesta ha sido pausada. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que no se tomará ninguna decisión antes de reunirse con los agentes sociales en las próximas semanas. “Estamos analizando los efectos de las medidas desplegadas en marzo y mantendremos encuentros con los sectores más afectados para calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias a partir de finales de este mes”, explicaron.
La presión de Sumar es legítima, pero la prudencia del PSOE responde a un cálculo de estabilidad institucional que no puede ignorar el contexto parlamentario.
La gran batalla de Sumar en el seno del Gobierno sigue siendo la vivienda. PP, Vox y Junts unieron sus votos hace algo más de un mes para derribar el decreto que permitía prorrogar el contrato de alquiler a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, las conversaciones entre Sumar y el PSOE no avanzan con fluidez. Fuentes del Ministerio de Vivienda admiten que el estallido de los casos judiciales ha ralentizado las negociaciones, aunque siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas.
El tercer frente que Sumar quiere reabrir es la derogación de la ley mordaza, varada en el Congreso desde hace más de un año por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, afirmó el diputado Alberto Ibáñez, que exigió al PSOE “que cumpla” con su compromiso electoral. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados”.
El Eje del Poder Socialista
La ofensiva de Sumar tensa las costuras de la mayoría parlamentaria y obliga a Ferraz a moverse en un equilibrio delicado. Por un lado, Pedro Sánchez y su núcleo duro en Moncloa saben que la agenda social es el pegamento que mantiene unidos a los socios de investidura. Por otro, barones autonómicos como Emiliano García-Page recelan de ceder demasiado ante los ritmos que marca Díaz, temerosos de que nuevas cesiones fiscales o regulatorias lastren la gestión en territorios clave como Castilla-La Mancha o Asturias.
El aterrizaje territorial del pulso es inmediato. La prórroga del IVA reducido a la luz beneficiaría especialmente a regiones con alto consumo energético industrial, como el País Vasco o Cataluña, mientras que las medidas de vivienda tendrían impacto directo en las grandes ciudades gobernadas por el PSOE, Jaume Collboni en Barcelona sin ir más lejos, donde el mercado del alquiler sigue tensionado. Fuentes de varios gobiernos autonómicos socialistas consultadas por Moncloa.com perciben la presión de Sumar como una oportunidad para acelerar políticas que ya están sobre la mesa, pero piden que se haga con “rigor presupuestario” y sin alentar falsas expectativas.
La lectura a medio plazo es clara: la coalición de Gobierno necesita una victoria legislativa tangible si quiere llegar con vida al próximo año. La historia enseña que los ejecutivos de izquierdas que se quedan sin relato de gestión en tiempos de ruido judicial pierden el paso: el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sufrió un desgaste similar en la última etapa de su mandato. En aquel momento, la falta de impulso social dejó espacio a la oposición. Ferraz lo sabe y por eso, pese a la presión externa, prefiere medir tempos antes que precipitarse. La próxima ventana crítica será la cumbre de presidentes autonómicos del PSOE, prevista para antes del verano, donde se perfilará hasta dónde está dispuesto a llegar el partido.
El PSOE se enfrenta, en definitiva, al reto de demostrar que la acción de Gobierno no está secuestrada por los tribunales. La estrategia de Ferraz pasa por construir un muro de contención con políticas sociales que le permita al presidente Sánchez recuperar la iniciativa en el Congreso. La presión de Sumar, en este escenario, puede ser incómoda, pero también un útil recordatorio de que el tiempo parlamentario no espera.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El Gobierno mantiene la iniciativa política y no cederá a presiones precipitadas; las medidas sociales se adoptarán tras el diálogo con los agentes y el análisis riguroso.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Reunión del Consejo de Ministros de la próxima semana, en la que podrían esbozarse las primeras respuestas a las exigencias de vivienda y fiscalidad energética.
