Leire Díez, exmilitante del PSOE, ha presentado un recurso ante el juez Santiago Pedraz contra la autorización que concedió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder a su listado completo de llamadas y mensajes de texto de los últimos cinco años. La apelación, interpuesta el 8 de junio de 2026 ante la Audiencia Nacional, argumenta que la medida es desproporcionada y vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, en el marco de la investigación sobre presuntos amaños en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El recurso: “injerencia desmesurada” y falta de autorización previa
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada Eva Bejarano califica la medida de “injerencia desmesurada y desproporcionada” y denuncia que la incautación del teléfono móvil de Díez se llevó a cabo “sin autorización judicial previa” durante su arresto en diciembre de 2025. Según la defensa, esa actuación fue “una irregularidad procesal nula” que vicia todo el procedimiento posterior.
Bejarano sostiene que la UCO se limitó a esgrimir “motivos vagos no acompañados de especificaciones” para justificar el acceso a las comunicaciones. “No existe base fáctica objetiva para autorizar la medida”, añade, porque la Guardia Civil “no especifica cuáles son los elementos en los que se apoya la creencia de la existencia de comunicaciones de los investigados con otras personas”.
El recurso ataca el núcleo de la autorización: la medida se adoptó sin una base fáctica clara y sobre un periodo temporal que excede los límites de la propia investigación.
El desfase temporal que alega la defensa
Uno de los puntos centrales del recurso es el período al que se refiere la autorización judicial. El juez Pedraz reclamó las comunicaciones entrantes y salientes de los móviles de Díez desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025. Sin embargo, los hechos investigados se circunscriben al periodo 2021-2023. La abogada subraya que ese lapso más extenso “vulnera […] todo tipo de garantías procesales y legales que deben regir en todo procedimiento penal”.
El contexto judicial: los contratos de la SEPI y la ‘pieza separada’
La causa que instruye el juez Pedraz investiga presuntos amaños en varios contratos de la SEPI. Leire Díez fue detenida en diciembre de 2025 junto con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. En marzo de 2026, el magistrado ya pidió a la UCO que realizara un expurgo del material intervenido en casa de Díez para preservar información ajena a la causa.
Además, en una pieza separada (un procedimiento dentro de la misma causa para tratar cuestiones específicas) del caso, se investiga si la exmilitante coordinó, bajo el supuesto liderazgo del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción (juez Santiago Pedraz).
- Fase procesal: Instrucción (recurso contra el auto —resolución judicial que no pone fin al proceso pero adopta una decisión sobre él— de acceso a comunicaciones).
- Implicados: Leire Díez (investigada), Vicente Fernández, Antxon Alonso (investigados). Santos Cerdán (mencionado).
- Delitos investigados: Malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal.
- Próximos pasos: La Audiencia Nacional deberá resolver sobre el recurso presentado por la defensa; mientras, la medida cautelar de acceso a las listas de llamadas permanece vigente.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Leire Díez ha recurrido el auto del juez Pedraz que autoriza a la UCO a acceder a sus registros de llamadas de 2020-2025.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Leire Díez (investigada), el juez Pedraz (instructor), la UCO y otros exdirectivos de la SEPI.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El juez Pedraz o la sala correspondiente de la Audiencia Nacional decidirá si mantiene o revoca la medida; la defensa espera su anulación por falta de base objetiva.
