EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Canarias ha concedido indemnizaciones por un total de 324.000 euros a 61 personas del colectivo LGTBI perseguidas durante la dictadura franquista.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Técnica de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial, con datos facilitados por el Gobierno de Canarias.
- ¿Qué impacto tiene? Es la primera reparación económica autonómica dirigida específicamente a víctimas LGTBI en el marco de la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno de Canarias ha concedido indemnizaciones por valor de 324.000 euros a 61 personas del colectivo LGTBI que fueron perseguidas durante la dictadura franquista, según el último informe de la Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática. Se trata de un reconocimiento económico pionero entre las comunidades autónomas que cubre Moncloa.com: ninguna otra región había otorgado hasta ahora una reparación específica por la represión de la orientación sexual durante el franquismo.
Las ayudas están destinadas a víctimas mayores de 55 años que se encuentren en situación de ausencia de recursos económicos disponibles. El informe, publicado este jueves, detalla que Canarias ha facilitado la cuantía y el número de beneficiarios, pero también reconoce que la misma comunidad autónoma paga otras indemnizaciones al amparo de la Ley 46/1977, de amnistía, si bien el Ministerio de Política Territorial «desconoce» el importe de esas partidas «por no haber sido facilitado por la Comunidad Autónoma».
La iniciativa canaria contrasta con la situación de otras regiones como Ceuta y Melilla, que han confirmado no tener ningún programa de reparación económica, y Galicia, que no ha remitido dato alguno al departamento que dirige Ángel Víctor Torres. Además, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja o Región de Murcia figuran en el documento sin aportar información cuantitativa, lo que impide saber si han ejecutado indemnizaciones similares.
El reconocimiento económico a las víctimas LGTBI en Canarias
La Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática confirma que Canarias ha tramitado 61 expedientes favorables para personas represaliadas por su identidad sexual. La cuantía media por indemnización ronda los 5.311 euros y se ha aplicado exclusivamente a quienes cumplen los dos requisitos acumulativos: ser mayores de 55 años y no de disponer de ingresos suficientes. La comunidad autónoma, gobernada por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en coalición con el PSOE, se convierte así en la única de las trece regiones con competencias transferidas que ha activado este tipo de compensación con datos públicos.
El hecho se produce en un contexto de despliegue desigual de la Ley de Memoria Democrática. Mientras Asturias ha desembolsado 3,4 millones de euros para 983 indemnizaciones (todas ellas a víctimas de la guerra y la dictadura, sin distinción específica LGTBI) y Castilla-La Mancha supera los 3,2 millones, Navarra ha aprobado 153 indemnizaciones por un importe de 495.000 euros, también de carácter general. Sin embargo, solo Canarias ha etiquetado expresamente una partida para el colectivo LGTBI, un dato que subraya la singularidad del archipiélago en la aplicación territorial de la memoria histórica.
Por primera vez, una comunidad autónoma reconoce económicamente el sufrimiento específico del colectivo LGTBI durante la dictadura.
El Pulso Territorial
El gobierno de Fernando Clavijo (CC-PSOE) gestiona la memoria democrática con un perfil discreto, pero la publicación de estas cifras sitúa a Canarias en el foco de la reparación histórica. La coalición no ha exteriorizado tensiones internas por esta política y el ejecutivo central, con Ángel Víctor Torres al frente de Política Territorial, ha optado por celebrar el informe como un avance, aunque haya criticado la falta de datos de otras quince autonomías. Queda por definir si Canarias ampliará el programa de indemnizaciones o si el Gobierno central impulsará una normativa que homologue las compensaciones en todo el Estado.
Desde un punto de vista regional, la actuación canaria destaca frente al silencio informativo de comunidades como Aragón, Baleares o Región de Murcia, todas ellas incluidas en el grupo de las que no han aportado cifras. El propio informe ministerial advierte de que esa falta de información «no implica necesariamente inexistencia de actuaciones, sino ausencia de datos disponibles o remitidos a esta comisión». La proyección a corto plazo pasa por la constitución de registros de víctimas en cada autonomía, un proceso que aún está en fase incipiente y que determinará si la reparación LGTBI se extiende o se convierte en una excepción canaria.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias ha reconocido indemnizaciones económicas a 61 víctimas del colectivo LGTBI que sufrieron persecución durante el franquismo, con una partida total de 324.000 euros.
- Datos importantes: Los beneficiarios deben ser mayores de 55 años y carecer de recursos económicos. El informe de la Comisión Técnica de Memoria Democrática revela que ninguna otra comunidad ha proporcionado cifras equivalentes específicas para este colectivo.
- Resumen: La medida, ejecutada por el Gobierno de Canarias, marca un hito en la aplicación autonómica de la Ley de Memoria Democrática, mientras regiones como Aragón, Baleares, Castilla y León, La Rioja o Murcia no han ofrecido datos cuantitativos. El futuro de estas compensaciones dependerá del desarrollo de los registros autonómicos de víctimas.
