EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a la vicepresidenta Susana Camarero los archivos adjuntos del chat de WhatsApp del Consell con fecha del 29 de octubre de 2024, entre ellos el informe de Salomé Pradas de las 10:40 que ya detallaba rescates, carreteras cortadas, cierre de puertos y clases suspendidas.
- ¿Quién está detrás? La jueza instructora de la causa penal de la dana, en la que están investigados Carlos Mazón y Pradas, entre otros. La petición se dirige a Camarero, que entregó la transcripción del chat pero sin los ficheros adjuntos.
- ¿Qué impacto tiene? La juez estudia si llama a declarar como testigo al conseller Vicente Martínez Mus, tras conocerse que también compartió información sobre el colapso del metro esa tarde. Los archivos son clave para reconstruir la información que manejó el Consell.
La jueza instructora de la causa de la dana ha reclamado a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, los archivos adjuntos del chat de WhatsApp del Gobierno valenciano, donde el expresidente Carlos Mazón pidió a sus consellers “desprender sensación de estar alerta que te cagas” horas antes de que la riada arrasara la provincia de Valencia. La providencia se dicta para resolver sobre la declaración testifical del conseller Vicente Martínez Mus, solicitada por la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE.
El informe de las 10:40 que ya retrataba la catástrofe
El informe que la exconsellera Salomé Pradas adjuntó al grupo “Consell PP” a las 10:40 horas del 29 de octubre de 2024 es el número uno de la serie elaborada por el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana. En sus páginas, con datos recopilados hasta las 10:15, se leía ya de rescates en la Ribera Alta, con personas atrapadas en vehículos y domicilios, y la movilización del helicóptero de rescate para asistir a un camionero en Alzira. Los bomberos realizaban achique en una residencia de Carlet sin evacuar todavía.
El parte dibujaba un escenario de bloqueo total: nueve carreteras cortadas por inundaciones, tramos de otras once con incidencias, el cierre completo del Puerto de Valencia y el de Sagunto, y cortes en Metrovalencia, con el tramo Alginet-Castelló inoperativo, vía inundada en Carlet y circulación lenta en Godella-Rocafort. A eso se sumaba la suspensión de clases en 54 municipios —51 en la provincia de Valencia y tres en Alicante—, mientras Iberdrola activaba su protocolo interno de alerta un día antes en las provincias de Valencia y Castellón. Sin embargo, el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) de la Generalitat seguía sin convocarse.
“Desprende sensación de estar alerta que te cagas” y silencio
Dos horas y veinte antes de que Pradas difundiera el informe, el entonces presidente Carlos Mazón había marcado el tono a las 8:17 en el mismo chat: “Inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas”. Fue su penúltimo mensaje del día. A las 8:53 envió el último apunte y ya no volvió a intervenir en toda la jornada, ni siquiera cuando la consellera comunicó, a las 13:09, la alerta hidrológica en el río Magro y el barranco del Pollo decretada en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Otros consellers sí compartieron información. José Antonio Rovira, titular de Educación, envió a las 13:44 el listado de colegios con clases suspendidas; Vicente Martínez Mus, de Infraestructuras, informó a las 18:03 de que un tren con 10 pasajeros había quedado atrapado en el apeadero de Omet, en Picassent, por desperfectos graves en la vía. Rovira se fue a su domicilio en Alicante a mediodía y Martínez Mus acudió a una entrega de premios de la patronal a las seis de la tarde.
Ese 29 de octubre, el Consell tenía sobre la mesa datos precisos de un desastre en progresión; la reacción institucional, sin embargo, fue la de quien lee un parte meteorológico y confía en que no pase nada.
La providencia de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, fechada este martes, se dicta con carácter previo a resolver sobre la declaración de Martínez Mus. Solicita a Camarero, que custodia los documentos del chat ya entregado al juzgado, que aporte los archivos adjuntos de forma voluntaria. La juez quiere evaluar si el contenido del informe de Pradas y los mensajes de los consellers refuerzan la necesidad de interrogar a Martínez Mus, cuya actuación la tarde del 29-O está siendo examinada.
El Escenario Valenciano
La reclamación de la jueza Ruiz Tobarra se inserta en un interrogante que trasciende a la Comunitat Valenciana: ¿hasta qué punto la cadena de mando de las emergencias falló el 29-O? El informe de Pradas a las 10:40, con rescates ya en marcha y carreteras cortadas, cobra un valor determinante a la luz del retraso en la activación del Cecopi —que no se reunió hasta horas después— y de la ausencia de un sistema de alerta masiva. La comparación con otras tragedias nacionales aflora; en las inundaciones de Murcia de 2012, por ejemplo, el debate sobre la coordinación acabó modificando protocolos aunque la respuesta regional fue también objeto de duras críticas. Hoy, el Gobierno central ha condicionado parte de los fondos de reconstrucción a auditorías de gestión y ha insistido en la necesidad de revisar la normativa de protección civil para que ninguna autonomía pueda dejar en manos de un solo responsable la comunicación de emergencia.
La solicitud de la juez pone al Consell que presidió Mazón ante el espejo de sus propias horas fatídicas. Mientras el PSPV-PSOE, como acusación popular, presiona para que el actual conseller de Infraestructuras declare y explique por qué acudió a un acto con la patronal sabiendo que el metro ya presentaba graves incidencias, Compromís mantiene una posición vigilante y reclama en las Corts Valencianes la creación de una comisión de investigación que depure todas las responsabilidades políticas. La incógnita judicial no se despejará de inmediato, pero los archivos adjuntos que ahora se reclaman pueden ser la llave para que la instrucción adquiera una nueva dimensión, justo cuando el pacto PP–Vox en la Generalitat sigue vivo aunque con fisuras.
Ficha del Caso
- El caso: La DANA del 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos en la Comunitat Valenciana. El juzgado de Instrucción investiga las omisiones y actuaciones de los altos cargos del Consell, con el expresidente Carlos Mazón como uno de los imputados.
- Datos importantes: El chat “Consell PP” de WhatsApp muestra la instrucción de Mazón a las 8:17 de “desprender sensación de estar alerta” y su posterior silencio. El informe de Pradas de las 10:40 ya detallaba rescates, nueve carreteras cortadas, cierre de puertos y clases suspendidas. La jueza pide ahora los archivos adjuntos antes de decidir sobre la testifical del conseller Vicente Martínez Mus.
- Resumen: La reclamación judicial busca completar la cronología de la información que el Consell manejó y a la que no reaccionó, en un proceso que tiene repercusión nacional por el debate que ha generado sobre la gestión descentralizada de las emergencias.
