El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana, con 178 votos a favor, la proposición de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito las denominadas terapias de conversión LGTBI+, una práctica que busca modificar la orientación sexual de las personas. El Partido Popular se ha abstenido y Vox ha votado en contra, mientras que la iniciativa pasa ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
¿Qué castiga exactamente la nueva ley?
La reforma introduce en el Código Penal un nuevo delito que castiga las prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. La pena prevista oscila entre los seis meses y los dos años de prisión, independientemente de que la víctima haya prestado su consentimiento, según el texto aprobado.
La proposición de ley, impulsada por el Grupo Socialista, ha contado con el apoyo de los socios habituales del Gobierno.
El diputado socialista Víctor Gutiérrez ha sido tajante durante el debate: estas intervenciones “no son terapias, son una forma de tortura” y ha subrayado que el consentimiento de la víctima no atenúa el delito. La norma aclara que ninguna presión del entorno familiar, social o religioso puede convertir en voluntario un procedimiento que atenta contra la dignidad humana, ha recordado. Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha añadido que “no existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad”.
Las posiciones de los grupos en la sesión plenaria
El Partido Popular ha justificado su abstención a través de Jaime de los Santos, quien ha calificado estas prácticas de “inaceptables” y ha defendido que la ley es necesaria. Sin embargo, ha denunciado el “sectarismo” de la izquierda y la “instrumentalización” del colectivo LGTBI+. “Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas”, ha declarado, reivindicando la labor del PP en la defensa de la diversidad.
Por su parte, Vox, con 32 votos en contra, ha tachado la iniciativa de “absoluto despropósito” y de ataque “a la libertad individual”. María de la Cabeza Ruiz ha acusado a la izquierda de pretender “imponer su pensamiento a golpe de Código Penal”.
Sumar, ERC, Junts, PNV, Podemos y Compromís han coincidido en la necesidad de la norma, pero también han señalado carencias y han mostrado su preocupación por la falta de recursos para las víctimas. Tesh Sidi (Sumar) ha apoyado la vía penal pero ha lamentado que no se garanticen reparaciones efectivas. Teresa Jordà (ERC) ha reprochado la ausencia de ayudas económicas y habitacionales para las víctimas. Pilar Calvo (Junts) ha pedido que se delimite con claridad el concepto para no criminalizar el acompañamiento psicológico legítimo. Maribel Vaquero (PNV) ha destacado que estas prácticas parten de una premisa incompatible con la dignidad humana. Noemí Santana (Podemos) ha valorado la ley como un avance pero ha insistido en que sin medidas de acompañamiento se queda corta. Àgueda Micó (Compromís) ha reprochado al PSOE no haber permitido incluir ayudas habitacionales y económicas para que las víctimas puedan denunciar sin miedo.
La ministra de Igualdad,, Ana Redondo, ha definido las prácticas de conversión como “tortura, violencia y tratos inhumanos o degradantes”.
Redondo ha calificado la jornada de “mañana histórica” y ha ensalzado a referentes del activismo como Pedro Zerolo y Manolita Chen. Ha subrayado que estas prácticas vulneran el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. “Hoy somos reconocidos como el país del mundo donde una persona LGTBI puede ser feliz”, ha afirmado, agradeciendo el compromiso de los grupos que han defendido que “la dignidad y los derechos no tienen límites”. La proposición de ley pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación y, si recibe luz verde, se convertirá en ley tras su publicación en el BOE.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Congreso ha aprobado hoy la ley que penaliza las terapias de conversión LGTBI+, con 178 votos a favor, 138 abstenciones del PP y 32 en contra de Vox.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El PSOE ha impulsado la proposición, con el apoyo de sus socios; el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto se remite al Senado para su tramitación; si la aprueba, entrará en vigor tras su publicación en el BOE.
