La vivienda convirtió la última sesión de control de Pérez Llorca en un cuerpo a cuerpo sin tregua.
La sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebrada este jueves en las Corts Valencianes —el parlamento unicameral de la Comunitat, con 99 escaños—, dejó un retrato reconocible: dos bloques que ya no discuten datos, sino intenciones. A dos semanas de la cita electoral del 29-N, cada intervención se leyó como un mitin. El tono lo resumieron dos palabras: «partido buitre», lanzada por el PSPV contra PP y Vox; «jetas», devuelta por el president a los socialistas.
El precio del alquiler y la ley que el Consell tramita en plena huelga
El síndic socialista, José Muñoz —el portavoz parlamentario de su grupo—, abrió el fuego por la Ley del Suelo: reprochó que PP y Vox llevaran las enmiendas a la totalidad al pleno del miércoles, el mismo día de la huelga general del 11-N, y calificó la maniobra de «brutalmente torticera». Acusó a ambos partidos de actuar como un «partido buitre que quiere especular con la vivienda», dijo que es «la más especulativa de España» y exigió saber qué promotores inmobiliarios están detrás.
Pérez Llorca no aceptó el marco. Respondió que el PSPV carece de legitimidad para hablar de vivienda tras ocho años de gobiernos del Botànic en los que, sostuvo, no se construyó ninguna. «Hay que ser jeta y tener la cara bien dura», replicó. Y defendió la gestión —presupuestos, rebajas fiscales y construcción, con casi 7.000 viviendas en marcha— frente a una huelga que, a su juicio, sirve para «esconder los problemas».
La réplica socialista subió el tono. Muñoz devolvió el calificativo sobre quienes, denunció, protegen al expresident Carlos Mazón, reparten viviendas públicas o colocan a sus parejas en la Administración. Puso dos ejemplos: los casi 2.000 euros por kilometraje cobrados por el expresident pese a disponer de chófer y el plan Vive sin un solo inmueble construido. Y recordó, que el PSPV ha llevado a la Fiscalía un dosier sobre el entorno del president. «Las explicaciones que no quiso dar en el parlamento las tendrá que dar en el juzgado», advirtió.
El president dijo estar «muy tranquilo» y preguntó si los socialistas asumirían responsabilidades si la denuncia vuelve a archivarse. La sesión dejó titulares y ninguna respuesta de fondo: cuántas de esas viviendas serán públicas y a qué precio se alquilarán.
En las Corts ya no se discute cuántas viviendas faltan, sino quién tiene autoridad para construirlas.
Mazón, la DANA y la pregunta que el president no quiso responder
Joan Baldoví llevó el cara a cara a otro terreno. El síndic de Compromís cifró en un 82% el incremento del alquiler desde la pandemia, hasta una media de 1.200 euros; criticó la gestión de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, candidata del PP al Congreso; y reprochó al Consell que rechace declarar zonas tensionadas —las áreas donde la ley permite topar la renta— en trece municipios, tres gobernados por el PP. Después preguntó a la vicepresidenta Susana Camarero por qué no ha dimitido, a diferencia de Elena Albalat: «¿Tienes miedito de perder el aforamiento?».
El momento de mayor tensión llegó con Mazón. Baldoví cuestionó que Alberto Núñez Feijóo considere que el expresident ha pagado un «precio político importante». «¿Sabe quién pagó un precio? Las 234 personas que perdieron la vida», respondió. Y preguntó a Llorca si incluirá al expresident en las listas. El president no contestó: contraatacó con la candidatura de Mónica Oltra a la Alcaldía de Valencia —«está procesada»— y con la pérdida de 85.000 votos de Compromís. «Eso sí que es una vergüenza», zanjó.
Ante el síndic de Vox, José María Llanos, calificó de «bochornoso» lo ocurrido durante la huelga, con daños en comercios y agresiones a quienes querían trabajar: los sindicatos, dijo, deben proteger a los trabajadores, «no a los gamberros y delincuentes». Llanos había hablado de «circo general». Fue el único tramo que miró a Madrid: Llorca reclamó al Consell y al Gobierno central más celeridad en las obras contra inundaciones y denunció que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha ejecutado el 4% de lo previsto y la del Segura, en torno al 5%.
El Escenario Valenciano
La fotografía parlamentaria tiene lectura de campaña. El pacto entre PP y Vox sigue firme en la tramitación de la Ley del Suelo y el president ha decidido que su mejor activo es la gestión frente al «no» de la oposición. PSPV y Compromís compiten por el mismo espacio: rentabilizar el desgaste del Consell en vivienda y en DANA. Mazón, que conserva su acta de diputado y sigue siendo figura central del proceso judicial de la catástrofe, es una presencia que el PP administra con cuentagotas.
Esa dimensión estatal no es un adorno. El president trasladó el pulso a Madrid con las confederaciones hidrográficas, ambas de competencia del Gobierno central, y los porcentajes que citó —4% en el Júcar, 5% en el Segura— son el argumento que el Consell llevará a la campaña para repartir responsabilidades. Del otro lado, el futuro político de Mazón ya se dirime en clave nacional: Feijóo habla de «precio político» y Compromís responde con las víctimas. Precedentes como la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones de Murcia de 2012 enseñan lo mismo: la reconstrucción se mide en obras terminadas, no en anuncios.
Quedan dos semanas. La campaña del 29-N arranca en las próximas horas y la Ley del Suelo seguirá su tramitación en las Corts, con PP y Vox suficientes para sacarla adelante y la oposición anunciando batalla fuera del parlamento. El 29-N dirá si la vivienda y la DANA pesan más que la maquinaria del Consell. Y quedará una pregunta: si el expresident estará, o no, en las listas.
Ficha del Caso
- El caso: La última sesión de control al president antes de la campaña del 29-N derivó en un choque por la vivienda, el precio del alquiler y las responsabilidades de la DANA, con el expresident Mazón como eje del reproche opositor.
- Datos importantes: Compromís cifra en un 82% la subida del alquiler desde la pandemia, con una media de 1.200 euros; el Consell reivindica casi 7.000 viviendas en marcha; la Confederación Hidrográfica del Júcar ha ejecutado el 4% de las obras previstas y la del Segura, en torno al 5%. La Ley del Suelo afrontó las enmiendas a la totalidad en el pleno del 11-N.
- Resumen: Con PP y Vox sosteniendo la norma y la oposición en el «no», vivienda y DANA se consolidan como los ejes del debate valenciano hacia el 29-N, con el pulso entre Generalitat y Gobierno por la obra hidráulica como telón de fondo.
