El protocolo de rescate de Ourense arranca en tres minutos, según el plan municipal de emergencias ante un accidente ferroviario.
El documento que ordena esa respuesta es el Plan de Emerxencias Municipal (PEMU), el instrumento que el Concello de Ourense activa ante siniestros con múltiples víctimas y que se despliega igual ante un tren de viajeros que ante un convoy de mercancías peligrosas. El reloj no empieza a contar cuando llegan los bomberos. Empieza cuando suena la alerta.
Los primeros tres minutos son los más técnicos. Desde el puesto de mando se moviliza a los Bomberos de Ourense mientras se verifica el siniestro con Renfe y Adif. En ese mismo tramo se ordena el corte de la catenaria eléctrica y se detienen los trenes que circulan por vías confluyentes, una medida que evita el efecto dominó sobre el resto de la red.
Entre el minuto cinco y el quince llegan los equipos de bomberos y la Policía Local. Comienza la excarcelación, se prestan los primeros auxilios y se levantan los tres perímetros de seguridad. Entre el quince y el treinta entran las unidades de soporte vital avanzado del 061, el Sergas y Cruz Roja, que asumen el mando sanitario y montan un hospital de campaña. La Policía Local baliza entonces una ruta de acceso y despeja un corredor prioritario de evacuación hasta el CHUO.
Del minuto treinta al cincuenta se hace el triaje. La evacuación prefiere a quien presenta paradas cardiorrespiratorias recuperables, shock hipovolémico, asfixia o traumatismo severo. En la primera hora todas las víctimas prioritarias deben estar en los quirófanos del CHUO, y los heridos leves se derivan a los albergues de acogida, Expourense o Paco Paz.
En paralelo, las unidades de Acción Social asumen el soporte psicológico de los pasajeros ilesos y habilitan canales de contacto para las familias. Pasada la primera hora se emite el primer parte oficial con datos y estado de los ingresados. La comunicación institucional forma parte del operativo, no es un añadido posterior.
En un accidente ferroviario, los primeros tres minutos no se deciden en Madrid ni en Santiago: se deciden en el puesto de mando municipal.
Dos precedentes en tres años que cambiaron la conversación
Ourense no trabaja sobre un escenario teórico. El 23 de agosto de 2023, un convoy de 16 vagones con productos químicos descarrilaba en Vilamartín de Valdeorras, presuntamente por una deformación de las vías vinculada a las altas temperaturas. La Xunta de Galicia activó entonces el plan de protección, acordonó la zona y restringió el acceso, según el relato de los hechos que recoge La Región y que el propio plan municipal incorpora como supuesto de trabajo.
En trenes de pasajeros, los precedentes son dos y del mismo año. En enero de 2013 se vivió el descarrilamiento de un Alvia sin heridos; en abril, un segundo descarrilamiento dejó 25 heridos leves. Entre unas fechas y otras, han pasado trece años, y el reparto de responsabilidades sigue igual: la vía es competencia estatal, a través de Adif; la respuesta sobre el terreno es municipal y autonómica.
Ahí aparece la primera contradicción del modelo. El marco de protección civil gallego permite coordinar bomberos, sanitarios y policía local en una sola cadena de mando, pero no decide cuántos trenes con químicos atraviesan la provincia ni a qué velocidad. Eso se dirime en otra administración y con otros criterios.
El Laboratorio Gallego
En clave política, la gestión de emergencias rara vez se convierte en batalla partidista en el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral gallega, con 75 deputados). El PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009 y Alfonso Rueda preside la Xunta; el BNG, con Ana Pontón, es la primera fuerza de la oposición, y el PSdeG completa el arco. Ninguno de los tres discute el PEMU: discuten los medios con los que se ejecuta y quién paga la renovación de los parques de bomberos.
La dimensión nacional del asunto no está en el relato del siniestro, sino en el mapa. Galicia soporta un tráfico de mercancías —incluidas las peligrosas— que atraviesa núcleos como Ourense en una red de trazado antiguo cuya inversión depende de Adif, es decir, del Gobierno central. La Lei 5/2007 de emerxencias de Galicia atribuye a la comunidad la coordinación de la respuesta, y el 112 gallego es el nodo donde se cruzan los avisos. Ese reparto entre infraestructura estatal y protección civil autonómica es el mismo que opera en el resto de España, con una diferencia: aquí el volumen de mercancías peligrosas por kilómetro de vía es más alto que la media. Cuando el PP nacional habla de cohesión territorial y seguridad en las infraestructuras, este es uno de los territorios donde la frase se mide en trenes reales.
La siguiente cita es municipal: la revisión del PEMU y los simulacros que acompañan a cada actualización. Cabe recordar que el plan se activa con el Concello como titular y que su cronograma solo funciona si Renfe, Adif, el Sergas y la Xunta llegan a la vez. Ahí está la incógnita. Los tres minutos son una promesa escrita, no un resultado medido.
Ficha del Caso
- El caso: Ourense cuenta con un plan municipal de emergencias que ordena en tramos cronológicos la respuesta a un accidente ferroviario, del minuto tres al minuto cincuenta.
- Datos importantes: tres minutos para movilizar bomberos y cortar la catenaria; del minuto 15 al 30, mando sanitario del 061, Sergas y Cruz Roja; primera hora para el triaje y la evacuación al CHUO. Precedentes: 25 heridos leves en abril de 2013 y un convoy de 16 vagones con químicos en Vilamartín de Valdeorras en agosto de 2023.
- Resumen: la vía es estatal y la respuesta es municipal y autonómica. La prueba del modelo será la próxima revisión del plan y los simulacros que la acompañen.
