La jueza de Catarroja que instruye la causa de la DANA estudia seis casos nuevos y elevaría el cómputo a 240 víctimas. Son seis personas que podrían haber muerto por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La instructora ha abierto una nueva pieza de defunción después de que una asociación de víctimas pidiera incluir a otra persona fallecida. Si se confirma, el cómputo de la causa llegará a 240.
- ¿Quién está detrás? El Juzgado de Catarroja, el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana), las acusaciones particulares y las asociaciones de víctimas.
- ¿Qué impacto tiene? La cifra que sostiene el relato institucional de la catástrofe vuelve a moverse, y con ella el marco de la responsabilidad política.
Una pieza más: cómo se construye el cómputo de la causa DANA
La documentación del caso hecha pública este jueves por el TSJCV (el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el máximo órgano judicial regional por debajo del Tribunal Supremo) confirma el movimiento. La magistrada ha abierto una nueva pieza de defunción —el expediente separado que se abre por cada muerte dentro de la causa— después de que una asociación de víctimas solicitara incorporar a una persona fallecida que hasta ahora no figuraba. Esa pieza se suma a las cinco que siguen en estudio y en tramitación de diligencias.
Cada pieza funciona como una investigación en miniatura. No basta con que una familia denuncie: la instructora pide historiales clínicos, informes forenses, y datos de última hora para determinar si la muerte guarda relación causal con la riada. De ahí que el cómputo avance despacio, caso a caso. En cinco de las seis piezas abiertas todavía se están practicando diligencias, según la misma documentación judicial.
El número, por tanto, no sale de un registro administrativo. Sale de una instrucción penal. Y esa diferencia importa: la causa por la gestión de la emergencia avanza con un recuento propio, alimentado por las acusaciones y por las asociaciones de afectados, que va por delante del balance que la administración dio por cerrado. Detrás de cada cifra hay una familia esperando una respuesta que ya no es solo administrativa.
Los peritos del Cecopi y el jefe de la Policía Local de Algemesí: dos negativas que se mantienen
El TSJCV informó este jueves de dos actuaciones más. En la primera, la instructora desestima el recurso de una acusación particular contra su decisión previa de denegar la testifical del jefe de la Policía Local de Algemesí, uno de los municipios más golpeados por la barrancada. En la segunda, rechaza repetir la declaración de dos peritos que elaboraron el informe del Cecopi (el Centro de Coordinación de Emergencias, el órgano que articula la respuesta autonómica ante una catástrofe).
Ese informe es pieza angular del proceso. Describe cómo se activó —y cómo no— la alerta masiva a móviles, el ES-Alert, y qué hizo cada administración mientras el agua bajaba ya por los barrancos, con los avisos previos que había emitido la AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología) sobre la mesa. Repetir una pericia no es un trámite automático: exige hechos nuevos o un defecto acreditado en el trabajo original. La instructora considera que no concurre ninguno de los dos supuestos y mantiene firme el calendario del caso.
Un cómputo que se construye en los juzgados, pieza a pieza, dice más de la catástrofe que cualquier balance oficial.
El Escenario Valenciano
En el plano autonómico, el frente judicial convive con una reconstrucción que sigue marcando la agenda. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, llegó al cargo el 2 de diciembre de 2025 con el apoyo de Vox y ha construido su discurso sobre dos ideas: continuidad administrativa y ejecución de fondos. Cada pieza nueva de la causa le obliga a responder por lo que hizo su antecesor.
El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la emergencia y conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), sigue siendo una figura central del proceso. Su etapa al frente del Consell se narra ya en pasado, pero sus decisiones de aquellas horas siguen entrando y saliendo del expediente.
La oposición no ha cambiado de guion. PSPV y Compromís utilizan cada auto y cada providencia para reclamar comparecencias parlamentarias y preguntar cuánto de la contabilidad oficial cuadra con la judicial. Nada de eso altera, por ahora, la mayoría que sostiene al Consell.
Y aquí aparece la dimensión que trasciende Valencia: la causa es también el expediente que el Gobierno de Pedro Sánchez mira de reojo en el Congreso de los Diputados, y del que depende parte del relato sobre quién avisó, quién coordinó, y quién llegó tarde. En paralelo, el Consorcio de Compensación de Seguros, que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, trabaja con sus propios números.
España tiene precedentes para medir esto. La riada de Biescas de 1996 y las inundaciones de Murcia de 2012 dejaron sistemas de emergencia reformados a golpe de informe judicial, no de decreto. Lo que se dirime en Catarroja es si el Cecopi y el ES-Alert salen de esta causa con retoques cosméticos o con una revisión de fondo del modelo autonómico y estatal. La próxima cita es procesal: la resolución de las cinco piezas pendientes y la práctica de las diligencias anunciadas marcarán el ritmo del otoño.
Ficha del Caso
- El caso: El Juzgado de Catarroja instruye la causa penal por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, la catástrofe que causó más de dos centenares de muertos en la provincia de Valencia.
- Datos importantes: Seis casos de posibles víctimas en estudio; el cómputo de la causa llegaría a 240. Cinco piezas de defunción siguen abiertas con diligencias pendientes. La instructora desestima el recurso sobre el jefe de la Policía Local de Algemesí y rechaza repetir la declaración de dos peritos del informe del Cecopi.
- Resumen: La cifra de víctimas que sostiene la instrucción avanza al margen del balance administrativo, mientras el Consell de Pérez Llorca afronta el desgaste de un proceso que también interpela al Gobierno central y al sistema nacional de emergencias.
