EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves por 7 votos a 2 a favor de Bayer, otorgándole inmunidad legal frente a las demandas que vinculaban el herbicida Roundup (glifosato) con el cáncer.
- ¿Quién está detrás? La mayoría conservadora del alto tribunal, con el respaldo del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que intervino en el caso para defender la uniformidad federal en el etiquetado de pesticidas.
- ¿Qué impacto tiene? La sentencia supone un duro golpe para el movimiento MAHA (Make America Healthy Again), blinda a las grandes corporaciones agroquímicas y puede influir en la renovación de la autorización del glifosato en la Unión Europea, con consecuencias directas para la agricultura española.
Washington ha blindado a Bayer. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves por una contundente mayoría de 7 a 2 que la multinacional alemana queda exenta de responsabilidad civil por no advertir en la etiqueta de su herbicida Roundup —a base de glifosato— de un supuesto vínculo con el cáncer. La decisión, que interpreta la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés), establece que solo la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene autoridad para fijar los avisos sanitarios que deben figurar en los pesticidas. Ningún jurado civil, ningún tribunal estatal, podrá exigir más de lo que Washington haya decidido.
El fallo cierra de raíz miles de litigios por “falta de advertencia” (failure to warn) que pesaban sobre la compañía desde 2015, cuando una agencia de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Los demandantes, en su mayoría trabajadores agrícolas como John Durnell, el granjero de Missouri que en 2019 obtuvo una indemnización de 1,25 millones de dólares, argumentaban que Monsanto —filial de Bayer— ocultó el riesgo. Ahora, el máximo tribunal sentencia que la etiqueta aprobada por la EPA es suficiente y que Bayer no tenía obligación legal de añadir advertencias adicionales sobre el cáncer.
El coste económico para la farmacéutica alemana era colosal. Solo en acuerdos extrajudiciales para cerrar casos similares, Bayer ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares en los últimos años. La sentencia del Tribunal Supremo no solo detiene la hemorragia judicial, sino que sienta un precedente que blindará al sector agroquímico en todo el país mientras la EPA mantenga su criterio científico —que, a diferencia de la agencia de la OMS, no considera probado que el glifosato cause cáncer en humanos—.
El golpe al movimiento MAHA a siete meses de las legislativas
El revolcón judicial es también político. El movimiento MAHA (Make America Healthy Again), que ganó músculo cuando Robert F. Kennedy Jr. se alió con Donald Trump en la campaña de 2024, llevaba meses presionando para que la revisión del glifosato —prevista por la EPA a finales de este año— abriera la puerta a restricciones. La sentencia del Supremo descarrila esa estrategia: los tribunales ya no podrán forzar cambios en el etiquetado, y toda la presión regresa al regulador federal, que bajo la dirección de Lee Zeldin no ha anticipado ningún vuelco.
“Si se concede la inmunidad, MAHA perderá la cabeza”, había pronosticado Eden Giagnorio, portavoz del grupo demócrata 314 Action, que promueve la elección de científicos a cargos públicos. Una encuesta de marzo de esa misma organización mostraba que el 76% de los votantes apoya reducir los pesticidas en la agricultura. Otro sondeo de la fundación KFF reveló en mayo que 2 de cada 3 estadounidenses creen que hay poca regulación y apenas el 36% confía en que la EPA actúe sin dejarse influir por la industria.
El fallo del Supremo cierra una década de litigios y deja el control del glifosato exclusivamente en manos de la ciencia federal, lejos de los jurados populares.
La Lógica de Washington
¿Por qué el alto tribunal, con respaldo de la administración Trump, ha blindado a una empresa alemana que algunos ven como enemiga del movimiento America First? La explicación tiene poco de ideológica y mucho de coherencia regulatoria. Washington defiende desde los años setenta que el etiquetado de pesticidas debe ser uniforme en los cincuenta estados. Permitir que un jurado de Missouri exija advertencias que la EPA considera innecesarias generaría un caos jurídico y supondría, en la práctica, que la política de salud pública la dictan litigantes, no científicos federales. Trump lo resumió en un tuit de 2019 —entonces aún en su primer mandato—: “No queremos que los agricultores tengan que poner etiquetas distintas en cada condado”.
Para España y la Unión Europea, la decisión tiene dos lecturas. La más inmediata es que alivia la presión judicial sobre Bayer, multinacional con una fuerte presencia en la Península —desde su filial farmacéutica hasta la división agrícola— y cuyas cuentas se habían visto lastradas por la incertidumbre del Roundup. La segunda es más delicada: si la EPA mantiene su criterio favorable al glifosato y el Tribunal Supremo impide que los tribunales lo discutan, la renovación de la autorización europea del herbicida —que caduca a finales de 2026— podría toparse con menos resistencia internacional. Los agricultores españoles, grandes consumidores de glifosato en cultivos de secano y olivar, siguen de reojo el desenlace. Madrid ha defendido históricamente una renovación pragmática, alineándose con países como Alemania y Francia cuando no hay alternativa equivalente a un coste asumible. La sentencia de Washington puede reforzar esa posición frente a los socios más restrictivos del norte de Europa.
Ficha del Caso
- El caso: Monsanto v. Durnell. El Tribunal Supremo de EE. UU. interpreta la FIFRA y decide que el etiquetado de pesticidas aprobado por la EPA tiene carácter excluyente, otorgando inmunidad a Bayer frente a demandas estatales por falta de advertencia sobre el riesgo de cáncer.
- Datos clave: 7 votos a 2. Decisión anunciada este jueves. La EPA revisará el glifosato a finales de 2026. Bayer ha pagado más de 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales por litigios similares. El 76% de los votantes apoya reducir pesticidas; solo el 36% confía en la independencia de la EPA.
- Para España: La sentencia estabiliza financieramente a Bayer, con presencia en España, y reduce la presión global contra el glifosato justo cuando la UE debe decidir su renovación. La agricultura española, muy dependiente de este herbicida, observa el resultado con alivio cauteloso.
