EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP ha registrado este miércoles una batería de preguntas parlamentarias y ha solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para fiscalizar la aplicación de la ‘ley de nietos’.
- ¿Quién está detrás? La iniciativa la encabeza Alberto Núñez Feijóo y la ejecuta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el respaldo de la dirección nacional en Génova.
- ¿Qué impacto tiene? La ofensiva parlamentaria presiona al Gobierno para que aclare cómo gestiona un proceso que podría nacionalizar a 2,4 millones de personas antes de las generales, y apunta a la vía abierta en 2022 por la hermana del ministro Óscar Puente.
El Partido Popular ha lanzado este miércoles una ofensiva parlamentaria para fiscalizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática —la coloquial ‘ley de nietos’—, un procedimiento que, según las estimaciones del propio Ejecutivo, puede culminar con la concesión de la nacionalidad española a hasta 2,4 millones de descendientes de emigrantes y exiliados antes de las próximas elecciones generales. Los populares no asumen el discurso de un supuesto ‘pucherazo’ electoral, pero sí alertan de la falta de transparencia en la gestión de los expedientes.
Una batería de preguntas y la comparecencia de Albares
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este miércoles una batería de preguntas dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ha solicitado formalmente su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El objetivo, según fuentes de Génova consultadas por Moncloa.com, es que explique la tramitación de los expedientes, los criterios aplicados para la concesión de la nacionalidad y el impacto real que tendrá la incorporación de estos nuevos electores al censo de residentes en el exterior.
La solicitud llega en un momento en el que el Gobierno maneja cifras que han disparado las alarmas en el centro-derecha: la posibilidad de sumar más de dos millones de nuevos votantes hasta ahora no censados en España, concentrados mayoritariamente en países como Argentina, Cuba o México, supone una inyección de electores que puede alterar el equilibrio en circunscripciones clave. Por eso, el PP quiere que Albares detalle cuántos expedientes se han resuelto ya, cuántos están en trámite y qué mecanismos de control se han establecido para verificar la autenticidad de la documentación.
Las empresas externas y la instrucción de 2022 que agrandó la vía
Además de las preguntas sobre los expedientes, los populares exigen al Gobierno que entregue los contratos completos adjudicados a dos empresas privadas, Grupo Palco e INECO, que han sido subcontratadas para gestionar el elevado volumen de solicitudes de nacionalidad en América Latina. Los contratos, cuyo importe y condiciones no se han hecho públicos, han llevado a Génova a reclamar los expedientes íntegros para comprobar si hubo irregularidades o ampliaciones de alcance no previstas en la ley.
La ofensiva parlamentaria también apunta a una instrucción aprobada en 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo entonces dirigido por la hermana del ministro Óscar Puente. Aquella instrucción, según el argumentario del PP, amplió los supuestos inicialmente previstos en la Ley de Memoria Democrática y permitió extender el acceso a la nacionalidad a más descendientes de emigrantes, más allá de los contemplados originalmente por el legislador. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha sido una de las portavoces que ha señalado el vínculo familiar como un indicio a investigar, sin llegar a cuestionar la legalidad del acto.
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la gestión y ha asegurado que el procedimiento se ajusta escrupulosamente a la legalidad. Sin embargo, la presión de Génova no se centra solo en el fondo, sino en los modos: si una instrucción administrativa alteró de facto el espíritu de la ley, habría un problema de seguridad jurídica que, para el PP, justifica la comparecencia urgente.
La seguridad jurídica del proceso no es una cuestión administrativa menor: afecta a millones de futuros electores en el exterior.
El Eje del Poder Popular
El movimiento parlamentario de este miércoles tiene una lectura estratégica múltiple. En primer lugar, coloca a Génova en el papel de garante de la transparencia y la legalidad, un discurso que conecta con el electorado de centro-derecha alarmado por lo que percibe como un intento del Gobierno de inflar el censo electoral a su favor. Feijóo insiste en que no compra la tesis del ‘pucherazo’, pero la sola mención de la hermana de un ministro firmando una instrucción que amplía derechos electorales introduce un ruido incómodo para Moncloa que el PP explota con calculada ambigüedad.
En el plano territorial, los barones populares siguen de cerca el caso. Presidentes como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o Carlos Mazón han avalado la iniciativa y ven en ella una forma de cohesionar al partido en torno a un mensaje de control institucional. La inmensa mayoría de las nuevas nacionalizaciones otorgan el derecho al voto exclusivamente en las elecciones generales, por lo que el impacto se juega en el tablero nacional, no en el autonómico. Eso permite a Génova centralizar la respuesta sin fracturas internas.
El precedente que manejan en la cúpula popular es la judicialización de otros procesos de concesión masiva de nacionalizaciones, como ocurrió con la amnistía o con algunos decretos de la anterior legislatura. En aquella ocasión, la falta de transparencia y los expedientes incompletos fueron la punta de lanza que utilizó el PP para erosionar al Gobierno. Hoy, el contexto es distinto —las generales están en el horizonte corto y el censo exterior será determinante—, pero la estrategia es similar: presión parlamentaria, comparecencia y, si hay resistencia, llevar el caso a los tribunales. El próximo hito, la fecha de la comparecencia de Albares, aún no está cerrada, pero Génova confía en que se produzca antes de que finalice el período de sesiones.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El Gobierno tiene que explicar por qué subcontrató a empresas externas y quién amplió los criterios de la ley con un simple instrucción administrativa.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) y Cuca Gamarra (secretaria general).
- Próximo hito: Fecha de la comparecencia del ministro Albares, que el PP espera que se celebre antes de que termine el período de sesiones en julio.
