EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Florida ha activado una ley que permite designar como terroristas a casi 100 grupos, incluidos CAIR, la Hermandad Musulmana y Antifa. La norma entró en vigor el 1 de julio.
- ¿Quién está detrás? El gobernador republicano Ron DeSantis, respaldado por el comisionado de la policía estatal, Mark Glass, ha liderado la iniciativa.
- ¿Qué impacto tiene? La ley bloquea cualquier financiación estatal a estas organizaciones y abre un frente judicial que ya llega a la corte de apelaciones. Para la UE y España, supone un test sobre la designación de grupos no violentos como terroristas.
El estado de Florida ha empezado a aplicar una de las leyes antiterroristas más agresivas del país. El miércoles, 1 de julio de 2026, el gobernador Ron DeSantis anunció que la nueva normativa —aprobada en abril— ya está en vigor y que no perderán “ni un minuto” en comenzar las designaciones. La lista inicial incluye a casi un centenar de organizaciones, entre ellas el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), la Hermandad Musulmana, Antifa, el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
Florida se convierte así en el primer estado en etiquetar como terroristas a colectivos ideológicos y religiosos sin vínculos directos con ataques violentos recientes. La medida no criminaliza la militancia, pero corta toda financiación estatal y obliga a la transparencia del gasto público. El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, lo resumió con claridad: “No vamos a financiar el terrorismo en nuestro gran estado. No lo haremos”.
Una lista sin precedentes y el espejo del lawfare conservador
La ley estatal amplía la definición de organización terrorista para incluir a grupos que, según DeSantis, “promueven ideologías que amenazan la seguridad de los floridanos”. Además de los ya mencionados, figura la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —ya designada como terrorista por el gobierno federal— y más de 90 organizaciones extranjeras consideradas terroristas. La novedad es la inclusión de entidades domésticas como CAIR y Antifa, algo que no existía a nivel estatal.
DeSantis construyó el andamiaje legal con un decreto ejecutivo en diciembre de 2025 que ya señalaba a CAIR y la Hermandad Musulmana. Aquel decreto fue bloqueado en marzo de 2026 por el juez federal Mark Walker, que concedió una medida cautelar a petición de CAIR. La organización argumentó que se violaban sus derechos constitucionales. Ahora, con la ley en vigor, el gobierno de Florida intenta sortear ese bloqueo judicial con un soporte legislativo más sólido.
Florida no necesita el permiso de Washington para poner contra las cuerdas a organizaciones que considera una amenaza interior.
La batalla legal está lejos de terminar. DeSantis admitió que “nos van a demandar”, pero confía en que el resultado final les será favorable. El 5 de marzo de 2026, el mismo juez Walker emitió una orden preliminar que congelaba el decreto original. Dos días después, la administración apeló ante el Tribunal del Undécimo Circuito. Con la nueva ley, firmada apenas un mes después de aquella apelación, DeSantis dispone de munición legal fresca para defender su lista negra.
La lógica de Washington
Esta ley no es un episodio aislado. Responde a una estrategia del Partido Republicano para recuperar terreno en la lucha contra el extremismo doméstico que, según su discurso, Washington no quiere abordar. La administración Trump ya había abierto el camino al designar a Antifa como organización terrorista en 2020, pero aquello quedó en papel mojado. Ahora, un estado gobernado por un posible candidato presidencial para 2028 convierte ese discurso en acción.
La maniobra de DeSantis se inscribe en la misma lógica que llevó a Reagan a proteger la industria del acero o a Bush a usar la seguridad nacional para expandir las competencias ejecutivas tras el 11S: usar el miedo al enemigo interior para movilizar a la base electoral. La diferencia es que aquí el enemigo no es un Estado extranjero, sino organizaciones que el gobernador vincula a ideologías “woke” o al islam político. La ley permite además un escrutinio público del gasto, lo que casa con la obsesión conservadora por la transparencia frente al “dinero de los contribuyentes”.
Para España y la Unión Europea, este caso es un laboratorio. Varios gobiernos europeos llevan años debatiendo si deben designar como terroristas a grupos como la Hermandad Musulmana —algo que Austria ya hizo— o incluso a colectivos de la izquierda radical. El precedente de Florida puede acelerar esos debates. De momento, la Comisión Europea observa, y Madrid, con su propia memoria del terrorismo de ETA, guarda silencio. La próxima cita judicial en Atlanta (corte de apelaciones) dirá si la ley de DeSantis sobrevive al escrutinio constitucional. Si lo hace, otros estados republicanos copiarán el modelo.
Ficha del Caso
- El caso: Florida activa una ley estatal que permite catalogar como terroristas a casi un centenar de grupos, incluidos CAIR, la Hermandad Musulmana y Antifa, bloqueando toda financiación pública estatal. La ley nace para blindar un decreto previo que había sido paralizado por un juez federal.
- Datos clave: Casi 100 organizaciones afectadas; ley en vigor desde el 1 de julio de 2026; CAIR demandó en enero y obtuvo una medida cautelar en marzo; la apelación está en el Undécimo Circuito; se espera fallo a finales de 2026 o principios de 2027.
- Para España: Aunque la ley solo afecta a Florida, el debate sobre la designación de organizaciones ideológicas como terroristas interesa a varios Estados miembros de la UE. Madrid sigue con atención el caso, sobre todo por las implicaciones que pueda tener en la política antiterrorista común.
