EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva de Trump que pretendía acabar con la ciudadanía por nacimiento, pero el senador republicano Eric Schmitt ya prepara una ley para restringir el ‘turismo de parto’.
- ¿Quién está detrás? El senador Eric Schmitt, respaldado por sectores conservadores, y la Administración Trump, que busca una vía legislativa.
- ¿Qué impacto tiene? La medida busca frenar el abuso de la ciudadanía estadounidense por parte de extranjeros que viajan al país solo para dar a luz, con un coste millonario para los contribuyentes.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha validado la ciudadanía por nacimiento, pero el Congreso ya prepara un asalto legislativo contra el turismo de parto. El senador Eric Schmitt anunció este martes la presentación de un proyecto de ley para cerrar la puerta que, según él, la sentencia dejó entreabierta.
El fallo del Tribunal Supremo y la reacción inmediata
Por seis votos a tres, el Supremo dictaminó el martes que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en enero de 2025 para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los extranjeros era inconstitucional. La decisión supone un revés para la administración, pero, a la vez, ha activado la maquinaria legislativa.
Schmitt, que había firmado un amicus brief en defensa de la orden, tuiteó: ‘La mayoría intentó constitucionalizar la ciudadanía por nacimiento ilimitada. Pero el juez Kavanaugh quizá haya dejado una puerta al Congreso. Voy a presentar una ley para atravesarla’. El senador añadió que seguirá trabajando en una enmienda constitucional para ‘restaurar la ciudadanía estadounidense’.
El turismo de parto: un negocio que se aprovecha de un principio constitucional
El «turismo de parto» consiste en que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan con la nacionalidad estadounidense. Las Islas Marianas del Norte (CNMI), un territorio no incorporado, se han convertido en un foco importante. En 2009, el presidente Obama autorizó que los nacionales chinos pudieran permanecer allí hasta 45 días sin visado para estimular la economía turística.
Aquel gesto ha propiciado la aparición de unas 1.000 empresas que facilitan el viaje a mujeres chinas. El sistema sanitario local acusa la presión. CHCC, el principal proveedor público de salud del territorio, solicitó 5,9 millones de dólares adicionales para el año fiscal 2027. En 2026 apenas recibió 1,1 millones, lo que agrava la tensión financiera.
Geoffrey Fraiche, obstetra del centro, explicó al New York Post que muchas madres ven la ciudadanía estadounidense como un símbolo de estatus y quieren que sus hijos estudien en universidades americanas. La carga recae en el contribuyente norteamericano. Según el Center for Immigration Studies, entre 225.000 y 250.000 niños nacieron de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en 2023. Esos menores, al alcanzar la mayoría de edad, pueden patrocinar la ciudadanía de sus familiares mediante la migración en cadena.
La mayoría del Tribunal Supremo intentó constitucionalizar la ciudadanía por nacimiento ilimitada, pero el juez Kavanaugh dejó una puerta abierta al Congreso. La batalla legislativa empieza ahora.
La Lógica de Washington
Detrás de la ofensiva legislativa hay un cálculo político y jurídico. La sentencia del Supremo obliga a la administración Trump a buscar alternativas al decreto presidencial. El juez Kavanaugh dejó caer en su opinión concurrente que el Congreso podría definir con más claridad quién queda ‘sujeto a la jurisdicción’ de Estados Unidos. Los republicanos interpretan ese comentario como una invitación a legislar.
Para los conservadores, el turismo de parto y la concesión automática de la ciudadanía a hijos de extranjeros en situación irregular constituyen un ‘asalto hostil a través de la migración masiva’, en palabras de Schmitt. Chris Chmielenski, presidente del proyecto Immigration Accountability Project, recomienda que el presidente use la autoridad de la sección 1182(f) —la misma que el Supremo le reconoció para restringir entradas— para frenar futuros nacimientos de no ciudadanos. También aboga por aprobar la PAUSE Act, que pondría una pausa temporal a la mayor parte de la inmigración legal, y la Secure the Border Act para frenar la ilegal.
Para España, el debate tiene más peso simbólico que práctico. Nuestra legislación de nacionalidad se basa en el ius sanguinis, no en el suelo, por lo que el turismo de parto apenas existe. Sin embargo, el giro restrictivo en Washington alimenta la conversación en Bruselas sobre los modelos de ciudadanía. En un momento en que la UE discute políticas migratorias comunes, la presión interna de Estados Unidos puede influir en la dirección de las reformas.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Supremo respalda la ciudadanía por nacimiento, pero el Congreso se prepara para limitar el ‘turismo de parto’ con una nueva ley.
- Datos clave: Decisión 6-3 del 30 de junio de 2026; 225.000-250.000 nacimientos de inmigrantes ilegales en 2023; 1.000 empresas facilitan el turismo de parto en las Marianas del Norte; CHCC solicitó 5,9 millones de dólares para 2027.
- Para España: Sin impacto directo por la diferencia en las leyes de nacionalidad, aunque el endurecimiento de la política estadounidense podría influir en el debate europeo sobre migración.
