El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la tasación de costas procesales que debe pagar Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado: 39.009,48 euros, en un auto (resolución judicial que no pone fin al proceso pero adopta una decisión sobre él) notificado este mismo 7 de julio. La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que pedían reducir la cuantía, y mantiene la condena por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Los argumentos del tribunal para mantener la cifra
El tribunal no comparte los argumentos de la Abogacía del Estado, que alegaba la escasa complejidad del proceso. La Sala considera que la causa reviste una “singular gravedad institucional” por tratarse de la revelación de información reservada por quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal, en un contexto vinculado al deber de reserva.
Desde el punto de vista procesal, la complejidad se vio incrementada por por la pluralidad de partes personadas y la tramitación en dos instancias: primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después ante el Supremo por razón del aforamiento (el derecho de ciertos cargos a ser juzgados por un tribunal superior). Además, se abrieron hasta quince piezas separadas para recursos de apelación y se practicaron numerosas diligencias, incluidas comisiones rogatorias (peticiones de auxilio judicial) a Irlanda y Estados Unidos.
Según el auto, la resolución recurrida ya efectuó una labor de ponderación y moderación, por lo que no procede rebajar más el porcentaje aplicado, como sugería la Fiscalía.
El origen del caso: revelación de secretos de la pareja de Ayuso
La condena original impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y el pago de 17.200 euros de indemnización y multa, una cantidad que fue abonada por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta. La sentencia consideró probado que el ex fiscal general filtró datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La cifra final de 39.009,48 euros es menos de la mitad de los 79.942,70 euros que se reclamaron inicialmente, tras la intensa batalla procesal sobre las costas.
Tras la sentencia, el Supremo fijó inicialmente las costas procesales en 79.942,70 euros. Tanto la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, como la Fiscalía recurrieron esa cifra por considerarla indebida y excesiva. En marzo de 2026, el alto tribunal estimó parcialmente la impugnación y redujo la minuta del abogado y del procurador, después de que el letrado de González Amador hubiera solicitado casi 80.000 euros por sus honorarios.
Qué consecuencias tiene el auto para García Ortiz
El auto de este 7 de julio cierra la vía de los recursos ordinarios en la cuestión de las costas. Aunque la cuantía final es sensiblemente inferior a la inicial, el ex fiscal general sigue obligado a asumir los gastos procesales de la acusación, un desembolso que podría generar nuevas reacciones en el ámbito judicial y político.
La decisión también refuerza el criterio de que los cargos públicos condenados deben responder económicamente por los costes del proceso, incluso cuando actúan en el ejercicio de sus funciones si se prueba que cometieron un delito.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.
- Fase procesal: Ejecución de sentencia (tasación de costas tras sentencia firme).
- Implicados: Álvaro García Ortiz (condenado), Alberto González Amador (víctima), Fiscalía, Abogacía del Estado.
- Cargo imputado / Delito: Revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal).
- Próximos pasos: El auto agota la vía de recursos ordinarios; cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Supremo confirma la tasación de costas de 39.009,48 euros para García Ortiz y rechaza los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El ex fiscal general condenado por revelar secretos de la pareja de Ayuso, y las instituciones que lo defienden.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? García Ortiz debe abonar la cantidad; no caben más recursos ordinarios, aunque podría acudir al Constitucional.
