EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las patronales canarias han solicitado al Gobierno central una prórroga para ejecutar los fondos europeos Next Generation destinados a la descarbonización, cuyo plazo de ejecución expira el 31 de agosto de 2026.
- ¿Quién está detrás? La Confederación Canaria de Empresarios, presidida por Pedro Ortega, y la CEOE Tenerife, liderada por Pedro Alfonso.
- ¿Qué impacto tiene? Si no se concede la prórroga, el archipiélago podría verse obligado a devolver 100 millones de euros ya comprometidos, lo que paralizaría proyectos energéticos estratégicos y enviaría una señal de inseguridad jurídica a las empresas.
El reloj corre en contra de las islas. Las confederaciones empresariales de Canarias han alzado la voz para reclamar una prórroga urgente que evite el regreso a Madrid de 100 millones de euros en fondos europeos para la transición energética.
La cuenta atrás del 31 de agosto y los fondos que se esfuman
La fecha límite es el 31 de agosto de 2026. A partir de ese día, los fondos del Next Generation EU (el mecanismo de recuperación y resiliencia) asignados a proyectos de descarbonización en el archipiélago deberán estar justificados o, de lo contrario, serán devueltos al Estado. Según los cálculos de las organizaciones empresariales, Canarias se juega aproximadamente 100 millones de euros de los más de 300 millones que tiene consignados para el plan de energía.
Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y Pedro Alfonso, presidente de la CEOE Tenerife, coinciden en que el problema no es la falta de financiación. «No pedimos más dinero», subraya Ortega. «Lo que necesitamos es tiempo para culminar las inversiones ya adjudicadas».
La solicitud se ampara en la propia experiencia de la Administración central. La Comisión Europea concedió a España una ampliación de dos años para ejecutar los fondos, por lo que el Estado dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la justificación final. Sin embargo, el plazo interno fijado para las comunidades autónomas se cierra el 31 de agosto. «No es de recibo», lamenta Pedro Alfonso, «que si el Estado tiene hasta final de año para presentar la ejecución de todos esos proyectos, se obligue a Canarias a devolverlos al Ministerio para que, si quiere, lo reasigne a otras empresas u otras autonomías».
Proyectos en jaque y el temor a un frenazo empresarial
Las patronales advierten de que los fondos en peligro están vinculados a iniciativas de energías renovables, autoconsumo y descarbonización impulsadas por cabildos, asociaciones empresariales y entidades del sector energético. Se trata de proyectos viables que, según Pedro Alfonso, «ya han destinado recursos humanos y económicos a iniciativas actualmente en marcha». La pérdida de esos recursos, insisten, no solo frenaría las inversiones, sino que transmitiría una señal de inseguridad jurídica capaz de desincentivar futuras apuestas empresariales en las islas.
Canarias ya ha cumplido con los hitos marcados por Bruselas. La exigencia de devolver los fondos cuando el Estado aún está justificando sus propios proyectos es, para los empresarios, una contradicción difícil de explicar.
Ortega recuerda que la comunidad autónoma ha demostrado su capacidad para ejecutar los fondos y que la prórroga resultaría «imprescindible» para completar los proyectos estratégicos en un territorio fragmentado que depende en más del 90% de la energía exterior. «Si España no tiene que devolver los fondos porque ha cumplido sus objetivos, Canarias debería recibir el mismo trato», sentencia.
El Pulso Territorial
El forcejeo por los plazos de los Next Generation no es nuevo en Canarias. Históricamente, la lejanía y la fragmentación insular han lastrado la capacidad de las administraciones canarias para absorber fondos europeos con la misma agilidad que la península; en el anterior marco 2014-2020, la tasa de ejecución se situaba varios puntos por debajo de la media nacional. Ahora, el gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria, apoyado por el PP) respalda la petición empresarial y presiona a Madrid para que aplique un criterio simétrico al que Bruselas concedió al Estado. La partida está abierta: si el Ministerio de Economía no cede, los 100 millones volverán a la caja común y podrían acabar en cualquier otra autonomía, lo que reabriría el debate sobre el trato diferencial que merece el archipiélago. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, convierten este asunto técnico en un arma política de primera línea.
Ficha Autonómica
- El caso: Las patronales canarias apremian al Gobierno central para obtener una prórroga en la ejecución de los fondos europeos Next Generation destinados a la descarbonización, ante el riesgo inminente de perder 100 millones de euros.
- Datos importantes: Más de 300 millones asignados al plan de energía; aproximadamente 100 millones en peligro. Fechas clave: 31 de agosto (plazo autonómico) y 31 de diciembre (plazo estatal).
- Resumen: Los empresarios reclaman un trato equiparable al que recibió España de Bruselas y advierten de las consecuencias para la inversión privada y la transición energética si los fondos retornan a Madrid.
