EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? La Fiscalía Provincial de Barcelona prorroga hasta finales de año la investigación por supuesta coerción sexual y abuso de poder en el entorno del ex catedrático Ramón Flecha y el grupo CREA.
- ¿Quién lo ha decidido? El Ministerio Fiscal, tras seis meses de diligencias abiertas el 27 de enero de 2026, sigue recabando testimonios de 16 denunciantes para precisar el encaje penal.
- ¿A quién afecta? A la Universidad de Barcelona, a los miembros del ya disuelto grupo CREA, a los denunciantes (14 mujeres y 2 hombres) y a las entidades vinculadas como la Associació Catalana de Sociologia.
La Fiscalía de Barcelona ha ampliado hasta finales de 2026 la investigación en torno a Ramón Flecha y el grupo CREA por presuntos delitos de coerción sexual, abuso de poder y violencia psicológica. El Ministerio Fiscal quiere afianzar si los testimonios, ya recogidos y los que aún pueda incorporar, se ajustan a algún tipo penal, según confirmó La Vanguardia y recoge El Diario de la Educación.
Una investigación que se alarga seis meses más
El 27 de enero de 2026, la Fiscalía Provincial de Barcelona abrió diligencias formales a raíz del informe que le remitió la Universidad de Barcelona. La UB había concluido en diciembre de 2025 que los hechos denunciados podían indicar delitos. Ahora, medio año después, el instructor considera necesario continuar con las entrevistas a las 16 personas (14 mujeres y dos hombres) que ya han declarado ante él, y no cierra la puerta a nuevas comparecencias.
La prórroga confirma que el caso no se agota en el ámbito universitario. Mientras tanto, la institución académica mantiene las medidas cautelares que afectaron al núcleo directivo de CREA, incluidos la catedrática Marta Soler y la también catedrática Lidia Puigvert, a quienes sendos juzgados de lo contencioso restituyeron en sus puestos por defectos formales en los procedimientos cautelares iniciales.
La Fiscalía acumula ya seis meses de pesquisas con 16 denuncias de coerción sexual y abuso de poder en el seno de una de las redes académicas más influyentes de la sociología de la educación.
Las consecuencias institucionales del caso CREA
Desde que a principios de julio de 2025 catorce mujeres hicieron públicas sus denuncias ante la UB, la trama de consecuencias institucionales ha sido incesante. El Diario de la Educación ha detallado cómo el Institut d’Estudis Catalans (IEC) suspendió a la junta de la Associació Catalana de Sociologia, bloqueó sus cuentas y en abril de 2026 publicó un informe demoledor que reconocía prácticas “excluyentes o sigilosamente coercitivas” y acoso.
El IEC retiró a Flecha el Premio Cataluña de Sociología de 2019 y forzó una renovación de la asociación. Paralelamente, la propia Universidad de Barcelona remitió el caso a la Fiscalía el 22 de diciembre de 2025, y solo un día después el grupo CREA anunció su autodisolución, aunque varias voces críticas han puesto en duda que el entramado de entidades satélite —Odissea, Adarra, IRIS-AEBE o la empresa Social Impact SL— haya desaparecido realmente.
La presión internacional también se dejó sentir: en marzo, Marta Soler abandonó la vicepresidencia de la International Sociological Association (ISA); en febrero, académicos españoles pidieron a la Asociación Mundial de Investigación Educativa (WERA) que suspendiera relaciones con AMIE, la asociación ligada a CREA; y en junio, la Comisión Europea decidió no inaugurar el congreso CIMIE26, organizado por AMIE.
El contexto universitario
El caso CREA trasciende lo penal y alcanza el debate sobre la calidad académica. Varios reportajes de El Diario de la Educación pusieron en entredicho la base empírica de las actuaciones educativas de éxito promovidas por el grupo, así como el entramado de revistas y citas cruzadas que habría servido para inflar su impacto científico. El catedrático Mariano Fernández Enguita llegó a afirmar que “el valor de la investigación del CREA es cero”.
En paralelo, el IEC halló que la Associació Catalana de Sociologia, presidida durante años por Marta Soler, fue instrumentalizada en beneficio de CREA y limitó el pluralismo. La universidad, por su parte, ha tenido que manejar un procedimiento disciplinario en tensión con los derechos laborales de los investigados. La restitución judicial de Soler y Puigvert, aunque basada en defectos de forma, no impide que la UB mantenga el fondo del proceso.
El marco competencial en este caso es claro: la Universidad de Barcelona ejerce su potestad disciplinaria sobre el personal docente e investigador, mientras que la Fiscalía investiga la posible trascendencia penal. Ambas actuaciones avanzan en paralelo, con un horizonte temporal que se extiende ahora, al menos, hasta finales de 2026.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La Fiscalía alarga seis meses más la investigación sobre Ramón Flecha y CREA para determinar si hay delito en los presuntos casos de coerción sexual y abuso de poder.
- Por qué importa: El caso tiene consecuencias institucionales para la UB, el IEC, la Sociología catalana e internacional, y plantea interrogantes sobre la integridad de un amplio entramado académico.
- A quién le importa: A los 16 denunciantes, a la comunidad universitaria, a los investigadores del ámbito socioeducativo y a cualquier ciudadano que exija responsabilidades claras en el uso de recursos públicos.
