Si trabajas 40 horas a la semana en España, probablemente esperabas que la jornada laboral ya se hubiera reducido a 37,5 horas. No ha sido así. Aunque el Gobierno y los sindicatos firmaron el acuerdo hace más de un año, el Congreso rechazó tramitar la ley el 10 de septiembre de 2025, y desde entonces el límite legal sigue siendo el mismo de siempre: 40 horas semanales de media anual.
Lo curioso es que el debate no ha muerto, ni mucho menos. Sumar ya ha anunciado que retomará la batalla en septiembre, con Yolanda Díaz como principal impulsora. Así que si te preguntas qué pasó con la reforma y qué puede pasar ahora, aquí tienes las claves reales, sin adornos.
Jornada laboral: qué dice la ley hoy mismo
A día de hoy, en julio de 2026, la jornada laboral máxima en España sigue fijada en 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores desde 1983. Ninguna empresa del sector privado está obligada a reducir el horario a 37,5 horas, salvo que su convenio colectivo ya establezca menos.
Eso sí, hay excepciones que conviene conocer: desde abril de 2026, entre 220.000 y 250.000 funcionarios de la Administración General del Estado trabajan 35 horas semanales gracias a un Real Decreto que no necesitó pasar por el Congreso. Es la prueba de que el Gobierno puede mover ficha en el sector público mientras la ley general sigue atascada.
El bloqueo que paralizó la reforma
El primer intento de sacar adelante la jornada laboral de 37,5 horas se torció en septiembre de 2025, cuando PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbar la proposición de ley en el Congreso. Fue un golpe duro para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y principal impulsora de la medida, que llevaba meses negociando con sindicatos y patronal.
La cuenta es sencilla pero contundente: 137 diputados del PP, 5 de Vox y 7 de Junts sumaron mayoría suficiente para frenar una reforma que, según el CIS, cuenta con el respaldo de dos de cada tres españoles. Esa desconexión entre el apoyo social y el resultado parlamentario es, probablemente, lo que más indigna a quienes esperaban el cambio.
Sumar prepara el regreso a la carga en septiembre
El bloqueo de septiembre de 2025 no ha frenado a Sumar. Según ha confirmado la propia formación, volverán a poner la reducción de jornada sobre la mesa del Congreso en septiembre de 2026, apostando por el registro horario obligatorio como herramienta para acabar con las horas extra no remuneradas.
La cifra que manejan desde el Ministerio de Trabajo es difícil de ignorar: 2,5 millones de horas extras no pagadas cada semana en España, una anomalía que afecta especialmente a la conciliación de las mujeres trabajadoras. Si la reforma sale adelante, beneficiaría a 12 millones de personas, según sus propios cálculos.
Lo que está en juego para los trabajadores
El contexto político no ayuda: la legislatura entra en su tramo final, sin presupuestos aprobados para 2027 y con la sombra de unas elecciones generales que podrían adelantarse a febrero de ese año. Eso convierte la votación de septiembre en algo más que un trámite técnico: es, en la práctica, un examen a la mayoría de investidura.
Para Sumar, además, la reducción de jornada se ha convertido en su bandera legislativa más visible. Es una de las pocas medidas donde todos los sectores del partido —desde Izquierda Unida hasta Catalunya en Comú— están alineados sin fisuras internas, algo que no siempre ocurre con otras iniciativas del Gobierno de coalición.
Estos son los puntos clave que hay que tener en cuenta de cara a septiembre:
- La jornada legal seguirá en 40 horas hasta que el Congreso apruebe una nueva ley, no hay atajos posibles.
- El registro horario digital es la pieza que el Gobierno considera clave para frenar las horas extra no pagadas.
- Los convenios colectivos que ya fijan 37,5 horas o menos no se verán afectados por ningún cambio.
- Sumar buscará apoyos en ERC, Bildu y PNV para intentar esquivar el bloqueo de PP, Vox y Junts.
Por qué la derecha frenó la reforma
Las razones del bloqueo de PP, Vox y Junts han generado un intenso debate. Desde el entorno de Yolanda Díaz se interpreta como un cálculo puramente electoral: el temor a que un avance laboral de este calado consolide el relato del Gobierno progresista de cara a las próximas citas con las urnas.
Sin embargo, también hay voces empresariales, como Cepyme, que han puesto sobre la mesa el coste del absentismo laboral en España —superior a los 100.000 millones de euros anuales según algunas estimaciones— como argumento para pedir cautela en sectores con alta rotación, como la hostelería o el turismo. Es un debate legítimo que conviene tener presente, aunque no explique por sí solo el resultado de la votación.
Qué puede pasar a partir de ahora
El calendario de septiembre coincidirá con la negociación de los Presupuestos de 2027, lo que añade presión a todas las partes implicadas. Fuentes gubernamentales apuntan a que antes de la vuelta al Congreso habrá contactos discretos entre PSOE y Sumar para tantear si existe margen real para una mayoría, aunque sea ajustada.
Si finalmente se aprueba, la reforma no supondría ninguna reducción salarial: el objetivo declarado siempre ha sido trabajar menos horas manteniendo el sueldo íntegro. Con el respaldo social tan claro y un Gobierno decidido a insistir, septiembre puede marcar un punto de inflexión para millones de trabajadores que llevan más de un año esperando esa media hora diaria de vida propia.
