La jueza de Catarroja ha retomado las testificales del caso DANA y mantiene abierta la cifra de víctimas mortales de la riada.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La instructora reanuda las citaciones tras el parón de agosto y analiza elevar de 232 a 240 las víctimas mortales.
- ¿Quién está detrás? El juzgado de Catarroja, con testificales de bomberos forestales, alcaldes y cargos autonómicos.
- ¿Qué impacto tiene? La cifra de fallecidos sigue sin cerrarse casi dos años después y mantiene viva la presión sobre el expresident Mazón.
Una instrucción sin cifra cerrada de víctimas
La complejidad de la investigación es tal que, cerca de cumplirse dos años de la tragedia, todavía no existe una cifra cerrada de víctimas. Según fuentes judiciales, hay ocho expedientes abiertos a la espera de que los médicos forenses dictaminen si esas personas serán consideradas víctimas de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno meteorológico que causó las graves inundaciones de 2024), por lo que la cifra definitiva podría pasar de los 232 actuales a 240.
La última víctima reconocida, la semana pasada, es una vecina de Guadassuar con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico. Falleció el 6 de noviembre de 2024 en el Hospital de La Ribera, en Alzira.
Antes, el 13 de julio, la instructora incluyó a un hombre que murió en Benetússer por un infarto agudo de miocardio.
La actividad judicial se reanuda tras el parón de agosto. El juzgado de Catarroja ha emitido varios autos, providencias y diligencias, entre ellas la petición de una nueva prórroga de la instrucción de seis meses desde el próximo 30 de octubre.
El calendario de testificales y la batalla del ES-Alert
El próximo lunes están citados dos responsables de las unidades de bomberos forestales de Alzira y Buñol. El jueves será el turno de Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, y de Rosa María Touris, ex directora general de Prevención de Incendios Forestales.
La cifra de víctimas de la DANA sigue sin estar cerrada casi dos años después: los expedientes forenses decidirán si son 232 o 240.
El 21 de septiembre deberá comparecer un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el día 23 Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, el 24 Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, y el 30 Andoni León, alcalde de Pedralba.
Durante octubre están citados once testigos, ocho alcaldes de municipios afectados y una exalcaldesa, además de más responsables de bomberos forestales.
En el plano judicial, la defensa de Carlos Mazón, expresident de la Generalitat y diputado autonómico, presentó el 1 de septiembre un escrito para negar relación causal entre el retraso del mensaje ES-Alert del 29 de octubre de 2024 y el número de víctimas mortales. En 66 páginas sostenía que no tuvo responsabilidad por omisión y que no intervino en la redacción del mensaje.
Tres días después, la jueza contestó en un auto que no existe una “investigación prospectiva” contra Mazón, pues es una persona aforada por su condición de diputado autonómico, y calificó la afirmación de “hueca”.
Las asociaciones de víctimas han decidido que la movilización mensual salga por primera vez de la provincia de Valencia y celebrará el próximo 26 de septiembre una concentración en Alicante, donde Mazón tiene su oficina como expresident.
El Escenario Valenciano
La instrucción de la macrocausa DANA se ha convertido en el termómetro de la gestión política valenciana. Mientras el Consell de Juanfran Pérez Llorca, el gobierno de la Generalitat Valenciana, intenta pasar página con el despliegue del Plan RERD, la agenda judicial mantiene viva la pregunta sobre las responsabilidades de la etapa de Mazón. El pacto PP–Vox se mantiene, pero la oposición de PSPV y Compromís subraya que la cifra de víctimas no oficializada es en sí misma una prueba de la opacidad que denuncian.
A nivel estatal, la gestión de la DANA sigue condicionando el debate sobre el sistema de emergencias. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que los protocolos de Protección Civil dependen de las comunidades y ha reclamado al Consell más agilidad en la reconstrucción, mientras el PP nacional observa con preocupación el desgaste que el caso arrastra en una de sus plazas más importantes. La comparecencia de cargos autonómicos y locales en un juzgado de Catarroja recuerda precedentes como las comisiones de investigación de Biescas (1996), donde la depuración de responsabilidades también se prolongó años después de la catástrofe.
Las próximas semanas serán decisivas: la prórroga de la instrucción debe renovarse antes del 30 de octubre y el calendario de comparecencias se extiende hasta octubre. La movilización en Alicante el 26 de septiembre medirá el pulso social fuera de la provincia más castigada.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza de Catarroja investiga la gestión de la DANA y mantiene abierta la cifra oficial de víctimas, que podría elevarse de 232 a 240.
- Datos importantes: Ocho expedientes forenses pendientes; citaciones de bomberos forestales, alcaldes y cargos autonómicos; prórroga de instrucción solicitada desde el 30 de octubre; concentración de asociaciones de víctimas en Alicante el 26 de septiembre.
- Resumen: La instrucción avanza con la cifra de fallecidos sin cerrar y la presión de las víctimas, mientras el expresident Mazón mantiene una batalla legal sobre el ES-Alert.
