Vox ha interpuesto este jueves un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La formación de Santiago Abascal solicita que el tribunal superior añada una condena por tráfico de influencias, lo que conllevaría penas de prisión.
Qué pide Vox y cómo argumenta el recurso
El recurso, elaborado por la abogada Marta Castro, pide que se condene también a David Sánchez por tráfico de influencias, un delito castigado con entre seis meses y dos años de cárcel. Además, Vox reclama que se endurezcan las penas para los otros dos acusados principales: el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.
La argumentación se basa en el material probatorio del juicio. Según Castro, ‘los hechos probados de la sentencia, los 4.000 correos analizados en el juicio y las declaraciones acreditan que David Sánchez fue contratado en la Diputación de Badajoz por motivos políticos’. La abogada añade que ‘si David Sánchez no hubiera sido hermano del presidente no habría obtenido ese puesto’ de coordinador de los conservatorios, que luego se convirtió en director de la Oficina de Artes Escénicas.
El escrito denuncia una ‘contradicción lógica interna’ en la resolución de la Audiencia de Badajoz. A juicio de Vox, no es posible ‘declarar probado el designio espurio y, simultáneamente, negar prueba de la influencia que lo causó’. Por ello, invoca doctrina del Tribunal Supremo sobre prueba indiciaria, prevalimiento sin petición expresa e inducción en cadena para pedir la revisión del fallo.
Además de la prisión, el recurso solicita penas accesorias que la Audiencia no impuso, como la prohibición de contratar con el sector público, la pérdida de subvenciones o beneficios fiscales y la inhabilitación especial adicional para los tres acusados.
El recurso de Vox no se limita a pedir cárcel: señala una contradicción lógica en la sentencia que, a su juicio, minimiza la responsabilidad penal de los condenados.
Impacto político y viabilidad del recurso
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura deberá ahora estudiar el recurso, un proceso que puede prolongarse varios meses. La decisión de la Audiencia de Badajoz fue recibida con críticas por parte de Vox, que considera que la sentencia refleja un tratamiento desigual en un caso que afecta directamente al entorno del presidente del Gobierno.
El Gobierno no ha reaccionado oficialmente a la interposición del recurso, pero fuentes del Ejecutivo han defendido en anteriores ocasiones la independencia judicial y han restado gravedad al procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez. Vox, sin embargo, busca elevar el coste político de esta causa y forzar un pronunciamiento judicial que, a su juicio, debería ser ejemplarizante.
La viabilidad del recurso es incierta. El delito de tráfico de influencias exige probar un elemento subjetivo —la influencia ejercida— que la sentencia inicial no apreció. El TSJ deberá valorar si los indicios recogidos en la investigación son suficientes para revocar la absolución por ese delito. La doctrina del Supremo que cita Vox puede respaldar una condena por indicios, pero la casuística es compleja.
La estrategia de Vox: marcar perfil ante el Gobierno y el PP
El recurso de Vox se enmarca en su estrategia de oposición frontal al Ejecutivo y de diferenciación respecto al Partido Popular. Mientras el PP ha mantenido un perfil más discreto sobre la condena de David Sánchez, limitándose a respetar las decisiones judiciales, Vox ha asumido un papel activo como acusación popular y ahora como recurrente.
Para la formación de Abascal, este caso refuerza su discurso sobre la necesidad de depurar responsabilidades políticas cuando las investigaciones alcanzan al entorno directo del poder. No es la primera vez que Vox utiliza la vía penal para cuestionar al Ejecutivo: ya lo hizo en la denuncia contra el presidente del CIS o en el caso de la vicepresidenta Calviño. Cada movimiento en el plano judicial consolida un relato que sitúa a Vox como el único partido dispuesto a llegar hasta el final.
Con este recurso, Vox envía además un mensaje a sus bases: la lucha contra la corrupción no se limita a los discursos, sino que se traslada a los tribunales. La petición de prisión para el hermano del presidente es, en ese sentido, un gesto de máxima dureza que subraya la coherencia del partido con sus promesas electorales.
