La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio de la Operación Kitchen tras una vista oral que se ha prolongado durante cuatro meses y en la que han declarado más de un centenar de testigos. El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, deberá decidir ahora si el dispositivo desplegado en 2013 y 2014 por el Ministerio del Interior contra el extesorero del PP Luis Bárcenas constituyó un espionaje parapolicial o, por el contrario, una operación policial lícita encaminada a recuperar dinero oculto.
Un operativo policial o un espionaje al PP: las dos versiones enfrentadas
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido durante el juicio la existencia de un «operativo parapolicial criminal» orquestado desde el departamento que dirigía entonces Jorge Fernández Díaz con el objetivo de sustraer información comprometedora sobre dirigentes del Partido Popular que pudiera atesorar Bárcenas. Anticorrupción solicita penas de hasta 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y de 15 años para el exministro, su número dos Francisco Martínez y los mandos policiales Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo.
Frente a esa acusación, las defensas de los procesados han hilado una tesis común: no hubo ningún complot fuera de la ley, sino una investigación policial autorizada y ajustada a la legalidad. Según han defendido los abogados en sus informes finales, el operativo buscaba únicamente seguir el rastro del dinero que el extesorero, entonces investigado por corrupción, podía tener escondido en el extranjero, así como identificar a posibles testaferros. «Lo delictivo habría sido no investigar a Bárcenas», resumió la defensa de Francisco Martínez.
Las declaraciones clave: Rajoy niega el borrado de documentos
Las sesiones que acapararon mayor atención mediática fueron las comparecencias del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del propio Luis Bárcenas. El extesorero afirmó que la Operación Kitchen se inició «en la sede del PP con el borrado de los discos duros de los ordenadores» de su despacho, una acción que habría sido ejecutada por «los responsables del partido en esos momentos». Además, relató que pidió a un compañero de prisión que destruyera unos audios en los que se escuchaba cómo Rajoy habría roto un sobre con documentación de la contabilidad paralela del partido.
Rajoy, por el contrario, calificó de «absolutamente falso» el episodio del sobre y respaldó con rotundidad la versión de las defensas. Según su testimonio, la operación policial fue una actuación «totalmente legal» dirigida a «coger el dinero» de Bárcenas y «averiguar sus testaferros». El expresidente no dudó en alinearse con quienes sostienen que el verdadero propósito era evitar que fondos de origen irregular desaparecieran sin que la justicia pudiera alcanzarlos.
Cuatro meses de juicio han confrontado dos relatos irreconciliables que ahora quedan en manos del tribunal.
La acusación particular —ejercida por la familia Bárcenas— y las acusaciones populares —PSOE y Más Madrid— retiraron durante la vista oral los cargos contra dos inspectores policiales que inicialmente estaban imputados, lo que estrechó todavía más el núcleo central del proceso en torno a los mandos políticos y policiales del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy.
El Eje del Poder Popular y la confianza en la Justicia
La vista oral ha puesto sobre la mesa un episodio incómodo para el Partido Popular, pero la dirección nacional ha optado por una postura de respeto institucional hacia los tribunales. En Génova se insiste en que el partido ya ha pasado página de aquella etapa y que su foco está hoy en la labor de oposición al Gobierno de Sánchez, en la defensa del constitucionalismo y en la gestión de las once comunidades y ciudades autónomas que gobierna. La investigación judicial, razonan fuentes populares, sigue su curso y no corresponde a los actores políticos condicionarla.
La coartada jurídica que defiende el exentorno de Fernández Díaz —que la operación fue una medida policial legítima contra la ocultación de dinero— no solo tiene trascendencia penal; también puede leerse en clave política. Si el tribunal la avalara, quedaría reforzado el argumento de que el Estado actuó contra la corrupción sin miramientos, incluso cuando afectaba a las propias siglas del partido que gobernaba. Si la sentencia optara por la tesis del espionaje, el PP tendría que asumir el coste reputacional de una maniobra que los populares actuales consideran ajena a su proyecto político.
Precisamente esa distancia temporal y orgánica permite a la cúpula de Feijóo mantener una línea de prudente no injerencia. El partido, subrayan en Génova, está centrado en construir una alternativa de gobierno sólida, basada en la bajada de impuestos, el apoyo a las familias y la defensa de la unidad de España. La resolución de la Operación Kitchen se sitúa en otro plano, el judicial, que el PP observa con el mismo respeto que exige para cualquier otra causa.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El Partido Popular respeta la labor de los tribunales y confía en que se esclarezcan los hechos sin interferencias políticas.
- Protagonista: Jorge Fernández Díaz (exministro del Interior del PP).
- Próximo hito: La Audiencia Nacional dictará sentencia en los próximos meses.
