EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Administración de la EMT de València aprueba un contrato sin publicidad a Andersen por 500.000 euros para reclamar 9 millones a Indra por un proyecto financiado con fondos europeos.
- ¿Quién está detrás? La empresa municipal, controlada por PP y Vox, y el concejal Jesús Carbonell. La concejala del PSPV, Elisa Valía, ha denunciado irregularidades.
- ¿Qué impacto tiene? La adjudicación a dedo elude la normativa de contratación pública y la oposición la considera insuficientemente motivada, lo que podría derivar en litigios administrativos y políticos.
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha encargado a dedo al despacho Andersen Tax & Legal Iberia la reclamación judicial contra Indra por una aplicación financiada con fondos europeos, un contrato valorado en 500.000 euros que ha levantado las suspicacias de la oposición municipal. El pleito, que podría alcanzar los 800.000 euros si llega a segunda instancia, busca recuperar 9 millones de euros por el desarrollo fallido del proyecto ‘ciudades conectadas’.
La justificación de la EMT: “el número elevado de reuniones”
El órgano de gobierno de la empresa pública aprobó la adjudicación el pasado 24 de julio, en una sesión extraordinaria que ya se había retrasado por las dudas de la concejala socialista Elisa Valía. La EMT, que preside el edil Jesús Carbonell (PP), argumenta que el encargo directo queda excluido de la ley de contratos del sector público porque sus servicios jurídicos carecen de dedicación suficiente para un pleito tan complejo. En el informe interno, al que ha tenido acceso elDiario.es, la empresa asegura que solicitar varias ofertas habría provocado “un número elevado de reuniones” y “un retraso en la gestión”.
Además, la EMT sostiene que Andersen ya asesora a la agrupación de municipios del proyecto y que su experiencia previa con la firma ha sido “plenamente satisfactoria y de una profesionalidad notable”. Frente a la obligación de promover la competencia, la empresa municipal opta por una motivación reforzada en lugar de la pluralidad de ofertas. El expediente incluye informes doctrinales y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para apuntalar la decisión, pero la justificación se apoya sobre todo en la supuesta confidencialidad del proyecto: “El hecho de solicitar varias ofertas obligaría a compartir esta información con otros profesionales”, reza el documento.
La confidencialidad y la urgencia se convierten en la coartada para saltarse la norma: la EMT prefiere una sola oferta bien motivada antes que abrir el proceso a la competencia.
La oposición pone el foco en las prisas y la falta de transparencia
La concejala del PSPV-PSOE en el consejo de administración, Elisa Valía, ya había advertido de irregularidades y pidió un informe jurídico antes de la votación. En su escrito, la edil subraya que la EMT tuvo tiempo de sobra para buscar varias ofertas: “Si en febrero de 2026 ya inició acciones relacionadas con la reclamación, hace cinco meses, eligió a Andersen sin justificación suficiente”. Valía considera que la motivación aportada “no está lo bastante justificada” y que la premura con la que ahora se aprueba el contrato resulta contradictoria.
El proyecto ‘ciudades conectadas’, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea y ejecutado por Indra, debía estar listo en plazo para no perder la subvención. El consistorio impuso una penalización a la tecnológica por el retraso y ahora busca resarcirse de los daños mediante la vía judicial. El riesgo de que los fondos europeos se vean comprometidos añade una capa de control comunitario a un procedimiento que en Madrid también se sigue con atención.
El Escenario Valenciano
Este nuevo capítulo de contratación directa en la EMT no es un hecho aislado. La empresa pública acumula un historial de decisiones bajo sospecha —el ‘agujero negro’ del Ayuntamiento de València— que ahora se examina bajo el prisma de la gobernanza de PP y Vox en la ciudad. La concejala socialista ya ha anunciado que llevará el caso al pleno municipal, lo que anticipa un debate tenso sobre el respeto a los principios de publicidad y concurrencia que rigen los fondos europeos.
Desde el punto de vista nacional, el episodio trasciende la política local. Los fondos Next Generation están sometidos a un control exhaustivo por parte de la Comisión Europea y del Gobierno central. Cualquier indicio de adjudicación irregular puede activar los mecanismos de auditoría del Ministerio de Hacienda y poner en riesgo futuras transferencias. Para el PSPV, que ya ha denunciado otros contratos a dedo en el consistorio, la estrategia pasa por vincular estos casos a una forma de gobernar de la derecha que, a su juicio, elude la transparencia.
La proyección del caso es clara: si el recurso de la oposición prospera, la justicia ordinaria o el propio pleno municipal podrían obligar a la EMT a retroceder en la adjudicación. Entretanto, los tribunales mercantiles decidirán si Indra debe pagar los nueve millones de euros que reclama la empresa pública valenciana. El desenlace judicial marcará, además, la pauta sobre cómo se respetan las reglas del juego europeas en la administración local valenciana.
Ficha del Caso
- El caso: La EMT de València encarga sin concurso a Andersen la reclamación de 9 millones a Indra por un proyecto financiado con fondos Next Generation. El contrato, de 500.000 euros, elude la competencia.
- Datos importantes: El valor del litigio puede alcanzar los 800.000 €. La decisión se tomó el 24 de julio de 2026 con el voto en contra de la concejala socialista Elisa Valía.
- Resumen: La adjudicación directa reaviva las críticas a la gestión de la empresa pública y coloca bajo la lupa europea la contratación en la capital valenciana.
